Ampliación de los derechos democráticos

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La burguesía costarricense discursivamente se posiciona como garante de una democracia de paz e igualdad. No obstante, el régimen democrático burgués, lejos de ser igualitario y pacífico, somete a una serie de privaciones a grupos sociales que son explotados, oprimidos o marginados por el sistema capitalista.

La discriminación, la xenofobia y los discursos de odio son parte de los prejuicios que reproduce el gobierno y, junto a la persecución a quienes protestan, garantizan los privilegios a unos pocos. Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) proponemos refundar el país sobre la base de los sectores explotados y oprimidos, para que esté en función de los de abajo y no de los grandes empresarios. 

Por eso, planteamos:

  1. No a la criminalización de la protesta. En los últimos años diferentes gobiernos han llevado a cabo procesos de persecución política contra luchadores y luchadoras sociales. Los casos más emblemáticos son los de Orlando Barrantes, contra quienes participaron de la manifestación del 8N por la defensa de la CCSS en 2012 y contra estudiantes que protestaban en defensa de la educación pública en 2019. Así, los gobiernos burgueses que se auto denominan democráticos y defensores de los derechos humanos han encarcelado y procesado a luchadoras y luchadores sociales. Por eso, exigimos alto al acoso y procesamiento de quienes luchas y, además, la despenalización de los bloqueos y otros métodos históricos de presión popular. 
  2. Despenalización de los bloqueos. Derogatoria del artículo 263 bis del Código Penal que castiga con entre 10 y 30 días de prisión los bloqueos, forma histórica de protesta de los sectores populares.
  3. Eliminación del sistema de cocientes y subcocientes. Uno de los mecanismos antidemocráticos del sistema electoral es la forma en que se asignan los puestos de elección popular, particularmente las diputaciones y las regidurías. Este sistema determina un cociente (cantidad de votos válidos entre cantidad de puestos en disputa) y un subcociente (la mitad del cociente), la cual es la cantidad mínima para acceder a un puesto. Cada partido gana un lugar por cada vez que logra alcanzar el cociente. Los puestos restantes se reparten de mayor a menor según el residuo de los cocientes. De esta forma se sobre representa a los partidos más votados y se elimina a los que tienen menores votos, aunque su residuo sea mayor a los primeros. Esto impide, por ejemplo, que al menos la mitad de los electores tengan representación en la Asamblea Legislativa. Ante esto proponemos pasar a un sistema de representación directa según la cantidad de votos alcanzados.
  4. Elecciones legislativas de medio periodo. El sistema electoral nacional está establecido mediante una única elección general por cada periodo. De esta forma la configuración política del Poder Legislativo permanece inamovible durante los cuatro años. Proponemos la realización de elecciones legislativas de medio periodo, como existió en el país hasta la reforma electoral de 1946, de esta forma se amplían las posibilidades electorales de los partidos políticos y sirve como una forma de evaluación de las políticas impulsadas por el gobierno de turno.
  5. Cierre de la DIS. La Dirección de Inteligencia y Seguridad es una policía política que responde solo a la presidencia de la República. Es un organismo que solo sirve para perseguir a los opositores del gobierno de turno, por lo que exigimos su cierre inmediato. 
  6. Penalización de la xenofobia, el racismo y la discriminación en todas sus formas. En ninguna institución pública o empresa privada puede ejercerse ningún tipo de discriminación, aunque así lo dispone la Constitución Política, esto se viola en muchos lugares, fundamentalmente en el sector privado.  Hay que reforzar la educación sobre estos temas y perseguir, castigar y repudiar todos los actos discriminatorios.
  7. Alto a la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras. Desde hace años los pueblos indígenas, particularmente de la zona sur del país, vienen luchando por recuperar sus tierras. Ante esto el Estado es cómplice de los terratenientes que amedrentan y violentan a las personas recuperadoras. Exigimos cárcel a los terratenientes que persiguen y asesinan a los indígenas que defienden sus territorios. Exigimos justicia por los asesinatos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera.
  8. Consulta a los pueblos indígenas. Toda política o infraestructura que afecte a los pueblos indígenas les tiene que ser obligatoriamente consultada y su resultado debe tener carácter vinculante. Además, la educación en sus territorios debe ser en sus idiomas nativos y según sus costumbres.
  9. Alto a los desalojos campesinos. La tierra es de quien la trabaja, no de los terratenientes y empresarios que las mantienen ociosas. Nos oponemos a los desalojos de las tomas de tierras por campesinos y denunciamos la complicidad del Estado. Hay que expropiar sin compensación estas tierras y entregárselas a las familias campesinas. Además, se debe reestructurar el INDER para que sea una institución en manos de y para el pequeño campesinado.
  10. Todos los derechos a la población migrante. La migración es un derecho y en muchos casos una necesidad, por lo que se les deben asegurar todos los derechos a las personas migrantes, deben tener acceso real a la educación y salud pública. El Estado debe garantizar y proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores migrantes mediante la regularización inmediata y gratuita, además de aseguramiento y acceso a la vivienda. Asimismo, Costa Rica es una zona de paso para migrantes que viajan a otros países por lo que el Estado no debe obstaculizar su paso y debe brindarles protección y auxilio en su travesía.
  11. Atención a la niñez. El PANI ha sido fuertemente atacado con los recortes presupuestarios, razón por la cual no está logrando atender todas las denuncias de violencia hacia la niñez y sus trabajadores y trabajadoras se encuentran desbordados. Hay que destinarle más recursos que permitan la apertura de más Centros de Intervención Temprana y la atención las 24 horas en todo el país.
  12. Atención a la salud mental. Hay una gran deuda del Estado con la salud mental que prácticamente se ha dejado en manos privadas. La cantidad de profesionales en esta área en el sistema de salud público no es proporcional con la cantidad de población y de personas con alguna afección. Además, la falta de abordaje de las problemáticas psicológicas en la educación las ha convertido en un estigma social. Ante esto, hay que desarrollar y financiar un plan nacional de salud mental con la incorporación de más personal a la CCSS y atacando algunos de los factores sociales que pueden potenciar trastornos, tales como, la sobrecarga laboral, el desempleo, la pobreza o la discriminación.
  13. Desarrollo de la red de conectividad. El acceso a internet es esencial y se ha constituido en un derecho necesario para acceder a información, trabajar o estudiar, como tal, se debe constituir en un servicio público en manos estatales y su precio regulado para que se ofrezca al costo e incluso subsidiado a los sectores populares. Para esto se debe fortalecer al ICE para la construcción de la infraestructura necesaria y que su acceso sea universal.
  14. Ley de medios. Actualmente las señales de radio y televisión están acaparadas por empresas privadas que lucran con este bien público. Exigimos la nacionalización de las frecuencias y la distribución a las comunidades y organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, etc. 
  15. Fortalecimiento de SINART. El sistema de radio y televisión nacional se encuentra arruinado por el carácter de empresa comercial que se le impuesto y por los recortes aplicados por el gobierno. A pesar de que la ley exige que todas las instituciones públicas destinen el 10% de su presupuesto en publicidad a esta institución la mayoría no lo cumple. Hay que fortalecer presupuestariamente el SINART, pero también intervenirlo para que sea un medio de comunicación laico al servicio de los sectores populares.
  16. Fortalecimiento del CNP y la FANAL. Contrario a las propuestas gubernamentales que pretenden cerrar o vender estas instituciones en necesario fortalecerlas, no solo a través de más presupuesto, sino, también, mediante legislación que asegure que la producción de los pequeños agricultores sea canalizada, pagando precios justos, a través del CNP y la obligatoriedad de que todas las instituciones públicas se abastezcan a través del programa PAI. Por su parte, la FANAL se mostró esencial para la producción de alcohol sanitario durante la pandemia.
  17. Fomento de las artes. El sector artístico y cultural se vio severamente afectado por la pandemia, pero esta solo evidenció la falta de atención estatal para respaldar las expresiones artísticas. Se debe fomentar el acceso de todas las personas a todas las formas de expresión artística y para eso es necesario asegurarle a las trabajadoras y los trabajadores de la cultura un salario digno. Hay que impulsar las Casas de la Cultura, los teatros, museos y demás centros desde el nivel local hasta el nacional.
  18. Ley de patrimonio cultural y arquitectónico. Por una ley de patrimonio que no esté en función de los intereses comerciales o de “conservación muerta”, sino, para proteger y generar espacios de acceso público y vivos, que convivan y sean apropiados por las comunidades.
  19. Plan nacional de apoyo al deporte. Las y los deportistas dependen enteramente de patrocinios del sector privado para poder practicar sus disciplinas, incluso mediante el patrocinio de las grandes empresas de bebidas alcohólicas. Hay que construir un plan nacional de fomento y apoyo a las actividades deportivas, de recreación y de actividad física que financie tanto infraestructura, competencias, implementos y becas deportivas. Actualmente el ICODER mantiene más de ₵11 mil millones para infraestructura ociosos, es necesario ejecutar ese presupuesto y destinarle más recursos al sector.
  20. Legalización del uso de la mariguana. Apoyamos la legalización del comercio de mariguana y sus derivados para uso medicinal, recreativo y de investigación. Este sector debe basarse en el autocultivo y la industrialización en manos estatales, nos aponemos a los proyectos que pretenden otorgar licencias millonarias a empresas privadas.
  21. Fortalecimiento del IAFA. A agosto de 2021 la institución ya tuvo que cerrar seis Centros de Atención Integral en Drogas y otros programas, además, se encuentra en peligro la Casa Jaguar para atención de menores de edad. Esto debido a los recortes presupuestarios del gobierno. Hay que fortalecer esta institución con más recursos.
  22. Eliminar el hacinamiento carcelario. La sobrepoblación en las cárceles, donde hay unas 2.300 personas más que la capacidad real, no se soluciona mediante la construcción de nuevas prisiones sino mediante la atención de las causas delictivas. Para esto hay que tener en consideración que la legislación penal está en función de defender la sociedad capitalista de las problemáticas que ella misma produce por su carácter opresor y explotador. Hace parte del aparato represivo del Estado y, como tal, tiene un carácter burgués para disciplinar a las clases desposeídas y encubrir los delitos de los poderosos. En el 2020 el 54,5% de la población penitenciaria en atención institucional cumplía penas por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos, el 53,5% corresponde a personas entre 18 y 34 años y el 85,5% tiene secundaria incompleta o un nivel educativo inferior. Ante esto es necesario un programa de reinserción social verdadero, garantizando capacitación educativa y laboral a las personas privadas de libertad. Para esto el plan de obras públicas planteado en este programa es un punto de apoyo para garantizarles un trabajo a las personas en casos de delitos no violentos contra la propiedad y de narcomenudeo, con lo que se puede evitar la reincidencia. Además, la crisis de hacinamiento carcelario se relaciona directamente con la política punitivista contra las drogas, cuyo único criterio es la represión y estigmatización de las personas consumidoras. Por esto, también planteamos la despenalización de la mariguana, y asumir la drogadicción como un problema de salud pública y no penal.
  23. Aprobación de la eutanasia. Abogamos por el derecho a decidir de todas las personas sobre todos los aspectos de su vida, incluyendo su muerte, por lo que abogamos por la incorporación de la figura de la eutanasia, de modo activo o pasivo, según la voluntad expresa de la persona. Esta no se debe limitar a situaciones de enfermedades crónicas, incapacidades, malformaciones, muertes cerebrales o estados vegetativos, sino, responder al pleno deseo, debidamente reflexionado y documentado, de la persona.

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