• Palabras de Heidy Valencia en la conferencia de prensa oficial para presentar el proyecto de ley por Aborto Legal.

El movimiento de mujeres internacional se caracteriza por su dinamismo, por ser muy potente y juvenil. En los últimos años se fortaleció en el mundo y en la región a través de luchas contra las medidas neoliberales de los gobiernos, con el ¡Ni una menos! y la lucha por el derecho a decidir. En este recorrido logró conquistas históricas, como es el caso de las compañeras argentinas que, luego de décadas de organización y movilización, hoy tienen el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Con este triunfo, el movimiento feminista también muestra que la lucha es el camino para obtener conquistas.

América Latina es una región con algunas de las leyes sobre aborto más restrictivas en el mundo, ante lo cual el movimiento de mujeres, en el último periodo, viene en ascenso para exigir el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Esta lucha ocurre en un contexto de gobiernos aliados a sectores conservadores y anti-derechos que, aferrados a la idea de que las mujeres somos incubadoras de fuerza de trabajo barata, reclaman para sí mismos el control sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, el movimiento de mujeres no se detiene ante este conservadurismo y fundamentalismo religioso.

En Costa Rica, producto del impulso internacional de la Marea Verde en el 2018 se conformó Aborto Legal Costa Rica (ALCR), un movimiento que agrupa distintas organizaciones, colectivas y activistas que se organizó para exigir a Carlos Alvarado la firma de la norma técnica para el acceso al aborto terapéutico, así se generó una campaña que fue acompañada de manifestaciones y finalmente con la presión de la movilización logró garantizar este derecho y también posicionó la lucha por el aborto legal.

Desde ALCR hemos elaborado un proyecto de ley para someterlo a un proceso de iniciativa popular con el objetivo de impulsar una Campaña Nacional para luchar por la legalización de la interrupción del embarazo y posicionar el carácter social del problema del aborto, cuya penalización acarrea consecuencias negativas y constituye un factor de riesgo para la salud humana. El derecho a decidir, al ser un Derecho Humano negado en Costa Rica, es también una deuda histórica del Estado con las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

Este proyecto de ley pretende abrir un debate que reconozca la autonomía de las mujeres como problema social, y lo ponemos a disposición del movimiento de mujeres que –incansable, masivo y compuesto por mujeres cada vez más jóvenes- tiene un mundo por ganar. La presentación de este documento es un acontecimiento histórico, una conquista feminista, de la juventud y el conjunto de quienes luchan por los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.  

En resumen, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo busca:

  1. Legalizar la interrupción del embarazo y eliminar cualquier rastro de criminalización o discriminación hacia quienes ejerzan ese derecho. 
  2. Garantizar el acceso a abortos libres, seguros y gratuitos, que serán costeados mediante seguro de salud y de acceso universal tanto para personas residentes como para personas que transiten por el territorio nacional.
  3. Sancionar formas de violencia provenientes de particulares, profesionales o instituciones, que atenten contra la autonomía y la voluntad de las mujeres y las personas con capacidad de gestar en el ejercicio de su derecho a decidir sobre sus cuerpos.
  4. Introducir un cambio de paradigma en la tutela del Estado hacia las personas menores de edad donde prevalezca el derecho a una vida digna, en hogares donde sean deseadas y amadas, con acceso a oportunidades de desarrollo desde el nacimiento.
  5. Reconocer la autonomía corporal de todas las mujeres y personas con capacidad gestante para decidir sobre sus proyectos de vida y maternidades. 
  6. Garantizar que toda mujer y persona con capacidad gestante pueda interrumpir un embarazo cuando no lo desee, sin obstaculización de los procedimientos de atención médica, así como asegurar la protección a aquellas que sí deseen llevarlo a término. 
  7. Erradicar la discriminación o violencia contra las mujeres y personas con capacidad gestante que soliciten la interrupción de su propio embarazo o que hayan ejercido ese derecho.
  8. Permitir el aborto voluntario con consentimiento de la mujer y la persona con capacidad gestante hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional. Fuera de este plazo se practicará el aborto terapéutico con consentimiento si el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer y la persona con capacidad gestante.
  9. Que el Ministerio de Educación, junto con otras instituciones competentes, incluya en los programas de enseñanza para todos los niveles de educación obligatoria esta legislación, además temas relativos al uso de métodos anticonceptivos, el derecho de las personas a disfrutar de su sexualidad libre de toda forma de violencia, desde la autonomía y el consentimiento, entre otras temáticas atinentes a la vivencia de la salud sexual y salud reproductiva desde la autonomía y el consentimiento.
  10. Que la Dirección General del establecimiento de salud garantice que la objeción de conciencia no genere retraso o impedimento para la realización de la interrupción del embarazo, de modo que deberá resolver de forma inmediata aquellos casos en los cuales se presente la objeción de conciencia. Para el caso de una emergencia obstétrica, no se podrá invocar la objeción de conciencia cuando la persona profesional en salud objetora sea la única disponible en el establecimiento de salud.

En síntesis, pretendemos compatibilizar el marco normativo, y el sistema de educación costarricense, con los convenios internacionales suscritos por el Estado en materia de derechos sexuales y reproductivos; donde el paradigma imperante sea el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad gestante, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida, a vivir maternidades deseadas y garantizar un desarrollo digno para las personas menores de edad, así como del derecho a vivir una sexualidad libre de violencia y desde el consentimiento. 

Desde Aborto Legal Costa Rica estamos conscientes de que la legalización del aborto es un paso necesario para ir más lejos, hacia la emancipación global de las mujeres y un proyecto socioeconómico distinto al vigente. Este debate solo lo puede saldar el movimiento de mujeres. El resultado, como la historia misma, lo escribiremos con nuestra lucha. 

¡Será Ley!

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