Plan, mercado y democracia obrera. Artículo del 2011

Por Roberto Sáenz

1.1 El debate de los años 20

En la década del 20 del siglo pasado se procesó en la ex URSS un debate apasionante acerca de las vías de la transición socialista luego de la revolución. Al compás de circunstancias económicas cambiantes y del aislamiento en el que quedó la república bolchevique luego del fracaso de la revolución europea, una polémica y durísima lucha política se fue abriendo paso acerca de qué orientación llevar adelante para impulsar el proceso de la transición socialista en el contexto del encierro económico y político de la ex URSS.

El oficialismo burocrático encarnado por Stalin y Bujarin impulsaba una orientación de enriquecimiento campesino y lenta industrialización. Sin embargo, a finales de la década del 20 este frente único se rompe, y Stalin, en un giro político brutal, impone la orientación de colectivización agraria e industrialización a ritmos forzosos. Giro que, amén de comprometer las fuerzas productivas en el campo por décadas, comenzó a sentar los pilares para la transformación del “Estado obrero con deformaciones burocráticas” cómo había definido Lenin a la ex URSS a comienzos de los 20, en un “Estado burocrático con restos proletarios y comunistas”, como lo definiera Christian Rakovsky.

Por su parte, la Oposición de Izquierda encabezada por Trotsky, desde mediados de los años 20 venía alertando que sin una rápida industrialización y planificación económica los campesinos terminarían dejando las ciudades sin alimentos y presionando por vincularse con el mercado mundial.

Esta posición se vio verificada a la postre por el curso mismo de los acontecimientos, impulsando en gran medida a Stalin a dar su viraje de 180 grados. Sin embargo, las medidas colectivizadoras e industrializadoras de Stalin no llevaron a Trotsky a capitular. Muy agudamente, señaló que el “cómo” y él “quién” estaba llevando adelante este giro podía terminar socavando las bases mismas del Estado obrero, como producto de la desnaturalización de estas medidas. Un sector de la Oposición, encabezado por Preobrajensky, Radek y Smilga, con una lectura “economicista” de los acontecimientos, termina capitulando, abriendo una crisis en la Oposición de Izquierda. Al respecto, recordaba Trotsky: “En 1929, Preobrajensky, para justificar su capitulación, sostenía que con ayuda de los sovjoses y de los koljoses, el partido pondría en dos años al kulak de rodillas. Han transcurrido cuatro años. ¿Qué ocurre? Si no es el kulak –está liquidado–, es el campesino medio rico el que ha hecho arrodillarse al comercio soviético, el que le ha obligado a disgustar a los obreros. En todo caso, como hemos visto, es Preobrajensky el que se ha apresurado a ponerse de rodillas ante la burocracia staliniana” (El fracaso del plan quinquenal, p. 58).

Desde el ángulo teórico, en esos años –con “réplicas” posteriores tanto en la ex URSS, como en China y Cuba– se generó un rico y apasionante debate estratégico sobre la orientación general para hacer avanzar la transición en un sentido socialista.

A comienzos del siglo XXI, volver sobre esta discusión tiene plena actualidad, a la luz de los acontecimientos en curso en Cuba. Y los postulados generales del debate de esos años han dejado un manantial de enseñanzas universales que, sin embargo, no son revisitadas habitualmente en la izquierda revolucionaria, al menos de manera sistemática.

Precisamente, lo que nos mueve en este trabajo es subrayar los clivajes teóricos más generales de esta apasionante discusión sobre la economía de la transición, encarándolos desde la siguiente óptica: dar cuenta no solamente de las inercias teóricas de la fracción burocrática cuyo teórico era Nicolai Bujarin –a quien igualmente dedicaremos señalamientos críticos–, sino, sobre todo, las limitaciones del enfoque de Evgeny Preobrajensky, eminente economista de la Oposición de Izquierda, que se pusieron de manifiesto cuando éste capitulando ante el giro “izquierdista” de Stalin a finales de los años 20.[2] Postulamos entonces un intento de superación dialéctica de su enfoque, del que fuera tan tributario Ernest Mandel, el principal teórico del movimiento trotskista en la segunda mitad del siglo pasado.

En este camino, tomaremos como punto de referencia los señalamientos de León Trotsky en una serie de brillantes textos de los años 20 y 30 acerca de la necesaria imbricación en la economía de la transición entre plan, mercado y democracia obrera[3], que no han sido considerados con el debido detenimiento entre las corrientes socialistas revolucionarias.

Como trataremos de demostrar, sus puntos de vista configuran una superación crítica de los aspectos mecánicos y/o economicistas de Preobrajensky. Como advirtió Trotsky en su momento: “El análisis de nuestra economía desde el punto de vista de la interacción (tanto en sus conflictos como en sus armonías) entre la ley del valor y la ley de la acumulación socialista es, en principio, un enfoque extremadamente provechoso; más precisamente, el único correcto (…) Pero ahora hay un peligro creciente: que este enfoque metodológico sea convertido en una perspectiva económica acabada que prevea el ‘desarrollo del socialismo en un solo país’. Hay motivos para esperar, y temer, que los seguidores de esta filosofía, que se han basado hasta ahora en una cita mal entendida de Lenin, van a tratar de adaptar el análisis de Preobrajensky, convirtiendo un enfoque metodológico en una generalización para un proceso casi autónomo. Es esencial, a toda costa, detener esta clase de plagio y falsificación. La interacción entre la ley del valor y la ley de la acumulación socialista debe ser puesta en el contexto de la economía mundial. Entonces quedará claro que la ley del valor que opera dentro del marco limitado de la NEP está complementada por la creciente presión externa de la ley del valor que domina el mercado mundial y que se está volviendo cada vez más fuerte” (“Notas sobre cuestiones económicas”, 1926). Así, Trotsky deja planteada toda una problemática que es objetivo de este trabajo desarrollar a la luz de la experiencia histórica del siglo pasado.

1.2. Ley del valor, proteccionismo socialista y acumulación

Lo que está en juego es cuál debe ser, a la luz de la experiencia práctica del siglo XX, la mecánica de una verdadera transición socialista. Asoma aquí un problema de vastas consecuencias entre los marxistas revolucionarios: una mirada esquemática de la transición socialista, como si fuera un proceso regido exclusivamente por leyes económicas, que podrían operar mecánicamente por encima de las clases y las fracciones de clase, llevando a un único resultado posible: el socialismo.

El nudo teórico del debate es la relación entre los tres elementos que necesariamente “regulan” la economía en la transición: la planificación, el mercado y la democracia de los trabajadores.

La discusión acerca del mercado quedaba planteada bastante correctamente en La nueva economía de Preobrajensky, en relación con los alcances y límites de la continuidad de las imposiciones de la ley del valor en la transición. La cuestión siempre ha sido materia de ardua polémica en las corrientes socialistas revolucionarias. Desde la nuestra, siempre hemos sostenido que la ley del valor inevitablemente se mantiene en las economías de transición, y que oscurecer este hecho flaco favor la hace al proceso de la socialización de la producción.

Esto se debe a varias razones. La principal es la subsistencia del mercado mundial y el hecho de que la totalidad de las revoluciones anticapitalistas del siglo pasado tuvieron lugar en países atrasados, con lo que inevitablemente su racionalización económica no podía prescindir de la medida del valor: la medición de la riqueza por el tiempo de trabajo medio empleado en producirla.

Trotsky insistió siempre en que como correlato de la necesaria subsistencia de la ley del valor, la moneda estable debía ser una forma inescapable de racionalización económica: no hay otra manera de medir objetivamente la productividad de la economía de la transición, al menos en países atrasados, en su relación con el mercado mundial. Hacía falta un patrón común para racionalizar la economía de la transición: “Es necesario que cada fábrica de propiedad estatal, con su director técnico, no solamente esté sujeta al control desde arriba (…) sino también desde abajo, por el mercado, que seguirá siendo durante mucho tiempo el regulador de la economía estatal. El plan es comprobado y en buena medida realizado a través del mercado. La regulación del mercado debe basarse en las tendencias que se manifiestan en él mismo, debe probar su racionalidad económica a través del cálculo comercial. La economía del período de transición es inconcebible sin el ‘control del rublo’” (en Alec Nove, La economía del socialismo factible, pp. 92-93).

Se presenta aquí una problemática que no ha sido tomada en consideración en los debates en la izquierda trotskista: el carácter de mercancía de la fuerza de trabajo incluso después de la expropiación de los capitalistas. Porque en todos los países donde fue expropiado el capitalismo, fuera la Rusia de 1917, la China de 1949 o la Cuba de 1959, la fuerza de trabajo mantuvo, invariablemente, el carácter de una mercancía intercambiable por un salario. Y si el principal “factor de la producción” siguió siendo una mercancía, no hay cómo suponer que la ley del valor no sigue rigiendo al menos hasta cierto punto en la economía de transición. Oscurecer esto significaría negar las imposiciones que el valor sigue implicando respecto del carácter todavía no emancipado del todo de la fuerza de trabajo, así como los problemas de la generación y administración del trabajo no pagado. La revolución comienza esa emancipación, pero no la puede completar.

Al respecto, digamos que en la transición subsiste, inevitablemente, un principio de explotación del trabajo: la autoexplotación o explotación mutua de los trabajadores. Éste es un tributo colectivo y consciente de la clase obrera para las generaciones posteriores, como clásicamente lo señalara el propio Marx en su Crítica al Programa de Gotha.

El problema está cuando esta autoexplotación no significa acumulación realmente al servicio del progreso general de la clase obrera, sino de una burocracia que se encarama por encima de ella, como terminó ocurriendo en la ex URSS y demás sociedades no capitalistas. En ese caso, la autoexplotación se transforma en su opuesto: una nueva forma, por cierto no orgánica, de explotación al servicio de la burocracia, que se queda con la parte del león de la acumulación.

Veamos el caso de la China de 1949: “[No se puede dejar de ver] el problemático papel del Estado, que nunca es neutral, y menos aún cuando la burocracia del aparato estatal no está sometida a ningún tipo de control. En China, desde los años 50, la burocracia ha secuestrado en los hechos el Estado, y lo usa como maquinaria para apropiarse del excedente social” (“¿Final de un modelo o nacimiento de uno nuevo?”, Au Loong Yu, New Politics, verano 2009, en www.socialismo-o-barbarie.org).

Ahora bien, así como subrayamos los alcances de la ley del valor en la transición, cabe destacar los límites a su imperio. Si el Estado obrero dejara simplemente regir en forma plena al mercado, lo que deviene es el retorno al capitalismo, no la acumulación socialista, contra lo que creía Bujarin en su orientación oportunista del enriquecimiento ilimitado de los campesinos propietarios.

Por el contrario, promover la acumulación socialista en manos del Estado proletario implica justamente “violar” el imperio de la ley del valor. Kalecki, reconocido economista polaco, decía con agudeza que “la cosa más estúpida que uno puede hacer es no calcular; la segunda cosa más estúpida que uno puede hacer es seguir a ciegas los resultados de sus propios cálculos” (en A. Nove, cit., p. 151).

En este sentido Preobrajensky tenía razón (y es uno de los puntos más fuertes y universales de su argumentación) cuando señalaba: “La idea del camarada Bujarin de que incluso la acumulación socialista no puede ser contrapuesta a la ley del valor (…) porque nuestra economía está creciendo ‘sobre la base de relaciones de mercado’, constituye un error teórico flagrante sobre el cual se erige un programa de oportunismo teórico y práctico (…). Somos capaces de ‘acumular’, vender nuestros productos al doble del valor que en el exterior, sólo porque hemos erigido una barrera entre nuestro territorio y el mercado mundial, que defendemos por la fuerza” (La nueva economía, p. 31).

En efecto, el Estado obrero debe orientar y elegir las infracciones necesarias e inevitables al imperio de la ley del valor, so pena de que no haya acumulación socialista. Pero esto no puede ocurrir al precio de una caída en la irracionalidad económica, el límite de la definición de Preobrajensky que, en su momento, atravesó el estalinismo. Como señalara certeramente Trotsky: “El monopolio del comercio exterior es un factor poderoso al servicio de la acumulación socialista; poderoso, pero no todopoderoso. El monopolio del comercio exterior solamente puede moderar y regular la presión externa de la ley del valor en la medida en que el valor de los productos soviéticos, año a año, se acerque al valor de los productos del mercado mundial” (“Notas sobre cuestiones económicas”). Desarrollaremos esto más abajo.

Volvamos ahora a la necesidad de “violar” la ley del valor. La acumulación, una vez expropiados los capitalistas pero en el contexto de la subsistencia del mercado mundial capitalista, deberá hacerse en toda una serie de ramas que la economía del país después de la revolución no podría poner en pie si se atuviera a los criterios de productividad promedio del mercado mundial.

Sin embargo, a la espera de la extensión del proceso político de la revolución a otros países (única garantía última de subsistencia, como lo señalaron infinitas veces Lenin y Trotsky), es imperioso poner en marcha la economía so pena de la muerte por inanición del Estado obrero. Más aún teniendo en cuenta el seguro aislamiento a la que será sometida la revolución, al menos en un primer momento.

En esas condiciones, la infracción de la ley del mercado es una obligación de la transición, que hace a poner en funcionamiento mecanismos indispensables de “proteccionismo socialista” de la economía. Si se permitiera el libre comercio con el mercado internacional, los campesinos o productores capitalistas agrarios, o cualquier productor privado de mercancías, inevitablemente preferirían exportar su producción. Y por razones bien concretas: con toda seguridad estos productores privados (sobre todo agrarios) obtendrán mejores precios en el mercado internacional que los fijados internamente por el Estado, además de recibir pago en divisas y tener acceso así a mercancías de mejor calidad y menor precio que en el mercado interno.

Es evidente que cuando el Estado proletario fija los precios a la producción agraria y obliga a los productores del campo a comprar productos de la industria local, más atrasada que la del exterior, está explotando hasta cierto punto a estos productores agrarios: les entrega menos valor a cambio de más valor, en beneficio de la acumulación socialista. Éste es el punto que correctamente subrayara y desarrollara Preobrajensky, que llamó a este proceso “acumulación primitiva socialista”.

En síntesis: la ley del valor debe subsistir en cierto modo para racionalizar la economía de transición, pero a la vez desde ser necesariamente infringida para lograr que la acumulación socialista se inicie y desarrolle.

1.3 La planificación socialista

Pasemos ahora a la apasionante problemática de la planificación. Aquí es dónde se observaban los costados más defectuosos del pensamiento preobrajenskiano (y que los trotskistas de la segunda posguerra tomaron al pie de la letra). Ocurre que, con la justa preocupación de impulsar la industrialización en manos del Estado obrero, Preobrajensky llega a caracterizar unilateralmente a la planificación como una suerte de “ley natural”: una Ley con mayúscula.

Es sabido que fue bajo la dirección política de Trotsky que la Oposición de Izquierda levantó la necesidad de industrializar el país y planificar sistemáticamente su economía. Pero el concepto de “ley del plan” o “ley de la acumulación socialista primitiva” era una elaboración más propia de Preobrajensky, lo que motivó la advertencia de Trotsky del peligro de que esta misma “ley” pudiera ser interpretada como un proceso casi autónomo respecto del sujeto social y político al comando de la transición, la clase obrera.

A nuestro modo de ver, esta idea de “ley de la planificación” puede asumir dos sentidos diferentes. Por un lado, parte correctamente del hecho de que si la asignación de recursos no se hace por la vía de la anarquía del mercado (no hay concurrencia de productores privados, que han sido expropiados), se impone necesariamente una planificación para organizar la producción.

Pero lo que nos preocupa aquí es la utilización de esta idea de “ley” en otro sentido: si significa acumulación al servicio de la clase obrera de manera autónoma, por su propia dinámica, es cuestionable porque sugiere que se puede imponer independientemente del sujeto que esté al frente de la dirección de la economía.

El error es, entonces, asumir esta “ley” como imponiéndose espontáneamente, cual ley de la gravedad o automatismo económico, más allá de cuál sea el sujeto político-social que toma las decisiones. Porque la experiencia histórica ha demostrado que los procesos económicos-sociales de la transición no avanzan en sentido socialista si la clase obrera no está verdaderamente al frente del Estado.

Esta idea de que la transición socialista avanzaría casi espontáneamente ha dado lugar a derivas objetivistas en el sentido de creer que se trataría de una “ley natural” que se impondría por sí sola, independientemente de quién y cómo planifique. Lo cual es completamente falso.

En rigor, cuando se habla de “ley del plan”, sobre todo en las etapas iniciales de la transición, se está más bien frente a un principio de la planificación que una verdadera ley. En el debate de los años 20, Bujarin también habló del “principio de la planificación”, pero en su caso para quitarle toda entidad real, toda necesidad, y reduciéndola a mera “política económica”, como muy bien le criticó Preobrajensky

La planificación es, en todo caso, un criterio que debe hacerse valer en la transición, más que una ley espontánea que se imponga con regularidad, como sí ocurre con la ley del valor bajo el orden capitalista. El plan no se impone por sí solo: debe combatir conscientemente determinaciones que, libradas al imperio de la “ley económica natural”, esto es, el valor, conducirían a la ruptura del monopolio del comercio exterior y hacia una racionalidad económica según los precios del mercado.[4]

Aquí, la cuestión de quién y cómo planifica es decisiva. Justamente debido a que no hay “ley objetiva” que la haga marchar sola, la racionalidad de la planificación como intervención en cierto modo política en la economía está supeditada al carácter de las decisiones. Es radicalmente distinta una planificación dirigida por una burocracia corrupta y chauvinista que de otra orientada por una clase obrera consciente. Como decía Pierre Naville, la racionalidad de la planificación, su superioridad respecto de la anarquía del mercado, no se imponen de manera automática: depende de sus fines. Y esos fines dependen, a su vez, de al servicio de qué clases y fracciones de clase está la planificación misma, ya que “si el plan debe devenir el instrumento de una determinación de objetivos, de una finalización, es una obligación que tenga en cuenta los intereses [sociales] directamente implicados, y no solamente los objetivos fijados por la dirección política (el partido)”. (Le nouveau Léviathan, 2, p. 228).

También la anarquía del mercado capitalista tiene su racionalidad, como señalara el propio Lenin; sin algún tipo de racionalidad, los sistemas sociales se vendrían abajo. Pero la “racionalidad” que se impone vía la ley del valor (y ésta sí de manera automática, en la medida en que expresa un orden social dominante a nivel mundial) está, lógicamente, al servicio de la acumulación capitalista.

El desarrollo de las fuerzas productivas en la transición socialista, la acumulación socialista, para que sirva realmente a la clase trabajadora debe estar bajo la conducción de la clase trabajadora, como lo demuestra toda la experiencia del siglo XX.

En suma, suponer que la planificación podría tener una racionalidad per se o, a fortiori, la capacidad de imponerse como ley “objetiva” podía ser comprensible en las primeras décadas del siglo pasado, luego de la Revolución Rusa. Pero a la luz de la experiencia de conjunto, es necedad teórica o rancio objetivismo creer que una burocracia, capa social ajena a la clase obrera, desarrollará en ausencia de ésta una acumulación “socialista”, en vez de buscar, sobre todo, resolver su propia cuestión social. Esto es, consolidar las relaciones sociales que le confieren un status dominante por encima de la clase obrera, aunque lo haga en nombre del “socialismo”.

1.4 Democracia obrera, propiedad, posesión y estado proletario

“Todos los que reflexionaban podían convencerse fácilmente de que la transformación de las formas de propiedad, lejos de solucionar el problema del socialismo, no hacía más que plantearlo”

León Trotsky, La revolución traicionada, ídem, pp. 34.

Las relaciones entre economía y política en la transición se encuentran modificadas respecto del “tipo ideal” del capitalismo de libre mercado, en el cual economía y política están separados estrictamente. Esto se trastoca completamente en la transición, ambas instancias vuelven en gran medida a “fusionarse”: el Estado se transforma en el organizador económico, como decía Trotsky.

Aquí la planificación se vincula con la democracia obrera y con el problema del carácter del Estado, del carácter real del poder: la dictadura del proletariado. Si la planificación no tiene una racionalidad per se, si todo depende de quién y cómo planifica, ya salimos del mero nivel económico: vamos a las definiciones políticas y de estrategia de política económica. Más aún cuando la economía, los medios de producción, han sido estatizados: es fundamental quién decide en el Estado, porque ese sujeto será quien maneje el plusproducto, la plusvalía estatizada.

Ahora bien, este criterio destruye la igualación mecánica habitual en las filas del trotskismo de posguerra entre propiedad estatal y propiedad de la clase obrera o socialización, por varias razones.

En primer lugar, la propiedad solamente es “absoluta” en el caso de la propiedad privada capitalista. Cuando se proclama la “propiedad del pueblo entero”, como ocurre con la propiedad estatal, y dado que en ese “pueblo entero” existen diversas clases y fracciones de clase, no se está diciendo algo muy concreto. Además, en los diversos regímenes sociales a lo largo de la historia, la propiedad siempre enmascaró distintos grados de apropiación real de las cosas. Tal era el caso, por ejemplo, del colonato en el feudalismo, una forma de propiedad que significaba muy diferentes formas de acceso a la tierra por parte de los campesinos.

Por lo tanto, además del concepto de propiedad, está el de posesión efectiva. Si se declara que la clase obrera es “propietaria” de un bien –hablamos fundamentalmente de los medios de producción–, pero ese bien nunca está realmente en sus manos, es dudoso que sienta esa “propiedad” como efectiva. Un viejo dicho de los países del Este europeo era muy ilustrativo al respecto: “La propiedad que se declara de todos no es de nadie y se la apropia el más vivo”. O, en el caso de China post 1949: “[En las sociedades no capitalistas] las leyes y regulaciones escritas no son necesariamente vinculantes en la práctica. Desde los años 50, la burocracia china gobierna usando un conjunto de reglas ocultas y no escritas (…). El objetivo de las reglas ocultas es obvio: están al servicio de [los intereses] ocultos de la burocracia, esto es, del enriquecimiento de ésta” (Au Loong Yu, cit.).

En la definición de la propiedad como “social” hay una evidente contradicción señalada por Pierre Naville: siempre que se declara una propiedad es en relación con los no propietarios. En efecto, la propiedad estatizada al principio se afirma contra los capitalistas expropiados. Pero con el devenir de la transición, la propiedad misma se debe reabsorber en la socialización efectiva de la producción –esto es, en la gestión colectiva de los medios de producción por parte de la clase obrera autoorganizada–, so pena de que la propiedad se termine afirmando, como ocurrió en los países “socialistas”, contra la masa de los trabajadores.

Así las cosas, la propiedad estatizada debe remitir más concretamente a la posesión efectiva de los medios de producción por parte de los trabajadores, lo que significa tender a la superación de la división entre trabajo vivo y trabajo muerto de manera efectiva y a la disolución de toda la propiedad por la vía de la socialización de la producción.

Son estas relaciones las únicas que pueden permitir una planificación económica al servicio de la clase obrera y conferir un carácter efectivamente obrero al, Estado de manera tal que la expropiación de los medios de producción sea puesta realmente al servicio, gestión y control efectivo por parte de la clase obrera.

La democracia obrera, una auténtica dictadura del proletariado, el ejercicio del poder de manera efectiva por parte del proletariado, es el tercer factor para poner la acumulación al servicio de las necesidades de la masa de los explotados y oprimidos: “Se cometería uno de los más groseros errores deduciendo de esto [la determinación en última instancia de la base económica] que la política de los dirigentes soviéticos es un factor de tercer orden. No hay otro gobierno en el mundo que a tal grado tenga en sus manos el destino del país. Los éxitos y los fracasos de un capitalista dependen, aunque no enteramente, de sus cualidades personales. Mutatis mutandis, el gobierno soviético se ha puesto, respecto al conjunto de la economía, en la situación del capitalista respecto a una empresa aislada. La centralización de la economía hace del poder un factor de enorme importancia” (L. Trotsky, La revolución traicionada, p. 48).

En síntesis, luego de la valoración de los tres aspectos de la transición (mercado, plan, democracia obrera) tenemos que los factores económicos y políticos, objetivos y subjetivos, están profundamente interrelacionados y son inseparables. Cabe aquí la crítica a los abordajes puramente economicistas del siglo pasado, que creyeron que la economía de la transición socialista se podía definir por un solo factor, la estatización de la propiedad privada, y que a partir de allí el proceso podía avanzar en un sentido socialista de manera “automática”.

Toda la experiencia del siglo XX ha demostrado que esto no es así: que la propiedad capitalista sea expropiada es una condición absolutamente necesaria pero no suficiente para abrir paso a una sociedad y una economía en efectiva transición al socialismo. Hace falta además que el poder político pase efectivamente a manos de los trabajadores, que se ponga en pie una verdadera dictadura del proletariado, no de una burocracia.

Porque si, como hemos intentado demostrar, la transición está pautada por la inextricable relación de los tres elementos señalados, su destino depende no solamente del contexto económico, sino de la naturaleza del poder político del Estado. No alcanza para definir a una economía como “de transición socialista” que la propiedad sea supuestamente “de la clase obrera”, aunque esté de hecho en manos de la burocracia, como sostuvo la generalidad del trotskismo en la posguerra. La propiedad y la posesión de los medios de producción, el poder político y la capacidad efectiva de planificación, deben estar en manos de los trabajadores para que la transición marche en sentido socialista.[5] Tal es una de las principales lecciones que la experiencia del siglo XX ha legado para las revoluciones socialistas del nuevo siglo.