• El Estado pertenece a la clase dominante, al “capital en general” y tiene el rol de ser el garante jurídico, político e ideológico de una relación de explotación como es la capitalista.

Por Guillermo Pessoa

El marxista italiano Antonio Gramsci decía que la comprensión de qué es y a quiénes sirve el Estado es una de las más altas formas de la conciencia de clase proletaria. Para los fundadores del socialismo revolucionario, “desenmascarar” el postulado burgués que señala que el Estado sirve al interés o bienestar general era esencial. Como señalaron en una de sus obras más famosas el Estado moderno es el comité de administración de la clase burguesa o capitalista. Pero si bien ese es el fundamento, allí no se agota la definición.

Vamos más despacio. El joven Marx, que primero se interesó por la filosofía, luego por la política y en último lugar por la economía (si bien jamás las consideró compartimentos estancos sino momentos de una totalidad) advertía que el “secreto” del Estado se hallaba en la estructura social y no al revés, como sostenía la ciencia política (burguesa) en germen. Señalaba:

La propiedad privada ¿no se halla superada en la idea, una vez que el desposeído se ha convertido en legislador del propietario? La forma censitaria es la última forma política de reconocer la propiedad privada. Sin embargo la anulación política de la propiedad privada no sólo no acaba con ella, sino que incluso la supone. El Estado suprime a su modo las diferencias de nacimiento, cultura, ocupación, declarándolas apolíticas, proclamando por igual a cada miembro del pueblo partícipe de la soberanía popular sin atender a esas diferencias, tratando todos los elementos de la vida real del pueblo desde el punto de vista del Estado. No obstante, el Estado deja que la propiedad privada, la cultura, las ocupaciones actúen a su modo y hagan valer su ser específico. Muy lejos de suprimir esas diferencias de hecho, la existencia del Estado las presupone, necesita oponer a estos elementos suyos para sentirse como Estado político e imponer su generalidad. (Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel)

Algo que todos comprobamos cada vez que votamos: en el ámbito político (en el caso de las mujeres y de los negros en ciertos países, esto se logró no hace mucho) somos todos ciudadanos y nos igualamos en la emisión del sufragio. Ahora al salir del cuarto oscuro volvemos a nuestro lugar en la pirámide social. Como decía Marx, en aquél  parece quedar anulada la propiedad privada (nadie por ser un gran patrón tiene tres votos y nosotros uno) pero la presupone en la sociedad y el Estado la deja actuar allí pues en definitiva está para resguardarla, mientras se presenta como sirviendo a la generalidad.

El Estado entonces pertenece a la clase dominante, al “capital en general” y tiene el rol de ser el garante jurídico, político e ideológico de una relación de explotación como es la capitalista. Pero como el “capital en general” (un universal abstracto, diría el maestro de Marx: Hegel) se expresa a través de capitales particulares (como el patrón viñatero y el de gaseosas que citaba el compañero) debe tener cierta autonomía relativa para garantizar el rol que mencionábamos anteriormente. El Estado reactúa sobre la base económica social sobre la que se asienta. Asimismo, cuenta con intereses propios y requerimientos de funcionamiento/financiamiento bien precisos. Por ejemplo, individualmente ningún burgués (como los ejemplos del compañero) desea pagar impuestos pero el Estado capitalista debe cobrárselos. Claro está que en gobiernos como el de Cambiemos, que expresan directamente a los empresarios en su conjunto, el mayor costo (ajuste) para solventar el Estado (reducir el déficit fiscal) pasa por esquilmar a los trabajadores. Pero aun así, y sabiendo lo traidores que son los dirigentes de la CGT, la burocracia (una correa de transmisión para que ese Estado siga garantizando la acumulación del capital y la paz social) no puede hacer pasar “todo” el paquete porque correría riesgo su propio interés corporativo y el peligro político de cierto desborde de sus bases insatisfechas. Por eso “negocia” algunos aspectos irritantes de la reforma laboral, al mismo tiempo que concede otros y cobra por ello (plata de obras sociales, la creación de una Agencia Nacional de Tecnologías de Salud para poner un límite a los juicios contra éstas y las prepagas y la participación de dirigentes gremiales en un Consejo Asesor).

También digamos que para garantizar su rol y reproducir esas relaciones, lograr “estabilidad y orden para la marcha de los negocios” como se dice habitualmente,  el Estado se vio empujado muchas veces por las luchas obreras a otorgar concesiones a los sectores subalternos. Un marxista del siglo XX graficó muy bien esto cuando afirmó: 

El Estado asume así, permanentemente, una serie de medidas materiales positivas para las clases populares. Incluso si estas medidas constituyen otras tantas concesiones impuestas por la lucha de las clases dominadas (…) Incluso el fascismo se ha visto obligado a emprender una serie de medidas positivas respecto a las masas (reabsorción del paro, mantenimiento  y a veces mejora del poder adquisitivo real de ciertas categorías populares, legislación llamada social) lo que no excluye, muy al contrario, el acrecentamiento de su explotación (mediante la plusvalía relativa). Por tanto, que el aspecto ideológico de engaño esté siempre presente en este aspecto, no impide que el Estado actúe también a través de la producción del sustrato material del consenso de las masas con respecto al poder (y la garantía de su orden). (Poulantzas: “Estado, poder y socialismo”)

En nuestro país, casi como reflejo del mundo todo, la tarea ahora de los trabajadores es pararle la mano a estas reformas que atentan contra derechos adquiridos y consagrados, ir volcando la relación de fuerza más en nuestro favor e ir preparando la solución definitiva a este tipo de problemas que es lograr el autogobierno propio con vistas a construir una sociedad distinta, una sociedad socialista.