Una juventud anticapitalista para cambiarlo todo

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La acumulación de riqueza en el modelo neoliberal a partir de los años ochenta es cada vez más concentrada en los sectores burgueses, lo que ha venido acompañado de una serie de políticas para debilitar el accionar del Estado en la economía, abriendo espacio para que sea la empresa privada la que funde nuevos nichos para la acumulación de capital. Esto ha significado el debilitamiento del Estado, las políticas sociales, las instituciones y los derechos democráticos, durante este periodo para amplios sectores de la juventud trabajadora y estudiantil.

Hay un retroceso histórico en las conquistas y derechos de las luchas del siglo XX. En el caso del sector público se puede ejemplificar en la situación de precarización laboral de quienes son nuevas personas trabajadoras, como es el caso del ICE y otras instituciones, porque ingresan sin los derechos de la convención colectiva vigente. Además, otros golpes como el de la Ley anti-huelgas, el Plan Fiscal y el proyecto de Ley de Empleo Público (aún en trámite) atacan las condiciones salariales y laborales, mientras que, debilitan la organización sindical. Por otro lado, la tercerización laboral, donde el Estado subcontrata empresas para realizar labores, conlleva un debilitamiento de las condiciones de vida de los sectores trabajadores más jóvenes, dado los mayores niveles de explotación en la empresa privada.

Los puestos de trabajo para la juventud están limitados, y son quienes más sufren de desempleo, que alcanza el 40% en la población de 18 a 35 años, mucho mayor que el desempleo en general que alcanza el 18,1%, agudizado por la pandemia de la Covid-19. La llamada flexibilidad laboral de los empleos sin regulación, que aprovecha la tecnología y los medios de información para llevar a cabo sus actividades productivas, genera inestabilidad en la juventud trabajadora, acompañado de pésimas condiciones laborales.

Como parte de la precarización y las casi nulas oportunidades laborales las personas jóvenes son lanzadas a trabajar en plataformas de transporte. Según la CEPAL y la OIT en el caso de Costa Rica la mayor parte de quienes trabajan en este sector son jóvenes, quienes al llegar a estos empleos se encuentran en condiciones hiper precarizadas y ni siquiera con el reconocimiento de la relación laboral.

La posibilidad de la juventud para acceder a vivienda propia es muy limitada, la mayoría es condenada al alquiler permanentemente. La política de vivienda en el país no se adapta a los ingresos reales de la clase trabajadora ni de la juventud, pues se desarrolla para los sectores adinerados, restringiendo el acceso a las y los de abajo. El gobierno está atacando el presupuesto general para vivienda. Para el presupuesto del 2022 planteó un recorte de, al menos, 26 mil millones de colones, los cuales sumados a los realizados en 2020 y 2021 ascenderían a la suma de 64 mil millones de colones, con lo cual se están dejando de construir alrededor de 6.200 viviendas  y, por tanto, la juventud tiene más dificultad para acceder a un bono de vivienda.

En cuanto a la educación, cada vez se profundiza más un modelo dirigido a las necesidades del mercado y no al desarrollo de las habilidades e intereses. Diferentes medidas, como la restricción al financiamiento, están debilitando a las universidades públicas y principalmente sus programas de acción social. También, diversos estudios han señalado un “apagón educativo”, potenciado por la mala gestión durante la pandemia, pero que refleja décadas de ataques a la educación pública. De esta forma, cada vez más, las personas jóvenes no tienen más opción que endeudarse para acceder a las instituciones privadas, que son empresas cuyo fin es generar ganancias y funcionan prácticamente sin regulación.

La juventud trabajadora carga con la tarea histórica de construir una nueva sociedad, para lo cual resulta necesario organizarse y luchar por medidas anticapitalistas para cambiarlo todo y botar un sistema que no ofrece perspectivas de futuro. 

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos lo siguiente para la juventud:

  1. Derechos laborales. Por la defensa de todos los derechos laborales, convenciones colectivas de trabajo y condiciones de vida para las nuevas generaciones trabajadoras, tanto en la institución pública como en el sector privado. Por empleos de calidad, jornadas laborales pagadas correctamente, salarios que permitan acceder a créditos de vivienda, estudios u otras necesidades del sector.
  2. Derechos políticos desde los 16 años. La juventud se está colocando el frente de las luchas contra el cambio climático, el aborto y otros derechos tomando una posición crítica con respecto a las políticas gubernamentales. Además, con las medidas de ajuste sus perspectivas de vida cada vez son más inciertas. La legislación laboral permite el trabajo de menores de edad desde los 12 años, sin embargo, sus derechos políticos son adquiridos hasta los 18 años Proponemos que la edad para ejercer derechos políticos sea desde los 16 años.
  3. Plan de acceso a la vivienda. Por una política de vivienda para la juventud trabajadora y de los sectores populares, que sea ecológica, accesible, de bajos costos, integrada socialmente, ubicada estratégicamente, con un plan de desarrollo urbano general, y que tenga amplia participación, democrática y vinculante de los sectores juveniles, en su diseño, ejecución y desarrollo. 
  4. Congelamiento del precio de los alquileres. Los alquileres residenciales en el país son de los más caros en el mundo y la población joven y trabajadora es la más afectada en cuanto no tienen acceso a vivienda propia. Se estima que los apartamentos en el área metropolitana rondan entre 400 dólares y mil dólares, costos similares a los de capitales como Madrid, Roma o Londres. Ante esto es necesario un congelamiento de los precios de los alquileres más onerosos.
  5. Educación Pública para la clase trabajadora y los sectores populares. Por un 10% del PIB para la educación y el 2% para las universidades. Por educación sexual laica, feminista y científica, y escuelas y colegios con preparación al nivel de los centros privados, con infraestructura adecuada, equipos, personal docente calificado para una educación que enseñe a pensar y crear, y no a obedecer a los capitalistas, conservadores y opresores de la sociedad.
  6. Ampliación de horarios en centros educativos. Ampliar la oferta horaria de clases en todos los niveles educativos para que la joven clase trabajadora pueda acceder a la educación, según el INEC para el 2020 un 30% de la población adolescente sólo se dedica a trabajar. En cuanto a la población universitaria, por ejemplo, en la UCR un 30,1% del estudiantado también cuenta con un empleo. Por lo cual tiene que haber suficiente disponibilidad de horarios vespertinos y nocturnos.
  7. Transporte público gratuito para estudiantes. Al igual que el pasaje gratuito para personas adultas mayores se debe establecer la gratuidad en el uso de transporte público para los y las estudiantes en todos los niveles.
  8. Fortalecimiento de los colegios técnicos. La tasa de jóvenes de 15 a 24 años que no estudia ni trabaja era del 25% para el 2020, colocando a Costa Rica como el tercer porcentaje más alto de la OCDE. Una salida a esta problemática es aumentar la cantidad de colegios técnicos para fomentar la formación de las personas jóvenes, buscando que la formación sea integral, humanista y crítica, ante lo cual se plantea la derogatoria de la Ley de Educación Dual que pone estos centros educativos –y al estudiantado– al servicio de los sectores empresariales y vulnera sus derechos laborales.
  9. Regulación de la educación universitaria privada. Hay que regular los costos para los y las estudiantes de la educación universitaria privada y aumentar los impuestos sobre las ganancias de estas empresas. Necesitamos una mejor regulación de la educación universitaria privada, porque en su mayoría son los sectores trabajadores los que se ven obligados a ingresar al sistema privado de educación superior. Asimismo, hay que intervenir en la calidad de la educación privada, que es menor a la pública en términos de infraestructura, recursos, personal docente, etc.
  10. Conexión y equipo para las y los estudiantes. La virtualización del sistema educativo planteó la discusión del acceso a los dispositivos electrónicos. Según datos del MEP hay 425 mil estudiantes con problemas de conectividad y unos 300 mil sin acceso a dispositivos. Esto aun cuando el Fonatel cuenta con 203 mil millones de colones en un fondo que puede ser usado para darle dispositivos y acceso a internet a las personas estudiantes el cuál se debe ejecutar en dicho fin.
  11. Eliminación de las Pruebas FARO. Actualmente el país avanza en un modelo educativo para el mercado, propiciando la adquisición de habilidades y conocimientos estrictamente para trabajar. En este sentido, las pruebas FARO son una “recomendación” de la OCDE y atienden a un modelo de pruebas estandarizadas que no distinguen las desigualdades educativas en las distintas regiones del país.
  12. Invertir en el INA. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) matriculó el año pasado en sus programas a 21.176 personas, de las cuales sólo se graduaron 14.630, esto tomando en cuenta las afectaciones de la pandemia. Hay que defender el INA y ponerlo en función de los intereses y necesidades de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres, para que la formación de mano de obra calificada sea un beneficio para toda la sociedad, y no solo para la producción de mercancías y la acumulación privada.
  13. Recursos para CONAPE. Fortalecimiento y financiamiento para CONAPE que entre 2010 y 2020 redujo la cantidad de personas beneficiadas en un 30%, pasando de 21 mil a 15 mil.
  14. 2% del PIB para investigación y desarrollo. El país invierte un 0.43% del PIB en investigación y desarrollo, proponemos aumentar esa cifra hasta el 2%, con inversión en infraestructura, becas en carreras de ciencias, informática y matemáticas, programas de investigación, especializaciones y desarrollo. Que el conocimiento y la tecnología sea de uso libre, no a las patentes privadas.
  15. Impuestos al gran capital. Hay que cambiar el sistema tributario del país para que sean las grandes empresas y fortunas las que financien este plan para la juventud. Abogamos por el establecimiento de las medidas ficales progresivas contenidas en este programa.

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