Por Sthefanny Zúñiga
El año pasado el cierre de semestre en las universidades públicas fue muy movido, con el movimiento estudiantil tomando edificios, posicionándose contra los recortes provenientes del gobierno, el cual terminó condicionando 35 mil millones del presupuesto para la educación superior (FEES). Así, tanto el Ejecutivo junto a la Contraloría General de la República (CGR) como la Asamblea Legislativa a través de la “Comisión para investigar el FEES” han impuesto a la institucionalidad pública la ley Fiscal 9635, tomando matices sumamente autoritarios para imponerla.
Dentro de la coerción ejercida por estos dos poderes se encuentra, por un lado el Legislativo exigiendo a las Universidades que entreguen documentos para verificar el ajuste a la ley: “Estamos esperando un análisis de cada una de las universidades, de forma individual, en relación con los recursos que podrían ahorrarse si se aplicara, en su totalidad, el capítulo tercero de la reforma fiscal (…). Específicamente es el capítulo sobre empleo público: el límite al crecimiento exponencial y porcentual de las anualidades, pago de cesantías, dedicación exclusiva, carrera profesional, entre otros”[1]. Se debe recordar que esta Comisión se ha caracterizado por atacar a las universidades e incluso, en ocasiones diputados que la conforman han amenazado con reformas al financiamiento universitario.
Por otra parte el Ejecutivo encontró en la Contraloría -una vez salió Aguilar de Hacienda- una gran escudera de la ley Fiscal la cual, incluso ha entrado en conflicto con el Poder Judicial por la aplicación del Plan Fiscal. En cuanto a las Universidades, el ataque más directo fue archivar el presupuesto para el 2020 por no presentar una certificación de la Autoridad Presupuestaria de Hacienda exigida por dicha ley. Esto deja a las Universidades con un presupuesto reducido, e incluso inferior al del 2019. “La respuesta del Área de Servicios Sociales de la Contraloría aclara que al presupuesto 2019 se le deben excluir los ingresos y gastos que, por su naturaleza, solo tuvieron eficacia para ese año.”[2]. En este punto es preciso retomar un aspecto: el presupuesto del 2019 contaba con un recorte de 10 mil millones lo cuál hizo que casi no creciera.
Ante estos ataques las rectorías continúan capitulando a favor del gobierno, bien sea sentándose a firmar acuerdos a espaldas del estudiantado, o sentándose a esperar resoluciones de la Sala Constitucional mientras dejan que se materialicen los recortes, o bien los aplican a cuenta propia.
En este último sentido principalmente los rectores de la UTN y el TEC se han prestado para realizar el ajuste exigido por el gobierno, tanto así que van a aplicar recortes sobre el conjunto trabajador: “desde este mes de enero, a los salarios de las personas que laboran en estas instituciones se les aplica la anualidad como un monto nominal sobre el salario base (ya no como un porcentaje), así como modificaciones en la aplicación de los pagos por prohibición, dedicación exclusiva, reconocimiento de títulos académicos, entre otros.”
Y dándose más a fondo en la UTN que sobre está acción dicen lo siguiente: “Me parece que no lo revertiríamos, porque de verdad nosotros sabemos que es necesario contener el gasto en remuneraciones; no nos rasgamos las vestiduras por lo que dicen a veces los enemigos de la Universidad de que se gasta tanto en remuneraciones, pero sí es necesario contener el gasto”[3]. En cuanto a la Universidad de Costa Rica, muy a pesar de su posición oficial viene aplicando el ajuste en distintas áreas, un ejemplo muy patente es la acción social[4] con proyectos actualmente desfinanciados, cierre de TCU’s, un decrecimiento en su presupuesto del 6 (cuando dicho presupuesto es un 3% del presupuesto universitario) y despidos (por reducir aún más el presupuesto, y en esta partida también es una de las que menos dinero recibe).
Además se anuncian recortes a Vida Estudiantil, lo cual comprende:
- Oficina de becas.
- Oficina de orientación: el CASED (para atención a personas con algún tipo de discapacidad o limitación), los Case y la Casita Infantil Universitaria.
- Oficina de bienestar y salud (atención psicológica, por ejemplo).
Además en cuanto a las remuneraciones salariales se han tomado las siguientes medidas de nuevas solicitudes por conceptos de: zonaje, anualidad, recargo de funciones, pasos académicos, incentivo salarial, diferencia específica y actualización de derechos laborales de ex-becarios al finalizar el contrato de beca. Y claro, mientras todo esto sucede la rectoría cuenta con el presupuesto necesario para abrir una oficina en México, que por más intercambio e internacionalización cabe cuestionarse a quién sirve ¿A quién sirve que mientras se recorta acción social, becas y salarios se abra una oficina en otro país? ¿Con qué presupuesto se mantendrá?
Todas estas medidas tomadas, en primer lugar por el recorte de la Contraloría no aprobar el presupuesto del 2020, en segundo lugar a la capitulación de los rectores en favor del gobierno, dejando que pasen los recortes o impulsando ajustes a lo interno. Ante esta situación es preciso que el movimiento estudiantil continúe organizándose, desde ¡Ya Basta! Planteamos la realización de un Encuentro Universitario de Lucha para afrontar los ataques del gobierno y rearmar el movimiento estudiantil para poder defender el modelo de Universidad Pública.
[1] Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/comision-fees-espera-datos-de-remuneraciones-de-universidades-para-emitir-informe/
[2] Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/universitarias/presupuesto-universitario-estaria-aprobado-la-proxima-semana/
[3] Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/universitarias/tec-y-utn-aplican-reforma-fiscal-a-los-salarios-mientras-conare-espera/
[4] Izquierdaweb.cr https://izquierdaweb.cr/titulares/universidades/manifestacion-en-defensa-la-accion-social-y-los-derechos-laborales/
