• La única forma de frenar estos ataques a nuestras conquistas es mediante la movilización, superar el derrotismo y la pasividad de las dirigencias sindicales.

Heidy Valencia Espinoza, Coordinadora Regional 07 APSE Sindicato.

En el mes de febrero, justo después de las elecciones, la Sala Constitucional avaló la última versión del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) remitida por la Asamblea Legislativa y que enmendó los vicios de constitucionalidad advertidos previamente. Este 7 de marzo el proyecto fue aprobado en segundo debate con 39 votos a favor esta ley que inició su paso por la corriente legislativa en abril del 2019 y forma parte de la agenda de implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque desde entonces ha sido modificado, en lo esencial se mantiene el espíritu. La principal modificación es sobre la rectoría del empleo público.

La Ley Marco de Empleo Público establece escalas salariales para estandarizar con un salario global que aplicaría para todo el sector público. En la gran mayoría de instituciones la rectoría estaría a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Este salario global aplicará de manera inmediata para todas las nuevas contrataciones. También, se establece como causal de despido la obtención consecutiva de dos evaluaciones de desempeño inferiores a 70%. Además, se ataca la organización sindical con la imposición de restricciones a las negociaciones colectivas. No se podrán variar los salarios, ni crear incentivos, compensaciones, pluses o plazas o negociar temas que impliquen erogaciones adicionales de recursos.

La ley contempla el otorgamiento de beneficios no salariales, tales como: el permiso de paternidad por un mes, la posibilidad de un permiso remunerado durante año, por hasta un tercio de la jornada, para cuidar a familiares por consanguinidad o afinidad de hasta segundo grado con discapacidad, accidente o enfermedad terminal. Este tipo de beneficios no deben dar cabida a la confusión, no compensan para nada la eliminación de los componentes salariales. No obstante, muchas dirigencias sindicales se ampararon en estos elementos para considerar que la ley podría ser ventajosa (al menos en algunos aspectos), por lo que titubearon para oponerse rotundamente.

Estas medidas equivalen para el gobierno un ahorro de ₵393 mil millones anuales, el equivalente al 1,04% del PIB, en promedio, durante 10 años. Aunque el monto no es tan significativo, como sí podría ser el recaudado con medidas más contundentes para evitar la evasión fiscal, lo cierto es que con la ley se cumple el compromiso asumido con el FMI de aprobar una reforma al empleo público con recortes de entre 0,5% y 0,8% del PIB. Por eso, la Ley Marco de Empleo Público no solo constituye un ataque a los salarios, sino que fundamentalmente es un duro golpe a la organización sindical y al sector público, a quienes se responsabiliza de pagar la crisis.

Cabe señalar que en el seno del Consejo Nacional de APSE han habido múltiples esfuerzos desde el 2019 para que el sindicato asumiera una postura beligerante y se tomaran oportunamente acciones de lucha contra este ataque. Por ejemplo, precisamente previo a la aprobación de la ley se presentó una moción en la sesión del 5 de marzo para que el sindicato convocase a una marcha en unidad sindical de cara al segundo debate, pero esta fue rechazada.

Desde la Directiva Regional consideramos necesaria la organización y la lucha contra los proyectos neoliberales que componen la agenda del gobierno saliente, el venidero y el FMI porque toda la jauría neoliberal procura avanzar en este ajuste, por medio de recortes a las instituciones estatales, así como con ataques a los salarios y las pensiones. Ante la aprobación de tan nefasta ley, señalamos que es imperativo exigir desde las bases que el sindicato sea combativo en la defensa de nuestros derechos. La lucha por salarios dignos no acaba, es necesario pelear por aumentos salariales frente al congelamiento y la arbitraria Regla Fiscal, puesto que mientras la carestía de la vida no se detiene, se calcula que los salarios podrían estar congelados hasta por 12 años. La única forma de frenar estos ataques a nuestras conquistas es mediante la movilización, superar el derrotismo y la pasividad de las dirigencias sindicales.