El acuerdo que vendió a los kurdos de Suecia y Finlandia

Los escandinavos han vendido a los kurdos a cambio del beneplácito de Ankara a su entrada en la OTAN.

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Artículo aparecido en Viento Sur

Significativamente, el documento suscrito durante el encuentro mantenido este martes en Madrid por los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia, Finlandia y Turquía arranca asegurando, tras los formalismos de rigor, que los gobiernos de Helsinki y Estocolmo no proporcionarán apoyo a las YPG y el PYD, además de la organización bautizada por Erdogan como FETO (Fetullah Gülen).

Son conocidas como YPG o Unidades de Protección Popular unas milicias constituidas en los territorios del norte de Siria que controlan los kurdos. Se da la circunstancia de que fueron justamente estas milicias, en colaboración con otras unidades integradas en las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), las que actuaron como principales aliados terrestres de los norteamericanos y su coalición en la lucha contra el Daesh. Más de un centenar de españoles se unieron a ellas junto a miles de occidentales más para combatir contra el Estado Islámico. El PYD, o Partido de Unión Democrática, es una organización política fundada en 2003 en el área comúnmente conocida como Rojava. Por así decirlo, es el brazo político del que dependen las milicias anteriores. Por su parte, FETO es la denominación acuñada por el gobierno de Erdogan para denominar al movimiento islámico que dirige el clérigo Fetullah Güllen. Literalmente, FETO significa “organización de terror gulenista”.

La rebuscada formulación en la que se ha concretado el acuerdo entre Erdogan y los escandinavos no asegura de manera explícita que las YPG y el PYD sean consideradas organizaciones terroristas, lo que de hecho no sucede, pero con arreglo a ese enunciado, la persecución del movimiento kurdo a petición de Turquía podría extenderse a todos los refugiados, lo que, de hecho, ya sucede en algunos lugares de Europa, como el Estado federado de Baviera. La largamente publicitada falacia sobre el presunto humanitarismo escandinavo se revela más ridícula todavía a la luz de este nuevo compromiso.

Mucho menos ambiguo es el epígrafe en que Suecia y Finlandia “confirman que el PKK es una organización terrorista proscrita y se comprometen a impedir sus actividades y las de otras organizaciones terroristas y sus extensiones, además de las actividades de individuos, grupos o redes vinculados a esas organizaciones terroristas”. Tampoco se verbaliza aquí de una forma explícita la condena a las YPG, las YBS (unidades de autodefensa de Shengal) u otras formaciones políticas de orientación y simpatías apoístas (en referencia a Abdullah Öcalan). Sin embargo, la condena es tan genérica que podría servir de base para la persecución de todo el movimiento kurdo en su conjunto, incluso si eso contraviene las propias constituciones de los dos países europeos firmantes. Dado, por ejemplo, que ni las YBS ni el PYD son conocidos por actividad criminal de ningún tipo, extender la persecución a sus miembros equivaldría a dinamitar los principios fundamentales de las democracias finlandesa y sueca. Y eso es lo que, a juzgar por el acuerdo, Erdogan pretende y está a punto de lograr.

Para terminar de convencer a la contraparte turca, los finlandeses recordaron durante las negociaciones que a principios de este año realizaron enmiendas de su código penal que amplía los supuestos en los que una actividad es considerada como colaboración con el terrorismo. Por su parte, los suecos aseguraron que una nueva ley antiterrorista mucho más severa entrará en vigor el próximo 1 de julio. En ninguno de los casos precisaron qué tiene esto que ver con el pueblo kurdo o de qué modo podría afectar a su situación en Suecia y en Finlandia.

Suecos y finlandeses recuerdan en el epígrafe séptimo del acuerdo que no hay embargos vigentes a la venta de armas a Ankara, a pesar de las reiteradas agresiones y operaciones militares sobre el territorio del norte de Siria controladas por los kurdos. En estos momentos, Erdogan ocupa varias porciones de tierra y se prepara para una nueva agresión, a la que el presente acuerdo ha dado un espaldarazo. El gobierno sueco aseguró ayer en Madrid que está modificando el marco legal regulatorio de sus exportaciones a los socios de la Alianza Atlántica.

Los escandinavos se han comprometido asimismo en virtud de este acuerdo a atender las peticiones turcas pendientes de deportación o extradición, teniendo en cuenta la inteligencia y las pruebas proporcionadas por Turquía. Literalmente, este aspecto del acuerdo podría interpretarse como que Suecia y Finlandia están dispuestas a entregar a docenas de kurdos a un gobierno que ha encarcelado a millares de periodistas, políticos y activistas de los derechos humanos, y que ha dinamitado todos los estándares de una verdadera democracia.

De un modo más específico, finlandeses y suecos aseguran que investigarán todas las actividades de financiación y reclutamiento llevadas a cabo por el PKK y otras organizaciones “terroristas”, además de sus grupos afiliados. Una vez más, es obvio que esta es una fórmula de compromiso para satisfacer a los turcos, sin incluir de forma explícita a las YPG/YPJ o al PYD. Lo que este acuerdo signifique finalmente, o el modo en que vaya a transformar la vida de la comunidad kurda escandinava, dependerá al final del modo en que se implemente, aunque a juzgar por su formulación la caza de brujas podría haber empezado.

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