La burguesía costarricense impulsó desde la década de los ochenta el modelo de exportaciones que caracteriza la economía capitalista del país. Bajo esta lógica se fomentan las ganancias de las grandes empresas y transnacionales en detrimento de los derechos laborales de la clase trabajadora, principalmente del sector privado donde el Código de Trabajo es permanentemente violentado.

Aunado a lo anterior, el sector privado carece de organización sindical, pues así lo impuso la burguesía costarricense al fomentar el solidarismo y atacar el sindicalismo. Aunque existe legalmente libertad para constituir sindicatos en la empresa privada, en cuanto esto sucede la dictadura de las patronales arremete contra las trabajadoras y los trabajadores, lo que imposibilita su organización. 

De esta manera, los derechos laborales de la gran mayoría trabajadora en el país son mancillados sin que haya capacidad real de organizarse y enfrentar a la patronal. Por este motivo, la empresa privada tiene sus propias reglas, sus aumentos salariales son aún más miserables y la patronal tiene libertad de despido, por lo que ejerce recurrentemente campañas del miedo, tal como lo hizo durante la campaña contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se amedrentó a trabajadoras y trabajadores para que votasen en el referéndum a favor del TLC o quedarían sin empleo. 

El Estado y los gobiernos de turno favorecen a las patronales, garantizan su libertad de despido y la exención de impuestos al gran capital, todo esto en menoscabo de la clase trabajadora. Asimismo, en el sector público, aunque se cuenten con más derechos, por ejemplo, los componentes salariales (anualidades, cesantías, entre otros), estos son constantemente atacados, tal como durante las administraciones del PAC, tanto Luis Guillermo Solís con el congelamiento salarial, como Carlos Alvarado con el proyecto de Ley de Empleo Público. Entonces, la premisa es la misma: cargar a la clase trabajadora con la crisis fiscal y recortar sus conquistas sociales.

La administración de Carlos Alvarado se caracterizó por privilegiar a los sectores empresariales, en primer lugar, con la aprobación de una reforma fiscal en función de los de arriba que arremete contra la clase trabajadora y sectores populares con impuestos regresivos. Posteriormente, aunque no fuese iniciativa suya, la mayoría de su bancada junto a los demás partidos patronales aprobaron la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos que significa un duro golpe al derecho a organización, la huelga y al movimiento sindical. Además, durante la pandemia de la Covid-19 el gobierno tomó medidas para favorecer al empresariado en detrimento de las jornadas laborales y los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. 

En este marco, sostenemos que el PAC vino a implementar profundas medidas capitalistas que los demás gobiernos neoliberales que le antecedieron fueron abonando como son: acuerdos con el FMI para continuar endeudando al país, impuestos regresivos, privilegios a empresarios, regla fiscal y ataques contra conquistas históricas del sector público para cercenar el derecho a huelga e imponer un salario global, que procura equiparar hacia abajo las condiciones laborales del sector público con las del sector privado que esta más precarizado.  

Ante lo cual, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) proponemos que sean los que más tienen -los grandes empresarios y las fortunas- los que paguen más impuestos, no la clase trabajadora, puesto que son ellos quienes se apropian de las ganancias por medio de la explotación de trabajadoras y trabajadores. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tres de cuatro empleos que se generan son informales, aunque la informalidad haya fluctuado en el último periodo. Según el INEC el número de ocupados informales pasó de 694 mil en el segundo trimestre del 2020 a 929 mil en el primer trimestre del 2021, aunque en el segundo trimestre de este año disminuyó a 863 mil. Por su parte, los ocupados formales alcanzaron en el segundo trimestre de este año cerca de 1.106 mil. En resumen, en el segundo trimestre de este año el empleo informal representó un 44% del total. 

A partir de lo anterior se desprende que el empleo formal e informal tiene variaciones que se acrecentaron en este periodo de pandemia. Además, el desempleo, que a mediados de 2020 alcanzó el 24%, al segundo semestre del 2021 se mantiene en 18%, es decir, una de cada cinco personas que está buscando empleo no lo encuentra por lo que debe recurrir a la informalidad y la precarización laboral.

Aunado a la informalidad y desempleo, las patronales se valen de la situación para precarizar las condiciones laborales e imponer la dictadura de las patronales que violenta sistemáticamente los derechos laborales elementales, frente a lo cual el gobierno y el Ministerio de Trabajo no hacen nada.

También, hay una política del gobierno y las cámaras patronales para precarizar el salario, lo cual incide directamente en el aumento de la desigualdad social. El 50% de las personas asalariadas del sector privado ganan menos de 400 mil colones al mes y los salarios del sector público están en los mismos niveles de 2017. Por lo que, no basta con la generación de empleos, sino que los salarios deben ser dignos para cubrir las necesidades y posibilitar pensiones que permitan vivir la vejez con dignidad. 

Contrario a aumentar los sueldos para disminuir significativamente la pobreza y la desigualdad social, el gobierno congela los salarios del sector público y no garantiza para el sector privado ni siquiera los derechos laborales mínimos tutelados en el Código de Trabajo. Por el contrario, los gobiernos de turnos dejan pasar impunemente la violación a los derechos laborales en las fábricas, plantaciones y oficinas, donde impera una dictadura de las patronales. 

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos en materia de salarios y defensa de los derechos laborales:

• Salario mínimo de 500 mil colones para el sector privado. Costa Rica es uno de los países con un costo de vida más alto de la región y, al mismo tiempo, los salarios mínimos son bajos, por lo que no alcanzan para cubrir todas las necesidades, por ejemplo, el salario más bajo es el de empleada doméstica que es de apenas 205.047,68 colones mensuales. Además, la política de ajustes salariales ha mantenido durante años congelados los salarios, solo reconociendo mínimos aumentos por costo de la vida. De esta forma proponemos un alza real para todas las categorías salariales para posicionarse en 500 mil colones.

• Contra la Ley de Empleo Público y los ataques al salario del sector público. Nos oponemos al proyecto de Ley de Empleo Público que instauraría el salario único y eliminaría los componentes salariales. Este es un ataque a las condiciones laborales y salariales del sector público en función de recortar recursos para pagar la deuda pública. 

• Aumentos anuales generales de 10%. Impulsar aumentos anuales para todas las categorías de 10% para que los salarios recuperen los aumentos en el costo de la vida y crezcan en términos reales. Ese aumento salarial es necesario para mejorar las condiciones de vida y fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

• Aumento salarial obligatorio. Establecimiento de la obligatoriedad de los aumentos salariales decretados y que no solo apliquen a los salarios mínimos, que estos se negocien semestralmente, tanto para el sector público como para el privado.

• Igual salario por el mismo trabajo. La brecha salarial en el sector privado refleja la discriminación de género, por ejemplo, según el INAMU las mujeres ganan un 27% menos que los hombres, por lo que exigimos que se garantice que las mujeres reciban el mismo salario que un hombre por el mismo trabajo.

• Eliminar las suspensiones de contrato y reducciones de jornada. Con el inicio de la pandemia el gobierno decidió proteger las ganancias empresariales en detrimento de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores. Para esto autorizó las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada (y de salario), afectando a 75 mil y 156 mil personas, respectivamente, entre marzo de 2020 y agosto de 2021. Esta medida agudizó la pobreza y no conservó el empleo, ambos indicadores escalaron a máximos históricos. De esta forma, es necesario eliminar ambas medidas.

• Reducción de la jornada laboral. Reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas sin reducción de salario. Mientras cientos de miles de personas no logran conseguir un empleo, quienes lo tienen se dejan la vida en este. Es necesaria una reducción de la jornada para asegurar más empleos. Las trabajadoras y los trabajadores requieren de más tiempo libre, si los empresarios requieren de más fuerza de trabajo que realicen más contrataciones. 

• Aumento de días de vacaciones. Modificación del artículo 153 del Código de Trabajo para que las vacaciones anuales remuneradas consten de cuatro semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas.

• Todos los feriados de pago obligatorio. Eliminación de la figura de feriado de pago no obligatorio del Código de Trabajo, esto en la práctica implica que las patronales obliguen a las trabajadoras y los trabajadores a laborar sin el reconocimiento salarial extra de un día feriado.

• Eliminación del tope de cesantía. Eliminación del tope de 8 años para el cálculo de la cesantía establecido en el Código de Trabajo que, en el caso de la ruptura de la relación laboral de personas que superen ese tiempo, implica una menor cantidad de indemnización.

• Plazo de dos semanas para pagar liquidaciones. El Código de Trabajo no establece un plazo para que las patronales cancelen los rubros que componen la liquidación tras finalizar el contrato. Esto da pie a múltiples abusos patronales que retrasan el pago e incluso lo realizan mediante cuotas. De esta forma hay que establecer un plazo de 10 días hábiles para el pago de las prestaciones laborales en un solo tracto.

• Prohibición de los despidos. Eliminar el derecho del patrono al despido con responsabilidad patronal derivado del régimen de libre despido que establece el artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, en virtud del cual es posible despedir a un trabajador en cualquier momento, por mera voluntad del patrono, indemnizándolo mediante las prestaciones laborales que establece la ley.  

• Seguro de desempleo. Establecimiento de un subsidio de 6 meses para las personas desempleadas acorde a sus necesidades.

• Poder sancionatorio de la inspección laboral. A las y los inspectores laborales del Ministerio de Trabajo, actualmente, se les relega a una función insustancial, ya que, solo pueden investigar, prevenir a la patronal de las anomalías y en caso de que persistan elevar el caso a instancias judiciales en procesos que demoran años. Hay que fortalecer la inspección asignándoles un poder sancionatorio real que pueda llegar incluso al cierre de negocios en casos de incumplimientos graves.

• Regularizar el trabajo de aplicaciones. Hay que regular el trabajo realizado en las plataformas digitales, en primer lugar, reconociendo la existencia de una relación laboral y, por tanto, procediendo a la formalización en todos los aspectos. 

• Eliminación de las condiciones de precarización laboral. Las trabajadoras y los trabajadores requieren de estabilidad laboral, por lo que se necesita garantizar que se aplique la política de eliminación del interinazgo para que todas y todos obtengan plaza. Por la eliminación de la tercerización para que el Estado asuma sus obligaciones. Asimismo, por la eliminación de los contratos por servicios profesionales, que todas las personas trabajadoras tengan derechos laborales y seguro social.   

• Eliminar legislación antisindical. Eliminar las nefastas medidas adoptadas por la Reforma Procesal Laboral en materia de huelgas, tal como el aviso previo al patrón. Restituir la posibilidad de huelgas políticas, no permitir la contratación de suplentes y eliminar el tope de días permitido. Las condiciones de los movimientos huelguísticas las decide la clase trabajadora, no el gobierno. 

• Derogatoria de la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Esta ley obstaculiza el derecho de la clase trabajadora a organizarse y ejercer la huelga para defenderse ante la violación de los derechos laborales, por lo que debe suprimirse de la legislación. 

• Aumento en la licencia de maternidad y paternidad. Modificación del artículo 95 del Código de Trabajo para que la trabajadora embarazada goce obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante los últimos tres meses del embarazo y seis meses posteriores al parto para la crianza del recién nacido. También, realizar una reforma en el Código para que los padres gocen de una licencia de paternidad de seis meses. Además, una licencia de un mes para la persona familiar que coopere con el cuido. En caso de adopciones la licencia será igual para la madre, el padre o familiar. En todos los casos la persona trabajadora debe contar con un fuero especial que impida su despido.

• Democratización de los sindicatos. Por sindicatos independientes del gobierno, sin dirigentes eternos, que los puestos sindicales roten cada vez que así lo disponga la clase trabajadora, y que las dirigencias tengan igual salario que sus representados. Por la plena democracia sindical y la representación proporcional de todas las corrientes internas, así como coordinación unitaria de todo el sindicalismo clasista que impulse las luchas sociales y la sindicación en el sector privado. Por sindicatos en la empresa privada para la consecución de derechos laborales equiparados al sector público, aumentos salariales dignos y para enfrentar la dictadura de las patronales. Las patronales deben respetar la libertad y el fuero sindicales de todas y todos los trabajadores que conformen las juntas directivas y los sindicatos. 
• Impuestos a las grandes empresas. Es necesario que sean las grandes empresas y fortunas las que sean gravadas para financiar estas medidas. No es atacando los salarios y las condiciones de vida de la clase trabajadora como se sale de la crisis.