La deuda externa es uno de los principales mecanismos de expoliación que emplean las potencias capitalistas contra los países semicoloniales o subdesarrollados. Básicamente consiste en prestar dinero o comprar bonos a cambio de recibir altas retribuciones en intereses, dinámica que se transforma en un círculo vicioso que estrangula financieramente a los países acreedores de esos recursos. Agreguemos que estos préstamos son manejados por los gobiernos de los empresarios en beneficio de sus intereses y no del conjunto de la clase trabajadora. 

Debido al elevado déficit fiscal y la urgencia para conseguir dinero ante los problemas de liquidez para hacerle frente al pago de salarios, aguinaldos, pensiones y otros, la administración de Carlos Alvarado endeudó aún más al país, principalmente, con préstamos externos, una “salida” rápida que no resuelve los problemas estructurales de la economía nacional, lo cual requeriría una reforma fiscal progresiva que ponga a pagar a los grandes grupos capitalistas, banqueros y corruptos que evaden sus responsabilidades fiscales. 

De acuerdo con el IEN (2019), entre 2008 y 2018 el endeudamiento público del gobierno central creció de forma sideral, pues pasó del 24% al 54% del PIB. Además, se proyecta que para el 2022 alcanzará el 74%, sobrepasando el límite de endeudamiento “sostenible” del 50% del PIB para las economías “emergentes” (léase países semicoloniales o subdesarrollados). 

Por eso, Costa Rica tiene el segundo mayor porcentaje de pago de la deuda externa en América Latina, la cual representa cerca de un 10% del PIB. La deuda pública cerró el 2020 representando un 67% del PIB, con un crecimiento nominal de 11,26% y alcanzando los 29,79 billones de colones. La deuda interna creció un 10,02% a 22,19 billones de colones y la deuda externa llegó a 12.335,53 millones de dólares con un incremento de 7,16%. Durante el 2020 se aprobaron cuatro préstamos externos por 1.401,69 millones de dólares.

Se nota una tendencia a aumentar la cantidad de financiamiento externo, que, si bien implica menores tasas de interés, en términos políticos significa una mayor subyugación al capital internacional y sus condiciones. El servicio de la deuda interna para el 2020 disminuyó un 20,41%, pero aun así implicó el desembolso de 5,40 billones de colones, mientras que, para la deuda externa, aumentó un 70,05% llegando a 764,03 millones de dólares.

Bajo este panorama el 2020 cerró con un déficit financiero de 8,1% del PIB (en 2019 fue de 6,9%) mientras que el déficit primario (sin intereses) se situó en 3,4% del PIB. Para el 2021 la contención del gasto por parte del gobierno es aún mayor y ya, incluso, ha generado un superávit primario de 170 mil millones de colones (al 30 de junio).

El presupuesto planteado para el 2022 se sobre ajusta a las limitaciones establecidas en la regla fiscal, en la que bajo los actuales parámetros de deuda activa el escenario más restrictivo, que limita el crecimiento del gasto corriente y de capital (inversión). Así, el crecimiento del presupuesto es de apenas 1,94% y el principal rubro de gasto es el servicio de la deuda que consumirá el 43,2% del presupuesto, y de esto 2,2 billones de colones serán solo para cubrir los intereses (19,3% del presupuesto o el 5,49% del PIB). A pesar de esa enorme erogación el saldo de la deuda para 2022 será de 29,85 billones de colones, el equivalente al 74% del PIB.

Por todo esto, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos:

1. No al pago de la deuda. Por el cese inmediato del pago de la deuda externa en su totalidad y de la deuda interna que se encuentre en manos del empresariado privado. La deuda es una estafa para los países dependientes que solo funciona para enriquecer a grandes capitalistas mediante el pago de onerosos intereses, es el equivalente de las tarjetas de crédito en las economías personales.
2. Gravar el capital. Urgimos la aplicación de las medidas fiscales contenidas en este programa para generar más y nuevos ingresos destinados a atender las necesidades de los sectores populares.
3. Fuera FMI. Hay que salir del acuerdo con el FMI que es una máquina de pobreza con sus planes de ajuste estructural.
4. Derogar la regla fiscal. Derogatoria de la regla fiscal que es un mecanismo arbitrario y antidemocrático que facilita la implementación automática de recortes presupuestarios. 
5. Priorizar sector social. Nos oponemos a los recortes presupuestarios del gasto social. Ante los problemas de liquidez el gobierno debe priorizarse cumplir con el pago de salarios, pensiones y garantizar la inversión social.