La construcción de obra pública es un elemento estratégico para el desarrollo económico y el incremento de la calidad de vida en el país. Hay un paralelismo entre la inversión en este rubro y el aumento de la productividad nacional. 

Aunque nuestro país debería invertir alrededor de un 4,4% del PIB en infraestructura, la realidad va en sentido contrario, pues la inversión de obra púbica es deficitaria con respecto a las necesidades y a partir del 2022, con la aplicación del escenario más restrictivo de la regla fiscal, la inversión disminuirá aún más. 

Más grave todavía, la escasa inversión se realiza bajo el modelo de concesión de obra pública, mecanismo que facilitó que un puñado de empresas concentren las licitaciones (en gran medida porque financian campañas de los partidos de los empresarios), entreguen obras defectuosas y a un elevado costo. El caso Cochinilla evidencia perfectamente esto. Un estudio del 2019 del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) evidenció que entre 2014 y ese año la mayoría de las licitaciones de conservación vial fueron adjudicadas a MECO y H. Solis, ambas se dividían 177.673 millones de colones de presupuesto en 2019.

En el caso de MECO, la empresa tiene sus acciones en las Islas Vírgenes Británicas, tal como se reveló con los Papeles de Panamá. La Contraloría General de la República detalla que, entre 2007 y 2015, esta compañía recibió un total de 124.525 millones de colones en contratos con el Estado. Es un modelo que fomenta la corrupción y evasión fiscal.

El caso de la concesión para la ampliación de la Ruta 32 que comunica el área metropolitana con la región Caribe, por donde transita el 80% de los productos de comercio exterior, es otro ejemplo de despilfarro de cientos de millones en una obra que no será completada bajo el contrato actual. En este caso el gobierno decidió endeudarse por 100 millones de dólares más, para que la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) concluya una obra que desde el inicio presentó insuficiencias.

Lo anterior explica el origen del colapso de la infraestructura vial en el Gran Área Metropolitana (GAM), lo cual genera congestionamientos a todas horas del día e incide negativamente sobre la economía y calidad de vida.  Las presas en el GAM generan pérdidas cercanas al 2% del PIB y les representan 15 días en carretera al año a las personas, en su mayoría trabajadores, trabajadoras y estudiantes que se desplazan a sus centros de trabajo y estudio. 

La concesión por mil millones de dólares de los puertos en el Caribe a la empresa APM Terminals, no solo desembocó en el prácticamente cierre técnico de Japdeva, sino, incluso, en las protestas de los sectores exportadores por el alto costo del trasiego de mercaderías por esas instalaciones. Por su parte, la concesión del puerto en el Pacífico a la Sociedad Portuaria Caldera fue un profundo fracaso y a pocos años de su inicio la terminal ya no podía atender la demanda solicitada, ahora, tras cientos de millones que se le pagaron a la empresa el gobierno decidió rescindir el contrato para poder buscar una opción de modernización del puerto, lo cual le costará al país miles de millones en una indemnización. 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) establece que en el periodo 2000 a 2012 el déficit habitacional fue de 183 mil viviendas y estimaba que llegaría a 197 mil en 2015 (es el estudio más reciente publicado). Además, solo un 30,5% del déficit se cubriría con créditos de vivienda y la cantidad subiría a 35,5% si se suman los bonos familiares de vivienda. Según las estimaciones del ministerio serían necesarios 2,8 billones de colones para solucionar el déficit proyectado a 2015.

Por su parte, el Compendio Estadístico de Vivienda 2018 establece el déficit habitacional en 180 mil viviendas, además, señala que unas 24 mil personas viven en cuarterías o “tugurios”. Reporta un 58,8% de las casas en buen estado, un 32,6% en estado regular y un 8,6% en mal estado (es decir, 132 mil). Esta información va en el mismo sentido de un estudio de la Escuela de Arquitectura de la UCR, publicado en agosto de 2021, que determina en 8,5% las viviendas inhabitables (donde habitan 440 mil personas).

A pesar de este panorama en cuanto al estado de la vivienda en el país, el gobierno de Carlos Alvarado decide recortar en ese sector. El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) sufrió un recorte de 16.500 millones de colones en el presupuesto del 2020 y de 20.800 millones de colones en el de 2021, además, el Ministerio de Hacienda ha obstaculizado el giro de 28 mil millones de colones que sí estaban presupuestados. Esto condujo a la institución a suspender la recepción de nuevas solicitudes de bonos de vivienda.

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos:

1. Derogación de la Ley de Concesión de Obra Pública. Este modelo solo sirve para enriquecer a un puñado de empresas privadas, que sea el MOPT, el ICE y el AyA los que construyan la infraestructura del país y generen empleo genuino.
2. Terminar las concesiones. Finiquitar los contratos de concesión vigentes, sin indemnizaciones, y que el Estado asuma esas obras, en particular la de los puertos, aeropuertos y la Ruta 32.
3. Aumentar la inversión en obra pública al 4,4% del PIB. Para esto es fundamental derogar la regla fiscal e implementar las medidas fiscales progresivas sobre el gran capital expuestas en este programa, lo cual generará recursos para su financiamiento. 
4. Desarrollar un tren eléctrico interurbano: El Estado debe construir este tren que conecte las cabeceras de provincia y las principales ciudades del área metropolitana para paliar el desastroso estado de las carreteras. Este tren debe enfocarse en agilizar el transporte de los cientos de miles de trabajadoras, trabajadores y estudiantes que diariamente se trasladan a sus centros de trabajo y estudio. 
5. Construcción de vivienda. Establecer un programa masivo de construcción estatal de casas para resolver el déficit habitacional.  
6. Construcción del Acueducto Metropolitano. Construir el proyecto Orosi 2 que aseguraría suministro de agua potable por los próximos 30 años al área metropolitana.
7. Construcción de alcantarillado sanitario. Construir plantas de tratamiento de aguas que cubran la totalidad de aguas residuales del país.
8. Red de conectividad. Construcción por parte del ICE de la red de fibra óptica nacional y la infraestructura necesaria para el despliegue de la tecnología 5G.