• Un 51% votó a favor de mantener la Ley que promueve diversas reformas estructurales como la limitación del derecho a huelga y a la protesta, así como desfinanciar la educación pública y aumentar las potestades represivas de la policía.

Redacción

Este domingo los uruguayos se movilizaron para votar en el referéndum que consultaba sobre una serie de reformas estructurales de distintos ámbitos que promueve el gobierno. El resultado fue un ajustado 51% a favor de las políticas del Presidente Lacalle Pou, contra un 49% que se manifestó en contra.

La votación debía decidir sobre parte del texto de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en 2020 e impulsada por el oficialismo. El referéndum proponía la derogación de 135 de sus artículos, que legislan sobre diversos temas: derechos laborales, educación, derecho a la protesta, desregulación financiera, empresas estatales, entre otros.

La propuesta de referéndum fue impulsada por la oposición, agrupada principalmente en el Frente Amplio.

La LUC es una «Ley Omnibus» que legisla sobre muy diversos temas. El Presidente Lacalle Pou introdujo diversas reformas estructurales de carácter anti obrero y reaccionario.

El muy ajustado resultado a favor del oficialismo puede ser un síntoma de creciente polarización política en el país oriental, tal como se está registrando en toda la región.

Una Ley profundamente reaccionaria

Algunos de los artículos más significativos que se debaten refieren al derecho a la protesta. La Ley prohíbe los piquetes y las manifestaciones callejeras bajo el argumento de consagrar el derecho a la libre circulación. Asimismo, se limita el derecho a huelga y se contempla el derecho a los «empleados no huelguistas» a presentarse en sus lugares de trabajo.

Además, la Ley reduce la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la Educación. Entre otras medidas, el nivel inicial deja de ser como obligatorio, por lo que se abre la puerta para el ajuste y el desfinanciamiento educativo. Asimismo, se reduce la presencia de los sindicatos en los espacios de conducción de instituciones educativas.

Otro costado de la ley es el represivo: además de la prohibición de piquetes, la Ley crea nuevas figuras delictivas en lo que respecta a «actos contra la policía», así como se amplía el margen de acción de las fuerzas represivas creando la escandalosa figura de «apariencia delictiva». También se prevén aumentos de penas.

Por último, la Ley también toca temas económicos y sociales. Contempla la creación de un sistema de «desalojos express» para viviendas en alquiler, lo que puede dejar en la calle a miles de familias de bajos recursos. Así como perjudica a los pobres, la ley beneficia a los ricos: se amplía el límite de transacciones en efectivo llevándolo hasta los 100.000 dólares, una medida que va a beneficiar a los empresarios en lo que respecta a la evasión de impuestos y al lavado de dinero.

Cretinismo parlamentario

A pesar del resultado adverso, los dirigentes del Frente Amplio se mostraron contentos por el buen resultado del «Sí» y aseguraron «el Presidente está obligado a escuchar que la mitad de la población no está de acuerdo con sus reformas» y pidieron «diálogo social».

Lacalle Pou, por su parte, aprovechó el triunfo para ratificar su gestión, cuando todavía no llega a cumplir la mitad de su mandato. La victoria en el referéndum seguramente impulsará al gobierno para seguir avanzando con su política represiva y neoliberal.

Mientras tanto, la oposición progresista observa pasivamente cómo el gobierno avanza con reformas estructurales reaccionarias. Toda su reacción fue estrechamente institucional: juntaron firmas para la realización del referéndum y luego se limitaron a hacer campaña «para explicar la Ley».

Ni el Frente Amplio ni la burocracia sindical apostaron a la movilización para frenar este paquete de medidas. Por el contrario, con un criterio estrictamente parlamentario y electoral se manifestaron contentos porque los datos del referéndum «implican una mejora con respecto a nuestra elección del 2019», según manifestaron dirigentes del FA.

Mientras el progresismo y la centro-izquierda piensan en las elecciones, para las cuales faltan todavía tres años, la derecha de Lacalle Pou intentará hacer carne sus reformas ya consagradas por la Ley. Sólo la movilización popular puede ponerle un freno.