Por Redacción
Hace unas horas recibimos la denuncia sobre la posible reinstalación del profesor Minor Salas Solís como docente con 1/8 de tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en concreto en el curso DE-3007 Derecho Penal IV grupo 04.
Salas Solís fue separado de su cargo como docente meses atrás, luego de que el Semanario Universidad hizo públicas denuncias en su contra por parte de estudiantes, ex estudiantes y egresadas de la Facultad de Derecho de la UCR, debido a los insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales que les realizó. Además, en 2015 fue suspendido ocho días por una denuncia de acoso sexual.
Esto generó un movimiento de protesta estudiantil articulado en “Me pasó en la UCR”, producto del cual las autoridades universitarias se vieron presionadas para remover a Minor Salas de sus funciones como docente. A pesar de esto, será restituido en su cargo de docente por mandato de la Vicerrectoría de Docencia.
Izquierda Web CR tiene copia del oficio FD-3018-2019 que, en su segunda página, indica que “A pesar de que el proceso disciplinario no ha sido resuelto y que se mantiene la situación de riesgo latente para nuestra población estudiantil, esta Vicerrectoría decidió por medio del oficio VD-2952-2019 del 9 de agosto de 2019 no autorizar la excepción del ejercicio de la docencia directa (…)Frente a esta situación, esta Decanatura se ve en la obligación de modificar el plan de trabajo del Prof. Minor Salas Solís con el fin de cumplir con la normativa universitaria, sin por ello desproteger a nuestra población estudiantil”.
En horas de la mañana nos comunicamos con la Facultad de Derecho para corroborar la información, pero tras consultar en la recepción nos remitieron a consultar al correo secretariadecano.fd@ucr.ac.cr, del cual nos confirmaron en horas de la tarde la autenticidad del documento.
¿Medidas complacientes contra los acosadores sexuales?
El caso de Minor Salas reabrió el debate sobre la poca eficiencia de las denuncias de acoso sexual en la UCR, debido a que son pocas las que terminan con una sanción y, cuando así sucede, las mismas son bastante suaves. Los datos oficiales son prueba de esto: “De acuerdo con datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, entre el 2015 y el 2018 se presentaron 65 denuncias. De estas, en 15 casos se aplicaron sanciones de entre cinco y ocho días de suspensión, hubo tres despidos y 30 no tuvieron sanción por motivos como “no haber suficientes elementos de prueba, porque la persona ya no tenía vinculación con la Universidad o porque la persona denunciante no quiso continuar con el proceso, o que es un asunto de otra materia, académico o laboral, o que era de personal de servicios (externos), que la sanción la pone el patrono correspondiente”. El resto de los expedientes, correspondientes al 2018, se encuentran todavía en trámite.” (SEMANARIO UNIVERSIDAD, 2019. https://semanariouniversidad.com/pais/temor-a-proceso-y-represalias-dificultan-a-estudiantes-denunciar-hostigamiento/)
De acuerdo a Sthefanny Zúñiga, miembro de la corriente estudiantil ¡Ya Basta! y de la organización feminista Las Rojas, “es necesario que la UCR y autoridades encargadas, tomando en cuenta la participación del estudiantado, funcionarios y docentes, realicen una reformulación del reglamento sobre el hostigamiento sexual y atender los vacíos y deficiencias que este tiene. Las campañas para fomentar las denuncias son importantes, sin embargo, los recursos no se deben limitar a eso, sino profundizar en la investigación y detección de posibles acosadores y abusadores que mantenga la institución”. Asimismo, señaló que era prioritario atender la situación en las sedes regionales, donde “se requiere la descentralización de los procesos de denuncia y atención al estudiantado para estos casos, ya que ante un hecho de acoso o abuso sexual requieren acudir a la sede Rodrigo Facio para denunciar y realizar todo el proceso de atención psicológica y legal, esto les demanda más tiempo y recursos económicos”.
Para Heidy Valencia, dirigente de Las Rojas y egresa de la UCR, resulta fundamental la “organización de las mujeres universitarias para continuar en pie de lucha contra todo este tipo de violencia en la institución, y exigir justicia para las denunciantes y cárcel para los abusadores sexuales. Además, debemos exigir la atención inmediata a estas denuncias para que se tomen medidas contundentes, en primer lugar, separar de su cargo a todos los funcionarios con un proceso investigativo abierto para no exponer a estudiantes a una posible situación de violencia”.
