Por Sthefanny Zúñiga
Tal como se hemos indicado en artículos anteriores durante las administraciones del PAC se han intensificado los recortes al presupuesto universitario, de forma general el FEES cayó hasta llegar al 1.32% del PIB para el año pasado. También se remarca que el crecimiento real del FEES negociado en el presente convenio deja el presupuesto con un crecimiento real del 0% en el mejor de los escenarios.
En un artículo reciente Rectoría celebra que para el 2020 tendrán un “ahorro de más de 47 mil millones de colones en un período de cuatro años”[1], de forma ilustrativa esa cifra representaría, apenas, un 1.09% del monto actualmente aprobado para el FEES. Ahora bien, lo dañino de dichas medidas son las consecuencias que tienen, por un lado para el estudiantado y por el otro para las y los trabajadores de las universidades. Según señalan en el artículo las medidas que fueron adoptadas por todas las universidades son las siguientes:
“… el reajuste salarial no mayor al crecimiento del costo de la vida; uso de plaza vacantes, horas extra, recortes en viajes al exterior, ahorro en los combustibles, cambios en los sistemas e iluminación por sistemas de energía limpias y eco-sustentables, capacitaciones y actividades protocolarias, entre otras.”1. En el caso particular de la UCR se restringen nombramientos por servicios especiales los cuales son contrataciones temporales a personas para distintas tareas, disminución de la actualidad, y otorgarle dedicación exclusiva sólo a quienes tengan el grado de licenciatura y según el “interés” institucional. Estas medidas permean a toda la comunidad universitaria, por poner un ejemplo la reducción en la partida para combustibles dificulta la realización de giras, tal como sucedió el semestre pasado, al cierre del mismo no se podían hacer giras por falta de presupuesto.
Otro punto de amplia afectación son los constantes ataques a los salarios de las y los trabajadores, ya que en primer lugar según un análisis del Instituto de Investigaciones Sociales (hace tres años) la mayor parte de quienes laboran en la Universidad, unas 1.500 personas estaban ganando 250.000 colones o menos[2] y, actualmente, sólo en el área de docencia existe un 65% de interinazgo, o sea personas a las cuales sólo se les paga 9 meses al año, tienen inestabilidad laboral y sueldos bajos. Todo ello incide en la formación del estudiantado, pues las malas condiciones laborales repercuten en el desarrollo de las personas causando estrés, apatía, etc. lo cual perjudica el desarrollo de las lecciones.
Como futuros recortes, desde ya, anuncian lo siguiente: “revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Técnica Nacional), reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos (Universidad de Costa Rica), suplencias solo para licencias (Universidad de Costa Rica y Conare), revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico (Universidad Nacional y Universidad Técnica Nacional), reducción de remuneraciones extraordinarias (Universidad de Costa Rica), reducción en la contratación del servicio de alquileres (Universidad Nacional), entre otras disposiciones.”1
De manera general es remarcable la concentración de los recortes en la UCR a la vez que estos se centran en atacar tanto las condiciones de estudio como las laborales. Esto, por ejemplo al reducir los tiempos docentes -que ya se está haciendo- lo cual por un lado obliga a abrir menos grupos, ampliar la cantidad de estudiantes por grupo (aun cuando ya hay carreras con hacinamiento) y por el otro deja con menos, o ningún, trabajo a docentes principalmente quienes están en condición de interinazgo.
Fuera de la Universidad las élites nacionales cierran filas en contra de su financiamiento, ya no son pocas las veces en las cuales el actual presidente dice que si no se ajustan a lo que él quiere tendrán que buscar su propio financiamiento, actualmente lo hace replicando el accionar neoliberal de Hacienda[3], entidad que se desentiende de los límites legales existentes con tal de reducir las instituciones públicas y generar más ganancias para el sector privado.
Por todo lo anterior desde ¡Ya Basta! Reiteramos el llamado a conformar un Frente de Lucha por la defensa del FEES articulado entre estudiantes y trabajadoras y trabajadores de la Universidad, es de vital importancia rearticular el movimiento estudiantil para defender una educación pública de calidad y que solvente las necesidades tanto del sector trabajador como del estudiantil.
[1] https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/08/27/contencion-del-gasto-realizado-por-las-universidades-publicas-y-el-conare-genera-un-ahorro-de-mas-de-47-000-millones.html
[3] https://www.crhoy.com/nacionales/alvarado-apoya-a-rocio-aguilar-las-instituciones-que-no-quieran-la-regla-fiscal-busquen-sus-propios-recursos/amp?__twitter_impression=true
