Por Heidy Valencia Espinoza
El día de hoy el Ministerio de Salud dio a conocer el contenido de la norma técnica para el aborto impune estipulado en el artículo 121 para cuando corre riesgo la salud y vida de las mujeres. De esta manera, el jerarca anunció el envío del texto a la Junta Directiva de la CCSS para una consulta no vinculante. En un plazo de tres días, después de las observaciones (según el Ministro de Salud, Daniel Salas) el presidente firmaría la norma técnica.
En primer lugar, queremos señalar que a pesar de las promesas de campaña de Carlos Alvarado, a un año y siete meses de su administración, continúa sin firmar la norma técnica que garantice el aborto impune debido a que, según él mismo, la prioridad de su gobierno era la aprobación de la reforma fiscal, es decir, el ajuste contra la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, por medio de la negociación con los sectores conservadores y recalcitrantes que se oponen al aborto impune y a los derechos de las mujeres. Es decir, el gobierno del PAC demostró que ataca a los de abajo y utiliza los derechos de las mujeres como moneda de cambio.
En segundo lugar, queremos señalar importantes falencias en la norma técnica porque no satisface nuestras demandas, por el contrario, es un texto que sintetiza un acercamiento del gobierno y lazos estrechados con grupos conservadores y religiosos que son anti-derechos.
- La propuesta de norma técnica establece restricciones al aborto impune que ni siquiera están establecidas en el Código Penal, puesto que la última palabra sería potestad de profesionales de salud, quienes podrían dictaminar que no se requiere la interrupción del embarazo. Por ejemplo, el proceso supone que la mujer solicita al médico tratante el procedimiento, este eleva la solicitud a la Dirección General del centro de salud. En el centro de salud se formaría una comisión de tres especialistas; dos personas profesionales en medicina con especialidad en ginecoobstetricia y una persona profesional en medicina con la especialidad correspondiente con la patología de fondo que origina la valoración de la mujer, quienes tendrán tres días para analizar el caso y documentar los criterios médicos para considerar si pone en riesgo su salud y vida.
Este proceso podría conducir a la negativa, aunque sea deseado por las mujeres y aunque suponga comprometer su salud, a sabiendas de que la salud es integral, es decir, incluye la salud psicológica de las mujeres que son torturadas por ser obligadas a llevar a término un embarazo cuyo producto es incompatible con la vida extrauterina.
- La aplicación del procedimiento del aborto impune queda sujeto a un proceso en el que no necesariamente se garantiza su viabilidad. Por ejemplo, se establece que tendrá lugar en hospitales o clínicas que cuenten con la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos necesarios para su correcta aplicación.
Es decir, es muy posible que en centros de salud fuera del Valle Central donde no existen las condiciones para practicar el procedimiento, este no pueda llevarse a cabo, lo que obligaría a las mujeres a desplazarse kilómetros para poder atender su salud y acceder al derecho, esto a pesar de sus condiciones económicas, en muchos casos vulnerables. Por eso, podemos decir que no se garantiza la universalidad del derecho al aborto impune.
- La insistencia discursiva del Ministro de Salud, así como en el contenido de la norma técnica en explicitar que se agotarán todas las posibilidades para evitar la interrupción del embarazo responde al interés de llevar al límite a las mujeres para evitar a toda costa la interrupción del embarazo que arriesga la salud y vida de las mujeres, es decir, da pie para que profesionales de la salud intenten obstaculizar el procedimiento aunque sea requerido y solicitado.
Bajo este supuesto no se priorizan los derechos de las mujeres, por el contrario, su reiteración puede ser la justificación para que profesionales de salud nieguen el procedimiento médico.
Desde Las Rojas y el NPS señalamos que la postergación de la firma de la norma técnica constituye una reiterada violación de los derechos de las mujeres por parte del presidente Carlos Alvarado y el conjunto del gobierno, quienes se alían con sectores anti-derechos y contra las mujeres, sectores populares y trabajadores. Por eso, criticamos la norma técnica presentada hoy, la cual valoramos insuficiente.
El movimiento de mujeres debe ser un punto de apoyo, mediante movilizaciones, para garantizar que se practique el procedimiento cuando es totalmente necesario y salvaguardado por el artículo 121 del Código Penal.
De esta forma, planteamos como necesaria la organización y movilización de las mujeres para exigir que se firme inmediatamente una norma técnica acorde a los más altos estándares de derechos humanos. Asimismo, planteamos no darle ninguna tregua al gobierno ni a los sectores religiosos, conservadores y anti-derechos, por el contrario, es menester continuar luchando por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, de la mano del movimiento de mujeres que en el mundo entero está luchando contra el patriarcado y los diferentes gobiernos neoliberales.
