Una renta básica para distribuir la riqueza

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La pobreza, el desempleo, la precarización y la desigualdad son los rasgos más evidentes del capitalismo costarricense. La pobreza afecta al 26,2% de las personas y la pobreza extrema llega al 7%. El desempleo ronda el 18% y la informalidad el 44%, de las cuales la mitad recibe menos del salario mínimo. La desigualdad medida por el coeficiente de Gini es de 0,519; de las más altas en el mundo.

A contramano de esto “entre 1994 y 2019, Costa Rica triplicó su producto interno bruto (PIB) per cápita (datos de OCDE), de forma que, si fuéramos una sociedad equitativa, cada persona debería haber recibido en 2019 tres veces el equivalente de lo que recibía en 1994. En 2019, sin embargo, la OCDE estimó que una persona del decil más alto (10% de la población con mayores ingresos) tenía un ingreso promedio equivalente al de 11 personas en los cuatro deciles más bajos (40% de la población con menores ingresos)”.

La riqueza es producida por la clase trabajadora mediante su esfuerzo cotidiano en las fábricas, los centros de trabajo y las plantaciones, sin embargo, es la clase empresarial la que se apropia del capital excedente. La forma privilegiada de hacer esto es manteniendo unos bajísimos salarios que apenas cubren la subsistencia, por eso es por lo que el empresariado lucha constantemente para que los ajustes salariales sean los más bajos posibles y por flexibilizar las condiciones laborales.

De la misma forma, el Estado está en función de la burguesía que diseña y administra toda una estructura gubernamental para mantener y perpetuar sus privilegios. La estructura fiscal y laboral responde a los intereses empresariales. Es así como, por ejemplo, el Banco Central (BCCR) estima que los niveles de producción ya recuperaron su nivel pre pandémico, sin embargo, para el empleo se espera que será hasta finales de 2022 (regresando a tasas ya de por si altas del 12%). De esta forma los sectores empresariales han recuperado sus niveles de ganancias a costa de explotar aún más a las personas trabajadoras.

Por esto es necesario establecer formas de distribución de esa riqueza que permitan mejorar las condiciones de vida de las clases populares explotadas. De esta forma es preciso avanzar en la aplicación de una renta básica. Esta es una transferencia de dinero del Estado para los sectores más empobrecidos que permita mantener un nivel básico de vida. Estas transferencias se realizarían a cada persona de los sectores definidos, de forma regular, con carácter permanente y por un monto suficiente. Además, no podrá, de ninguna forma, sustituir ningún servicio social (educación, salud, becas, pensiones, etc.) brindado por el Estado, que deberá seguir asegurándolos.

Según un estudio del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED para aplicar esta medida con un monto de 300 mil colones mensuales por persona se necesitan recursos equivalentes al 4,22% del PIB. A modo de comparación, se calcula que la evasión fiscal es del 8,2% del PIB y el incumplimiento en el pago del impuesto de renta es del 5,8% del PIB, es decir, si se les cobraran los impuestos ya existentes a los sectores empresarios se podría financiar esta renta sin tener que buscar ninguna otra fuente de financiamiento.

Con esta medida se asegura un mínimo de progresividad en la distribución de la riqueza y se compensan sectores que históricamente han sido excluidos. Sobre el monto de estas transferencias también deberían cancelarse las cargas sociales equivalentes al aporte obrero, de forma tal que, se aseguran recursos para el sostenimiento de los servicios de salud y pensiones que presta la CCSS, al tiempo que se universaliza la cobertura. También es una forma de control para el dumping salarial, que es la práctica patronal de empujar los salarios hacia la baja contratando a personas desesperadas que, ante la falta de opciones, aceptan un salario inferior al de la media. Además, de forma incipiente, funcionaria como una especie de compensación por el trabajo social no remunerado, especialmente para las mujeres por su trabajo doméstico y de cuido que no es ni reconocido ni pagado.

Por esto desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) proponemos:

  1. Establecer una renta básica. Aprobación y aplicación de una renta básica de 300 mil colones, ajustable periódicamente, para las personas mayores de 15 años en cualquiera de estas categorías: sin empleo, con trabajos precarizados, con trabajos informales, mujeres jefas de hogar, personas con labores de cuido, personas indígenas, personas que se dediquen a la pesca artesanal, personas que se dediquen a la pequeña producción agrícola y los pequeños propietarios de negocios.
  2. Impuestos progresivos al capital. Esta renta debe financiarse a partir de impuestos sobre las grandes empresas y fortunas, sean los ya existentes u otros como los contenidos en este programa.

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