• El Congreso determinó que la inviolabilidad del monarca emérito, Juan Carlos I, se prolonga en el tiempo más allá de su abdicación, por lo que no puede ser investigado por las acusaciones de corrupción.

Por Socialismo o Barbarie Barcelona

El pasado lunes la mesa del congreso rechazó admitir a trámite las comisiones de investigación por los negocios relacionados con el Ave de la Meca del ex monarca propuestas por ERC, JxCat y PNV y por Unidas Podemos. La conclusión de la mesa fue que la inviolabilidad del monarca emérito, Juan Carlos I, se prolonga en el tiempo más allá de su abdicación. El rechazo de estas dos propuestas ha sido apoyado en votos por PSOE, PP y Vox.

¿Qué se quiere investigar?

Las investigaciones quieren esclarecer el papel que jugó en 2011 Juan Carlos I en la adjudicación a un consorcio formado en su mayoría por empresas españolas de un millonario contrato, de 7.000 millones de euros, para construir la línea de tren de alta velocidad que une la ciudad santa de la Meca con Medina, en Arabia Saudita. La justicia española y la suiza sospechan que durante la operación se pagaron comisiones de forma irregular.

Por ejemplo, se sospecha de un pago que habría recibido el Borbón en 2008, de unos 90 millones de euros, de parte de la dictadura saudita, cuando el primero aún seguía en el trono.

A la par, también se pretende estudiar si se han cometido delitos después de su abdicación, ya que dejaría de estar protegido según el artículo 56.3 de la Constitución. En este sentido la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación sobre el cobro de 80 millones de euros a Juan Carlos I como supuesta comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas

El actual rey Felipe VI se desmarcaba de la investigación a su padre renunciando a lo que “personalmente” le pudiera corresponder de la herencia de su progenitor. Algo que queda en el aire, ya que solo se puede renunciar a la herencia cuando muera el Borbón. No es más que una forma de lavarse las manos de la corrupción que hizo abdicar a su padre, pero que no cambiará en nada el papel de la monarquía española, como actuar como intermediario a favor de los intereses de grandes empresarios españoles con la dictadura saudita, con la que Felipe VI tiene estrechos lazos.

La inviolabilidad eterna

“Las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes”. “Se ha de tener en cuenta que la presente solicitud se refiere a cuestiones que, aun cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad Don Juan Carlos I era el Jefe del Estado”

Ésta es la conclusión a la que llegan los letrados del Congreso, y con la que se apoyan PSOE, PP y Vox para tumbar las dos propuestas. La primera, hecha por ERC, JxCat y PNV, de investigar las presuntas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real. La segunda, de Unidas Podemos y a la que se le han añadido los votos de ERC, JxCat, PNV y también Compromís, Más País y BNG, ciñéndose a los posibles delitos tras la abdicación del rey, en las mismas líneas de la Fiscalía. Si bien esta maniobra podría considerarse pragmática, UP tiende a únicamente denunciar la corrupción del anterior del monarca mientras lava la cara al nuevo, legitimando la monarquía.

PSOE, en voz de su representante Adriana Lastra, ha querido añadir que según la Constitución, las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno, no de la monarquía. Vemos como la Constitución del Régimen del 78 es el marco legal para conceder la inmunidad absoluta y crónica a la dinastía monárquica designada por Franco. Y vemos como las fuerzas del Régimen, viejas y nuevas, se mantienen firmes en defensa de los intereses parasitarios de la casa Real, que a la vez son esenciales para los negocios multimillonarios de las altas esferas españolas.

Monarquía parásita, ¿hasta cuándo?

Más allá de la corrupción, la monarquía española cuesta millonadas a los españoles. Los presupuestos del 2019 designan el 7.9% para repartir a voluntad del monarca, casi 8 millones de euros anuales. Sin embargo, esta cifra no cuenta con todos los gastos reales, costeados por diferentes Ministerios, que llegaron a sumar 50 millones en 2013. Esta alta cifra sigue sin contar con más actividades opacas que la podrían multiplicar exageradamente. Y por no hablar del patrimonio Real. Solo a Juan Carlos I se le atribuye una cantidad de 2.000 millones de euros, según la revista Forbes en 2018.

Creemos que a la monarquía no se le puede tumbar por vía jurídica ni parlamentaria, porque es imposible hacerlo mediante mecanismos del propio Régimen del 78. Apostamos por un movimiento social en las calles que declare la guerra a los parásitos, que expropie toda su riqueza adquirida con el expolio y el trabajo ajeno, y que se la devuelva a los y las trabajadoras. Más aún en tiempos de pandemia y de crisis económica. Para que la crisis la pague la monarquía, y no la clase trabajadora.