• Carlos Alvarado anunció querer reducirle las cargas sociales a las patronales, haciéndoles un regalo de mínimo ₵240 mil millones. ¿Quien pagará eso?

Johan Madriz

El Banco Central elaboró un documento titulado “Simulación de los efectos de una reducción en las cargas patronales sobre el empleo formal y la recaudación”. En este supone diferentes escenarios de afectación en el empleo si se reducen las cargas patronales que actualmente pagan los empresarios.

El banco parte de la hipótesis de que “el alto costo del factor trabajo que implican las cargas sociales (en particular, la diferencia entre lo que el empresario paga por el empleado formal y el salario neto que recibe el empleado) genera desincentivos para la formalización, y redunda en una alta tasa de desempleo y una alta tasa de informalidad”.

Este es un viejo verso neoliberal que liga los tributos asociados al empleo con los índices de desempleo y crecimiento económico. El nivel de empleo depende más de la productividad general del país, aspecto que no se aborda, lo cual mantiene al país como uno en los que en promedio se trabaja más tiempo, pero con una productividad baja.

Las medidas que toma el gobierno, tendientes a reducirle los impuestos (o cualquier tipo de gravamen) a los empresarios, parten de un enfoque equivocado en el que supuestamente con estas medidas obtienen más ganancias y por tanto pueden invertir más (en contratación de personal, construcción de infraestructura o desarrollo tecnológico), lo que a su vez derrama prosperidad a toda la sociedad. Lo cual se ha demostrado falso. En realidad, esto solo implica una mayor apropiación de riqueza, con el agravante de un Estado con menos recursos que, por su carácter burgués, recurrirá a saquear el bolsillo de los sectores populares para sostenerse, aumentando los niveles de explotación.

Los aportes patronales actualmente suman un 26.5% de cada salario y se dirigen a financiar los seguros de salud (SEM), las pensiones (IVM, ROP, FCL), capacitación técnica (INA), ayudas estatales a personas de bajos recursos (Fodesaf, IMAS), seguros por accidentes laborales (INS) y al Banco Popular. El estudio establece cinco diferentes escenarios: mantener las cargas patronales como están actualmente y reducirlas en un 25%, 50%, 75% o 100%.

Con la primera opción se mantiene todo igual como hasta ahora. En el segundo caso las cargas pasarían a ser del 19.90%, lo cual implica que se podrían mantener los montos que se destinan a SEM e IVM, pero todos los demás serian desfinanciados. Se crearían 120 mil empleos formales y el desempleo bajaría del 19.69%, que utiliza como referencia en el estudio, a 17.30%. Para poder cubrir esta rebaja el gobierno debe buscar fuentes de financiamiento alternativo por ₵240 mil millones (0.63% del PIB).

La tercera alternativa es la que parece agradar mas a los “analistas”. Esta implica una reducción de 50% en las cargas patronales con lo cual, supuestamente, el empleo formal subiría al 68% y se reducirían en 50 mil las personas desempleadas. En este caso serian necesarios ₵552 mil millones para cubrir el hueco fiscal (1.45% del PIB).

En los escenarios 4 y 5 el empleo formal subiría a 74.80% y 83.30%, respectivamente, al bajarse las contribuciones en un 75% y 100%. En estos casos extremos múltiples programas sociales serian completamente desfinanciados y para sostenerlos habría que tapar una gigantesca grieta de entre ₵962 mil millones y ₵1.5 billones.

Para tener un punto de comparación el impuesto a los combustibles, uno de los más importantes por su nivel de recaudo, ingresaría este año a las arcas ₵515 mil millones, un monto inferior al necesario en el escenario 3. Para el presupuesto nacional de este año se dieron recortes por ₵393 mil millones, una cifra histórica, la más alta registrada en décadas, y solo cubriría el hueco que se generaría con la segunda opción.

Tres candidatos y una candidata presidenciales se han pronunciado a favor del primer escenario. Jose Maria Figueres del PLN propone compensar el faltante de los aportes no relacionados con la CCSS con impuestos, sin indicar cuales. Lineth Saborío, del PUSC, va en la misma línea solo que detallando que aumentaría la tasa de un impuesto existente. Por su parte, Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional y Eliecer Feinzaig del Liberal Progresista se oponen a más impuestos, en su lugar apelan a la “eficiencia del gasto” por lo que fusionarían 23 instituciones de asistencia social en una sola, además, el segundo cree necesario eliminar definitivamente el aporte al Banco Popular y la tercerización de servicios por parte de la CCSS.

Por su parte el presidente Carlos Alvarado ya anunció su interés en que esta propuesta sea implementada durante su gobierno. En ese sentido recordó que desde el año pasado había formulado un impuesto a las transacciones bancarias y que de ahí podrían salir los recursos. Está era un impuesto ultra reaccionario que gravaría todos los movimientos en el sistema bancario, desde retirar dinero en un cajero automático hasta pagar un recibo.

Para sus conclusiones el documento señala que el faltante de recursos no sería compensado con el aumento de cotizantes y el crecimiento económico estimado, por lo que “las simulaciones incorporan los efectos macroeconómicos de los nuevos impuestos” que se tendrían que crear para saldar los montos no aportados por los patronos. Aun así, el BCCR determina que “los efectos netos en crecimiento y bienestar son positivos”.

Como se mencionó arriba todo este estudio parte de un supuesto equivocado y asume que habrá un correlato directo entre disminución de la carga patronal con generación de empleo. De esta forma no se toman en cuenta otros factores macroeconómicos y en especial un aspecto, con la pandemia se redefinieron los términos de producción y se avanzó en una mayor explotación, reduciendo la cantidad de mano de obra requerida.

Por otra parte, este plan ataca justamente uno de los sectores que mas debilitados se encuentran: la seguridad social. Es evidente que ya el sistema de salud publica y jubilatorio se encuentra en números rojos y con la necesidad de ajustes para alcanzar un equilibrio, pero el gobierno avanza no en medidas progresivas sino en cargarle el peso a los sectores trabajadores. Esta propuesta del BCCR golpearía, aun mas, las finanzas de la CCSS.

De esta forma esta propuesta en cualquiera de sus opciones corresponde a un regalo de cientos de millones a las patronales a costa de nuevos impuestos que serán, indudablemente, contra los sectores populares.