¿Qué pasa en Colombia?

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  • Antecedentes, dinámica y perspectivas de la rebelión popular.

Victor Artavia

El 28 de abril, el Comité Nacional de Paro –CNP, organismo que aglutina a las principales centrales sindicales-, convocó a una jornada de lucha contra la regresiva reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque; la consigna inicial era “Por vida, paz, democracia, contra el paquetazo de Duque y la Reforma Tributaria”.

En principio, estaba prevista como una protesta de un día, al estilo de las acciones sin continuidad que organiza la burocracia sindical para descomprimir el malestar de sus bases y presionar al gobierno para abrir mesas de negociación. A pesar de esos límites impuestos desde la conducción burocrática, el movimiento rápidamente sumó el apoyo de sectores de la población explotada y oprimida de Colombia que, además de repudiar la “tributaria”, salieron a las calles para exigir reivindicaciones propias y medidas efectivas para paliar la miseria creada por la crisis de la pandemia. Ante esto, el gobierno respondió con una fuerte represión, lo cual terminó por enardecer a la población y extendió las protestas por todo el país, dando paso a una rebelión popular en el país cafetero.

En esta nota analizaremos los antecedentes que explican el estallido social en curso; asimismo, realizaremos una aproximación a la dinámica de las movilizaciones y las perspectivas que se abren alrededor de este proceso de lucha.

I Parte. Antecedentes mediatos de la rebelión

Los acuerdos de paz y la reactivación de la lucha social

Desde 1964, Colombia experimentó una “guerra civil” no declarada entre la guerrilla de las FARC y el ejército, cuyo principal campo de desarrollo fue la zona rural y montañosa del país. Posteriormente, surgieron otros movimientos guerrilleros urbanos y rurales, como el M-19, EPL y ELN –este último es el único que sigue activo-, dando como resultado la militarización del conflicto social colombiano.

Esto marcó las pautas de la lucha social del país cafetero durante décadas, pues configuró una lógica de “guerra fría”, donde todo movimiento de protesta era asumido por el gobierno y la burguesía como un aliado de la guerrilla. Así, se construyó un relato muy cómodo para la derecha colombiana: había que acabar con el “enemigo interno”, por lo cual era “legítimo” reprimir brutalmente toda forma de lucha y, muy importante, desarticular las organizaciones sindicales y sociales por medio del exterminio físico de las dirigencias.

Los efectos de esto fueron desastrosos, pues generó una actitud defensiva de los movimientos sociales ante el asedio de las fuerzas represivas estatales y paramilitares; para el caso del movimiento sindical, significó que, solamente entre 1973 y 2019, alrededor de 3.300 sindicalistas fueron asesinados. Por esta razón, Colombia tiene una tasa de sindicalización del 4%, la más baja de la región; asimismo, provocó una fragmentación de las instancias gremiales, pues, con la excepción de los sindicatos docentes que son multitudinarios, el 80% de las organizaciones tienen menos de 100 afiliados y otras apenas superan el mínimo legal de 25 miembros. 1

A pesar de esto, en las últimas décadas se dieron avances organizativos de los movimientos sociales, incluso durante las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010); por ejemplo, se conformó la Minga interétnica e intercultural del Cauca en 2004, una plataforma político-organizativa indígena con perspectiva de aliarse con otros sectores sociales, lo cual le permitió encabezar movilizaciones masivas durante el gobierno de Uribe y en años recientes.

En medio de este contexto tan adverso, resulta comprensible que, la firma en 2016 de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, generara muchas expectativas entre la población, pues, a pesar de ser muy limitados en sus objetivos, fueron asumidos por sectores explotados y oprimidos como un espacio para abrir la agenda pública, posicionar sus demandas y democratizar el país.

La firma de los acuerdos dio paso a nuevas coordenadas de la lucha política y social en Colombia, pues la guerrilla dejó de “monopolizar” la oposición por la izquierda al gobierno e irrumpieron con fuerza diversos movimientos sociales con sus propias reivindicaciones, configurándose una nueva geografía de las luchas que, en adelante, pasó a ser más urbana. Para esto, además de la desmovilización de las FARC, pesaron mucho los millones de personas desplazadas del campo a la ciudad, un factor demográfico que concentró los conflictos en las urbes colombianas.

La reactivación de las luchas fue perceptible desde el inicio de los diálogos para los acuerdos de paz en 2012, pues, a partir de 2013, se produjo un incremento en las movilizaciones, como refleja la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular, según la cual ese año se realizaron 1027 protestas, la mayor cantidad desde que dicho centro inició con sus registros en 1975.2 Esta tendencia se incrementó luego de la firma de los acuerdos en 2016, pues ese año las protestas superaron en un 91% a las de 2013 y en un 132% a las de 2014.3

Debido a esto, Colombia experimenta una reactivación de las luchas desde hace varios años, lo cual facilitó una acumulación de experiencias entre importantes sectores de la clase trabajadora y los movimientos sociales en torno a la construcción de plataformas organizativas en las ciudades y regiones, aprendizajes sobre cómo enfrentar a las fuerzas represivas de la ESMAD, ubicación de los puntos medulares donde bloquear para paralizar la economía del país, entre otros.

El gobierno Duque y el Paro Nacional del 21N

Iván Duque asumió la presidencia en 2018, en representación del Centro Democrático, partido dirigido por el ex presidente Álvaro Uribe. Por este motivo, su triunfo polarizó el país, pues fue visualizado como el retorno del “uribismo” al poder, es decir, del ala más reaccionaria de la derecha colombiana y con reconocidos vínculos con los paramilitares y el narcotráfico.

Desde el inicio de su gestión, apuntó a profundizar la agenda neoliberal en Colombia por medio de los “paquetazos” de contrarreforma en materia fiscal, laboral, pensiones y de salud; además, obstaculizó la implementación de los acuerdos de paz, trayéndose abajo las expectativas democráticas que sectores de la población depositaron en dichos acuerdos.

Este accionar no tardó en provocar nuevas protestas. En 2018 se desarrolló la movilización estudiantil en defensa del presupuesto para las universidades públicas (que se nutrió de las luchas estudiantiles de ese año en Argentina, Chile, Ecuador y México), la cual tuvo su auge en la enorme jornada del 10 de octubre, donde se estima que participaron medio millón de estudiantes y, tras varios meses de movilización, alcanzaron un triunfo parcial. Esta pelea marcó el retornó del movimiento estudiantil al debate político nacional, lo cual no ocurría desde el proceso encabezado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en 2011; por otra parte, contó con el apoyo activo de docentes y la solidaridad de otros sectores sociales.4

Asimismo, en 2019 tuvo lugar el Paro Nacional del 21 de noviembre contra el primer paquetazo de Duque, el cual constituyó una jornada histórica en el país, pues no se veía una movilización de tales dimensiones desde hacía casi 60 años, cuando tuvo lugar el paro nacional de 1977. En total, se estima que ese día marcharon diez millones de personas en diferentes partes del territorio colombiano.

La protesta fue convocada por el Comité Nacional de Paro en oposición a la contrarreforma laboral y de pensiones, pero sumó a estudiantes, indígenas, campesinos, feministas y ecologistas.5 Debido a su amplio apoyo y, ante todo, temiendo un posible contagio de las rebeliones chilena y ecuatoriana de ese año, el gobierno desplegó un operativo represivo sin precedentes, para lo cual cerró las fronteras por varias horas, reunió en los cuarteles a los militares en espera de órdenes para intervenir y envió contingentes de soldados a patrullar las ciudades junto con la policía. La jornada derivó en fuertes choques con las fuerzas represivas, con un saldo de tres muertos y más de 700 heridos.

El paro nacional dio paso a una serie de movilizaciones que se extendieron por varios meses, con el límite de que la burocracia las convocó de forma discontinua para contener la creciente radicalización. Aunque el movimiento no logró sus objetivos principales –el gobierno avanzó con algunos de sus contrarreformas-, fue muy importante porque reinstaló la huelga de masas como un método de lucha para la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos, algo sumamente progresivo en un país marcado por la militarización de los conflictos sociales.

Pandemia, crisis social y aumento de la polarización

La pandemia profundizó la crisis económica y social del país, particularmente entre la clase trabajadora y los sectores populares en las ciudades. Se estima que, alrededor de cinco millones de personas, perdieron sus trabajos producto de las restricciones para contener la propagación del Covid-19; esto generó un aumento de cinco puntos porcentuales en la tasa de desempleo, la cual alcanzó el 15,9% a finales del año anterior y, para el caso de la juventud, llegó al 25%.

Por otra parte, la miseria se extendió entre las barriadas populares de las grandes ciudades colombianas, originando el movimiento de los “pañuelos rojos”: debido al hambre, las familias colocaron esas prendas en las puertas de sus casas, en señal de que no tenían nada para comer y a la espera de recibir donativos de la comunidad o quien transitara por la calle. Fue un fenómeno masivo y con impacto a nivel nacional, pues expuso la magnitud de la crisis social ante el conjunto de la población; también propició la construcción de lazos de auto-organización y solidaridad en las barriadas, dando paso a “ollas populares”, cacerolazos y tomas de Alcaldías exigiendo ayudas por parte del gobierno.6

Ante esta situación, el gobierno de Duque declaró el “Estado de emergencia económica, social y ecológica”, pero fue una excusa para agilizar el avance de la agenda neoliberal en beneficio de los grupos capitalistas. Por ejemplo, facilitó recursos al sector financiero, giró préstamos multimillonarios a empresas privadas para que no quebraran –es el caso de Avianca, a la cual le giró 370 millones de dólares- e impulsó el desarrollo de megaproyectos extractivistas en los territorios indígenas.

Muy diferente fue su accionar con relación a las necesidades de los sectores más precarizados. El gobierno sub-ejecutó el presupuesto del sector salud para afrontar los efectos de la pandemia, por lo que, a pesar de contar con 8,5 billones de pesos para tales efectos, tan sólo utilizó medio billón, a la vez que aumentó la deuda con el Fondo Monetario Internacional para “gestionar” los riegos creados por la pandemia. La única medida progresiva que realizó fue el lanzamiento del “Ingreso Solidario”, un bono destinado para tres millones de familias en situación de pobreza, por medio del cual recibirán 43 dólares mensuales hasta junio del presente, una cantidad insuficiente al considerar que el salario mínimo en el país es de 259 dólares.7

Inicialmente, la irrupción de la pandemia contrajo un breve reflujo de las movilizaciones en Colombia, pero no pasó mucho tiempo para que se reactivara la resistencia contra los ataques del gobierno y para exigir medidas compensatorias para afrontar la crisis económico-sanitaria. Así, para el segundo semestre de 2020 se produjeron dos movimientos muy fuertes.

Primeramente, estallaron las jornadas de semi-rebelión popular del 9 y 10 de setiembre, luego de que se difundiera un video con la agresión que sufrió el abogado Javier Ordoñez a manos de la policía, el cual falleció horas más tarde en una comisaría debido a los golpes y descargas eléctricas que recibió con una pistola taser. Esto desató un estallido en varias ciudades del país por dos días, donde se incendiaron decenas de delegaciones policiales y dejó en evidencia el profundo malestar de la población con las fuerzas represivas.

Seguidamente, el 21 de octubre se convocó a un nuevo paro nacional por parte de la burocracia que, aunque estuvo en duda por la reticencia de las dirigencias sindicales a movilizar alegando el tema sanitario, se transformó en una acción masiva por la incorporación de la Minga, la cual marchó desde el Cauca hasta Bogotá con un contingente de ocho mil indígenas, los cuales tomaron la Plaza Bolívar por varios días exigiendo una reunión con Duque, misma que no se concretó por la negativa del presidente.

Bajo estas condiciones finalizó el primer año de la pandemia en Colombia; por un lado, un país profundamente desigual, marcado por una larga historia de violencia política y con un gobierno abiertamente reaccionario en función de los ricos; por el otro, una creciente miseria que afecta a decenas de millones de personas, combinado con una clase trabajadora y movimientos sociales que acumularon ricas experiencias de lucha en los últimos años y, muy importante, el hartazgo generalizado entre los sectores explotados y oprimidos de la constante violencia policial. Este fue el preludio inmediato para el estallido de la rebelión popular en curso.

II Parte. Dinámica y perspectivas de la rebelión colombiana

El paro del 28 de abril y el estallido de la rebelión popular

A pesar del creciente malestar social que se expresó en el segundo semestre del 2020, el gobierno insistió en descargar el costo de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora y los sectores populares. Bajo esta lógica, el presidente Duque impulsó la aprobación de una nueva propuesta de reforma tributaria que, al igual que las anteriores, destacó por su carácter regresivo; su objetivo era recaudar 23 billones de pesos -seis mil millones de dólares, equivalente a un 2% del PIB- por medio de tres medidas centrales: ampliar la base del IVA –del 16 al 19%, aumentar el impuesto al salario y al patrimonio de persona físicas y jurídicas.8 El 73% de sus ingresos iban a recaudarse de personas físicas, por lo que el peso de los impuestos recaería sobre el consumo de la clase trabajadora, sectores medios y la población en situación de pobreza.

Debido a esto, la “tributaria” –como se conoce en Colombia a la reforma fiscal- unificó a todos los sectores contra el gobierno que, al mismo tiempo que planteaba la necesidad de aprobar la reforma para salir de la crisis económica, pretendía comprar 24 aviones de guerra por cuatro mil millones de dólares.9

En principio, el Comité Nacional del Paro (CNP) convocó a una huelga de un solo día, pues su objetivo era forzar a la apertura de una mesa de negociación con el gobierno. Pero, debido a la enorme cantidad de sectores sociales que se sumaron a las movilizaciones, se produjo un desborde de la conducción de la burocracia sindical, transformándose en una rebelión popular. De hecho, para el 1° de mayo, el CNP planteó realizar “actividades” virtuales, pero nadie acató ese llamado y, por el contrario, fue una movilización histórica con millones de personas en las calles.

De esta manera, el paro del 28 de abril devino en una jornada de lucha nacional, tanto por su extensión territorial como por la masividad de las protestas: ese día se movilizaron cinco millones de personas en 600 municipios del país y, a diferencia del paro del 2019 que se concentró en las principales ciudades, en esta ocasión también hubo acciones en las ciudades intermedias y zonas rurales. Esto es significativo, pues refleja un proceso de convergencia entre las luchas del campo y la ciudad; expresa la unidad de los sectores explotados y oprimidos de Colombia con métodos de lucha radicales (al momento de escribir esta nota, se reportan 300 cortes de ruta en todo el país).

¿Cómo se explica esto? La oposición a la reforma se combinó con un cuestionamiento al modelo neoliberal y la enorme desigualdad social que generó en los últimos cuarenta años, similar al caso de la rebelión chilena que, aunque inició en rechazo al aumento de treinta pesos en el pasaje del metro, por el fondo expresó el repudio al país heredado por la dictadura pinochetista. Por eso, consideramos que esta rebelión constituye un punto de quiebre en la situación política, pues confirmó el retorno de la lucha de masas en el país cafetero y está dando paso a una nueva correlación de fuerzas.

Además, la colombiana presenta un elemento novedoso con respecto a otras rebeliones populares, a saber, un mayor peso de la clase trabajadora en la lucha, pues en torno a su programa de reivindicaciones y la convocatoria del paro, se nuclearon el resto de movimientos sociales. Esto expresa una tendencia incipiente de “centralidad de la clase obrera”, la cual difícilmente se desarrolle en tanto persista la mediación de la burocracia sindical que, a pesar del desborde popular, mantiene la representación de las organizaciones gremiales e insiste en solicitar mesas de diálogo para desmovilizar –ahora suman la exigencia de garantías democráticas para la protesta-. En todo caso, el peso de la clase trabajadora en esta lucha es un dato novedoso, el cual indica una acumulación política del ciclo de rebeliones populares.

La salida represiva del “uribismo”

Otro factor que medió en el estallido popular fue la brutal represión policial que ordenó el gobierno desde el primer día del paro; incluso, nos atrevemos a decir que fue un detonante igual o más importante que el rechazo a la reforma tributaria. No es para menos, pues existe un hartazgo generalizado de la población por la violencia policial, la cual se manifiesta con particular saña contra los jóvenes de los barrios populares –como sucedió en Cali, epicentro de la rebelión como veremos más adelante-.

Desde el primer día del paro comenzaron a contabilizarse las personas muertas, heridas, detenidas (entre éstas, muchas mujeres agredidas sexualmente por la policía). Por si esto no fuera suficiente, el ex presidente Uribe atizó el ambiente con un tuit provocador a favor de la represión, acuerpando el accionar sangriento de la ESMAD y del ejército: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Este mensaje marcó la pauta del gobierno, pues es reconocido que Uribe es el verdadero poder detrás de la presidencia de Duque. Asimismo, envalentonó a sectores reaccionaros de la población para enfrentar a los manifestantes, como sucedió en Cali cuando un grupo de vecinos –de un barrio burgués- dispararon contra una marcha de la Minga, con un saldo de nueve personas heridas.

Como señalamos anteriormente, el uribismo es una facción (lumpen) burguesa vinculada a los paramilitares y el narcotráfico, cuyo estilo para “resolver” conflictos es… asesinando. Esto ya es preocupante a nivel social, pero toma nuevas dimensiones cuando esa facción controla el gobierno y sus fuerzas represivas, una combinación que se traduce en mucha violencia en tiempos ordinarios y, con mayor intensidad, en medio de una rebelión popular, como se constata en las denuncias que surgen luego de cada día de manifestación: hasta el momento se contabilizan alrededor de 50 personas asesinadas, 400 desaparecidas, cientos de heridos y otro tanto de detenidos de forma irregular.

Por otra parte, Uribe introdujo un nuevo relato represivo para enfrentar la rebelión, el cual denominó como la revolución molecular, con la cual supone que las pequeñas acciones de protestas son parte de un plan global para desestabilizar al Estado e iniciar “guerras civiles permanentes”.10 Así, crea un nuevo enemigo interno que ocupa la plaza vacante del guerrillero de las FARC, en este caso denominados como vándalos y rebeldes que atentan contra la sociedad, con lo cual legitima la represión policial.

El gobierno de Duque replica esa tesis en sus alocuciones públicas –aunque utilizando otras palabras-, pues reiteradamente denuncia la supuesta infiltración de grupos organizados en las protestas para desestabilizar al gobierno, a la vez que se rehúsa a dar garantías democráticas para la protesta, como le solicitan los representantes del CNP como gesto para sentarse a negociar y desmovilizar.

Por todo lo anterior, existe una dinámica creciente de la rebelión contra la violencia policial y el discurso represivo del gobierno Duque, lo cual se ha visto facilitado por la difusión en las redes sociales de casos de represión, instaurando una mecánica muy peculiar de las protestas: un video de un abuso policial genera una marcha, esa marcha es nuevamente reprimida y eso provoca otra movilización.

Por esta razón, muchas protestas se forman de manera espontánea en zonas donde la policía reprimió con anterioridad, lo cual constituye un desafío a la autoridad del ESMAD y el ejército: ustedes nos reprimieron ayer, pero hoy volvimos a protestar en el mismo lugar. Además, refleja que, por ahora, el gobierno no hizo retroceder la rebelión por medio de la represión y, por el contrario, pareciera que enardeció aún más a la población.

La mecánica espontánea de la rebelión y sus peligros a mediano plazo

Lo anterior denota uno de los límites del proceso: carece de centralización y muchas de sus acciones son producto de la acción espontánea. En cierta medida, esto fue un punto de apoyo para desbordar el control de la burocracia sindical y sus intentos de contener la lucha; por otra parte, a mediano plazo es contraproducente, pues manifiesta la ausencia de un plan global para derrotar al gobierno, por lo cual impera la dispersión de consignas y tácticas, algo muy peligroso cuando se enfrenta un adversario que actúa de forma centralizada y está dispuesto a desatar un baño de sangre para derrotar la movilización popular.

Junto con esto, en el mediano plazo la espontaneidad da paso a la desorientación y desgasta los procesos de lucha. Nos explicamos mejor con esta percepción de una activista de la rebelión, que da cuentas de la forma un tanto caótica en que se desarrollan algunas protestas:

“Hemos visto muchas convocatorias que nos preocupan porque no sabemos quién convoca. Llegamos a apoyar y nos dimos cuenta de que nadie está en la batuta de la marcha, no tienen rumbo fijo y eso genera choques con la Policía”, le dijo a La Silla María Janeth Villejas, integrante de El Sur Renace, uno de los grupos ciudadanos a cargo de las movilizaciones en el sur del Valle de Aburrá. “La de ayer en Itagüí no la convocamos nosotros pero nos pareció raro ver que ya tenían concejales tomándose fotos con las pancartas, todo super organizado”.11

Por otra parte, en política no hay vacíos y, cuando se producen, no tardan en ser ocupados. En el caso en cuestión, la ausencia de una coordinación que centralice la lucha desde abajo, deja un espacio para que la burocracia sindical se posicione como “interlocutora” ante el gobierno, con el objetivo de desviar la rebelión por medio de negociaciones sin consultar a las bases. Esta es la orientación del CNP, cuya consigna en la actual coyuntura es “Movilicémonos por garantías para la protesta social y la negociación”, una exigencia que está por detrás de la radicalidad de las movilizaciones, donde ya se agita la salida de Duque, disolver el ESMAD, entre otras cosas.

Hasta el momento, la negativa del gobierno de abrir una mesa de diálogo impide que la burocracia imponga la desmovilización de las bases sindicales, pero esto puede cambiar en los próximos días o semanas. Por ahora, conviven las marchas y bloqueos espontáneos en los barrios y regiones, con las grandes movilizaciones semanales en las ciudades que convoca el CNP.

Por último, tampoco se debe desdeñar el potencial desmovilizador del reformismo, personificado en Colombia en la figura de Gustavo Petro, ex candidato presidencial que enfrentó a Duque en la segunda ronda de las elecciones del 2018. Hace unos días se filtró un audio suyo, grabado durante una reunión con la dirección del CNP, donde expuso lo siguiente: “Creo que en el momento en el que el Gobierno decidió retirar la reforma tributaria debió declararse el triunfo popular y frenar ahí. Si lo quieren en otros términos: acumular fuerzas para lo que seguía”. Petro trató de matizar su posición, alegando que el audio estaba editado y solicitó que se publicara toda la grabación; en todo caso, el mensaje es claro: desmovilizar y “acumular fuerzas”…para las elecciones.

Cali: bastión de la rebelión

Por otra parte, la rebelión expresa tendencias de auto-organización muy avanzadas en algunas regiones, particularmente en el Valle del Cauca y su capital, Cali, la tercera ciudad más grande del país con una población de 2,2 millones de personas. Es un fenómeno contradictorio que contrapesa las dinámicas espontaneístas de otras zonas.

Un caso a destacar es Puerto Rellena, una barriada popular donde la policía asesinó a dos adolescentes el 28 de abril, primer día del paro nacional. Esto generó un estallido en la comunidad que, desde ese momento, transformó el barrio en una “zona liberada” donde no entra la policía, por lo cual el lugar se rebautizó como Puerto Resistencia, como relata una nota del diario El País:

“El barrio está rodeado de barricadas y retenes. Se ha erigido como una pequeña república independiente donde ha desaparecido la presencia del Estado (…) Dure lo que dure hasta el regreso de las autoridades, Puerto Resistencia tiene vida propia. Hay asambleas donde se discute el futuro de la nación y hospitales improvisados para atender heridos.”12

Esto expresa una forma embrionaria de “doble poder” a pequeña escala, pues cuestiona el control del Estado burgués sobre una zona de su territorio, ante el cual se instituye un poder emanado desde abajo. Es una experiencia que, aunque embrionaria y circunscrita a una zona pequeña, es sumamente valiosa por su radicalidad, la cual refleja una acumulación política y organizativa de las rebeliones populares.

Además, en Puerto Resistencia el protagonismo lo tiene la juventud, uno de los sectores más afectados por la exclusión social, la violencia racista de la policía y, muy importante, por los efectos del encierro por la pandemia, un factor psico-social que aumenta la sensación de frustración entre la juventud. Esto lo expresó la “mona”, una joven manifestante que expuso sus motivaciones para luchar:

“La mona”, (…) tiene 24 años, es madre de una niña de 6 años, estudia contaduría y va vestida de ropa deportiva y gorra de muñecos (…) ´Mi mamá es de clase trabajadora y yo estoy luchando es por ella y por su nieta, para que no le privaticen la salud y pueda recibir el tratamiento de diabetes que necesita` (…) ´Casi todos acá luchamos por el futuro de nuestros hijos`, dice, mientras recorre las ollas comunitarias en las que mujeres mayores cocinan arroces, sancochos y estofados para ´apoyar la revolución` (…) ´Se metieron con la generación que no tienen nada que perder, y aquí nadie tiene casa, trabajo ni nada que perder`.”13

Otro caso por destacar es Siloé, una barriada que se formó a mediados del siglo pasado tras el arribo masivo de personas desplazadas por los conflictos armados, en su mayoría afrocolombianos, los cuales constituyen un 40% de la población en Cali y son víctimas de la violencia racista de la policía. Al igual que en Puerto Resistencia, la juventud encabeza la lucha contra la policía, particularmente con la conformación de grupos de choque denominados “primera línea” –igual que en Chile-, con el objetivo de repeler la entrada de la policía en la comunidad, cuyas incursiones dejaron decenas de muertos en las tres semanas que lleva la rebelión.

La primera línea la conforman jóvenes pandilleros que, armados con escudos y piedras, copian las tácticas de choque de la policía para enfrentar al ESMAD: se agrupan y se desplazan juntos hacia adelante o de costado, impidiendo el avance de los policías y buscando mejores posiciones para lanzar piedras y devolver los gases lacrimógenos. Para ellos, repeler a la ESMAD es proteger a su comunidad, pues su ingreso siempre se traduce en personas heridas o asesinadas.

Por otra parte, su nivel de organización para el combate callejero no se corresponde con claridad en los objetivos de la lucha, ni tampoco cuentan con formas de organización asamblearia que permita una articulación del conjunto de la comunidad –un punto de retraso con relación a Puerto Resistencia-, por lo cual su funcionamiento tiende a ser espontáneo y muy concentrado en las acciones de choques. Esta crónica retrata la dinámica de la experiencia en esta barriada:

“Llantas quemadas y ramas sobre la vía sirven de barricadas e impiden la circulación. Evangélicos y cristianos danzan y cantan, mientras los jóvenes de la primera línea prestan seguridad. ¿Primera línea? “Sí, así”, responde Andrés. El grupo lo integran jóvenes rebeldes de los barrios. Algunos tienen antecedentes y pertenecen a pandillas urbanas, otros no. Juntos mantienen contra las cuerdas a la fuerza pública. Aparecen sorpresivamente y taponan vías, avenidas, entradas y salidas. Así convulsionan la ciudad (…) Pero ¿quién es el jefe? “No hay”, dice Edmundo González, poblador. Quien muestre fuerza y gallardía toma posesión solo y protege a la comunidad, agrega. Ese es un problema que enfrenta el Gobierno de Iván Duque porque no existe una cabeza con quién negociar.”14

Finalmente, en el Valle del Cauca está la Minga indígena, la cual mantiene bloqueos sobre los principales puntos de acceso a la región y también se solidariza con barriadas en lucha, como Siloé. Este movimiento se originó en 2004 y, desde entonces, encabezó movilizaciones de miles hacia la capital y construyó una plataforma organizativa. Por este motivo, además de fortalecer las protestas, su presencia en la lucha aporta mucha fuerza simbólica, pues son un referente de resistencia en la región.

Por todo esto, Cali es el bastión de la rebelión, ante lo cual el gobierno responde con un nivel de represión sin precedentes en la zona; según los relatos de activistas, los enfrentamientos parecen batallas a pequeña escala, pues incluso la policía dispara desde helicópteros sobre las barriadas en lucha.

Profundizar la rebelión para sacar a Duque y convocar a una Constituyente para refundar el país

Al momento de escribir esta nota (20 de mayo), la rebelión popular en Colombia cumple tres semanas de protestas continuas por todo el país. A pesar de la represión, las movilizaciones no paran de crecer y se sostienen los cientos de cortes de ruta por todo el territorio nacional. Además, ya se contabilizan triunfos parciales, como el retiro de la “tributaria” por parte del gobierno a pocos días del estallido social y, más recientemente, se hundió en el senado y la cámara de diputados el proyecto de ley que pretendía privatizar el sistema de salud, una de las contrarreformas “estrella” del gobierno.

Asimismo, la CUT denunció que el gobierno valora impulsar, de forma unilateral, algunas de las exigencias del CNP, como la matrícula cero, los planes de empleo juvenil y la aceleración de la vacunación, entre otras. A esto hay que agregar la renuncia de figuras del bando de Duque, como sucedió con el ministro de Hacienda, la ministra de Relaciones Exteriores y el jefe de la policía de Cali.

No se puede descartar que el gobierno descomprima la movilización con mesas de diálogo, para lo cual cuenta con la complicidad de la burocracia del CNP. Hasta el momento, el gobierno persiste en apostar a la represión para debilitar las protestas, pero si continúa acumulando reveses en su agenda de contrarreformas, es posible que opere un giro en su táctica –aunque siendo Colombia y conociendo al uribismo, sin dejar de reprimir brutalmente-.

La lucha puede y debe plantearse ir más allá de las reivindicaciones parciales que sostiene el CNP; debe exigir la salida de Duque y la convocatoria a una Asamblea Constituyente libre, popular y soberana para refundar el país sobre nuevas bases sociales. Para esto es indispensable centralizar la lucha con un pliego de reivindicaciones que recoja el sentir de todos los sectores, además de construir un plan unitario para enfrentar de forma eficaz la represión policial. La burocracia sindical no apuesta a esto, pues prefiere negociar a puerta cerrada con el gobierno y desmovilizar cuanto antes. Por eso, es necesario impulsar un Encuentro Nacional de Lucha para extender la organización independiente de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos, con el objetivo de instaurar una verdadera coordinación democrática de la rebelión y sentar las condiciones político-organizativas para derrotar al gobierno.

Más allá de los resultados que depare el proceso en los próximos días y semanas, es un hecho que la rebelión confirmó el retorno de la lucha de masas en el país cafetero y configuró una nueva correlación de fuerzas, con epicentro en la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos de las ciudades. Esto es un punto de quiebre con relación a la experiencia previa del país, caracterizada por la militarización de los conflictos sociales; la emergencia de nuevos sujetos sociales y movimientos de lucha, sienta las bases para relanzamiento de la izquierda revolucionaria en Colombia, un país “gendarme” del imperialismo en la región.

¡Fuera Duque!

¡Por una Asamblea Constituyente libre, popular y soberana para refundar el país sobre nuevas bases sociales!

¡Por un Encuentro Nacional de Lucha para extender la organización independiente de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos!


Notas

1 Daniel Pardo, “Por qué en Colombia casi no hay sindicatos (y qué tiene que ver eso con los asesinatos de líderes sociales)”, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55060513 (Consultada el 17 de mayo de 2021)

2 Edwin Cruz Rodríguez, “El ciclo de protesta 2010-2016 en Colombia. Una explicación.”, en https://core.ac.uk/download/pdf/187495625.pdf (Consultada el 17/05/2021).

3 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán, “Estado, violencia y protesta”, en

https://jacobinlat.com/2021/03/11/estado-violencia-y-protesta-en-colombia/ (Consultada el 15 de mayo de 2021)

4 Maria Rocio Bedoya Bedoya, «Los logros del movimiento estudiantil y profesoral del 2018: retos y perspectivas en defensa de la educación pública en Colombia», en https://www.arcoiris.com.co/2019/07/los-logros-del-movimiento-estudiantil-y-profesoral-del-2018-retos-y-perspectivas-en-defensa-de-la-educacion-publica-en-colombia/ (Consultada el 18 de mayo de 2021).

5 Daniel Pardo, «Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico», en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50520302 (Consultada el 18 de mayo de 2021).

6 EFE, «El hambre de los más necesitados detona protestas y saqueos en Colombia», en https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-hambre-de-los-mas-necesitados-detona-protestas-y-saqueos-en-colombia/20000013-4227451 (Consultada el 19 de mayo de 2021).

7 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán, “Estado, violencia y protesta”, en

https://jacobinlat.com/2021/03/11/estado-violencia-y-protesta-en-colombia/ (Consultada el 15 de mayo de 2021).

8 Juan Manuel Boccacci, “Paro Nacional en Colombia contra la reforma tributaria de Iván Duque”, en https://www.pagina12.com.ar/ (Consultada el 15 de mayo de 2021).

9 Ídem. Colombia es el segundo país de la región que más gasta en “seguridad y defensa” –tan solo superado por Brasil-, pues anualmente invierte 9.200 millones de dólares.

10 En realidad, es una formulación de un neonazi chileno llamado Alexis López, quien la presentó como una forma de interpretar la rebelión chilena. Este personaje fue invitado en varias ocasiones para que diera charlas en las academias militares de Colombia.

11 “Para una crisis sin precedentes, Duque propone una solución que ya fracasó”, en https://lasillavacia.com/ (Consultada el 19 de mayo de 2021).

12 Juan Diego Quesada, «En la trinchera de Puerto Resistencia, el bastión insurrecto de Cali», en https://elpais.com/internacional/ (Consultada el 15 de mayo de 2021).

13 «Cómo es Puerto Resistencia, la rotonda de Cali que manifestantes convirtieron en una fiesta del paro nacional», en https://www.semana.com/nacion/articulo/como-es-puerto-resistencia-la-rotonda-de-cali-que-manifestantes-convirtieron-en-una-fiesta-del-paro-nacional/202157/ (Consultada el 20 de mayo de 2021).

14 «Siloé: viaje a la entrañas de la protesta en Cali», en https://www.semana.com/nacion/articulo/siloe-viaje-a-la-entranas-de-la-protesta-en-cali/202119/

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