Según informe la “transparencia” es un factor de “complejidad” para los negocios en el país

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  • El país aparece como el noveno más “complejo” para hacer negocios debido a la “la necesidad de que las empresas demuestren altos niveles de transparencia”.

Johan Madriz

El Índice Global de Complejidad Corporativa 2021 situó a Costa Rica como el noveno país más “complejo” para hacer negocios. La lista de los 10 primeros lugares la completan Brasil, Francia, México, Colombia, Turquía, Indonesia, Argentina, Bolivia y Polonia, en ese orden.

Este es un estudio que realiza la empresa TMF Group, que se dedica a asesorar a empresas mundialmente sobre outsourcing. Según el prologo del documento el índice “analiza las diferencias en las normas y requisitos para hacer negocios en 77 jurisdicciones de todo el mundo. Estas jurisdicciones representan solo el 32 % de todas las jurisdicciones a nivel global, pero abarcan las economías y centros de inversión más grandes del mundo, representando el 71 % de la población mundial, el 92 % del PIB mundial y el 95 % de los flujos netos de la inversión extranjera directa (IED)”.

Para el caso de Costa Rica se detalla que “la complejidad en esta jurisdicción se debe principalmente a la necesidad de que las empresas demuestren altos niveles de transparencia”. Por otra parte, señala que “hemos observado una relación entre la complejidad y la severidad de las sanciones a la hora de sancionar infracciones. En las diez jurisdicciones más complejas, las organizaciones tienen muchas más probabilidades de enfrentarse a sanciones más estrictas”.

La supuesta complejidad, detalla el informe, esta basada en la aprobación del Plan Fiscal en 2018 que contiene medidas para “combatir la evasión fiscal”, la incorporación a la OCDE que trae “consigo requisitos adicionales” y la “implementación de la legislación UBO, promulgada en 2019”. Esta última, hace referencia a la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal que incorporó la obligación de las empresas de informarle al BCCR el registro de sus accionistas y beneficiarios finales.

Todas estas leyes realmente han supuesto grandes cambios, pero no para las empresas, sino, para los sectores populares. El Plan Fiscal fue un duro golpe para los salarios al establecerse el IVA para todos los bienes y servicios. También impuso la regla fiscal que ahorca el presupuesto en gasto social para cumplir con los pagos de la deuda y avanzó en el ajuste sobre los salarios del sector público. En cuanto al impuesto de renta solo se aprobaron modificaciones mínimas en algunos aspectos.

Por su parte, la incorporación a la OCDE ha supuesto una justificación para que el gobierno avance en un plan de estandarización de políticas publicas a los niveles del organismo y esto, usualmente, implica un retroceso en los derechos de la clase trabajadora para mejorar la “competitividad” del país y asegurarles mayores ganancias a las empresas.

En cuanto al registro de accionistas, este no implica mayores tramites. En este caso la renuencia empresarial radica en tener que darle a conocer a la administración tributaria quienes son los beneficiarios de las ganancias, un dato que parece desean mantener en el anonimato.

De esta forma, las quejas empresariales son minucias sobre aspectos que realmente no les tocan los bolsillos, al contrario, con un gobierno complaciente se han asegurado beneficios fiscales, legislación laboral según las “necesidades del mercado” (precarización) y negocios corruptos que operan en la impunidad.

Si el país merece estar en una lista de complejidad debería ser en cuanto a ser un trabajador o una trabajadora. Los constantes ataques a los salarios y las condiciones de vida, los golpes a la seguridad social y las pensiones, el costo de la vida, los aumentos de impuestos al consumo, los recortes presupuestarios en vivienda, salud, educación, etc. Tratar de sobrevivir bajo estas condiciones si es un reto.

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