• El gobierno atacó a la clase trabajadora del sector privado con la reducción de las jornadas de trabajo. Posteriormente, frente a la pasividad de las burocracias sindicales toma medidas para ajustar al sector público.
• Es urgente retomar las calles (con las medidas sanitarias correspondientes) para defender nuestros derechos laborales y derrotar el ajuste contra la clase trabajadora. 

Heidy Valencia Espinoza

Ante la crisis económica acelerada por la pandemia del COVID-19, el gobierno de Carlos Alvarado sigue los mandatos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para proteger a los grandes empresarios y ajustar a la clase trabajadora. Por eso, inicialmente atacó a la clase trabajadora del sector privado con la reducción de las jornadas de trabajo. Posteriormente, frente a la pasividad de las burocracias sindicales toma medidas para ajustar a trabajadores y trabajadoras del sector público. Veamos la seguidilla de ataques al salario.

Congelamiento salarial por un quinquenio. El pasado 24 de marzo el gobierno de Carlos Alvarado anunció la decisión de congelar el pago del aumento salarial estipulado para las personas funcionarias del sector público. Para este año, correspondía un monto de ¢7.500 con un incremento adicional diferenciado para los grupos de menor salario, dependiendo de su salario base. Ahora, este 1 de junio el presidente Carlos Alvarado firmó un decreto junto a la Ministra de Trabajo y el Ministro de Hacienda para congelar los reajustes salariales por cuatro años más (2021, 2022, 2023 y 2024) mientras la deuda pública supere el 60% del PIB. Es decir, el sector público podría pasar un quinquenio sin recibir incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales.

Congelamiento del pago de anualidades. El gobierno de Carlos Alvarado intentó eliminar el pago de la anualidad del 2020, pero al no prosperar el proyecto de ley presentó el texto sustitutivo del expediente 21.917 que pretende eliminar el pago de las anualidades por dos años consecutivos: 2021 y 2022, medida que constituiría un ataque brutal al salario del sector público, en represalia a trabajadores y trabajadoras del sector público que durante la huelga contra el combo fiscal se plantaron para detener la reforma fiscal contra las y los de abajo.

Eliminación de componentes salariales. La Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, ingresó este 18 de mayo a la Asamblea Legislativa un texto sustitutivo del nefasto proyecto “Ley Marco de Empleo Público” bajo el expediente 21.336 que impone estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para imponer el salario único mediante la eliminación de los componentes salariales (anualidades, carrera profesional, zonaje, incentivo didáctico y otros), es decir, no habrá ningún componente salarial, únicamente el salario base que será igual para todos los trabajadores y trabajadoras que ingresen a laborar a las instituciones estatales.

Impuesto al salario escolar. El gobierno de Alvarado presentó un proyecto de Ley para gravar con el Impuesto de Renta los salarios escolares superiores a ¢840 mil. Cuando es de ¢840 mil a ¢1,2 millones con un 10%, de ¢1,2 a ¢2,1 millones con 15%, de ¢2,1 a ¢4,3 millones con 20% y de ¢4,3 millones en adelante con 25%. El Ministro de Hacienda, Elián Villegas justifica este ataque a los salarios escolares del sector público bajo el pretexto de aplazar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Canasta Básica Tributaria hasta junio del 2021.

¡Retomemos las calles contra los ataques al salario!

Con estos ataques el gobierno pretende responsabilizar y ajustar aún más al sector público mientras los grandes empresarios siguen exentos del pago de impuestos y gozan de moratorias. Por eso, no podemos permitir que el gobierno de Carlos Alvarado y la UCCAEP utilicen la pandemia para arremeter contra nuestros derechos, es necesario defender nuestro salario. Tampoco podemos soportar que las burocracias sindicales estén pasivas frente a estos ataques, es criminal que quienes dirigen los sindicatos del sector público se limiten a publicar pronunciamientos en redes sociales o intentar responder con medidas legales. Incluso, hay dirigencias sindicales magisteriales que no se oponen y llaman a considerar elementos “positivos” del proyecto, cuando este de conjunto es un ataque brutal. Desde las bases tenemos que organizarnos para pararle la mano a este gobierno de los de arriba y a la jauría neoliberal de la Asamblea Legislativa. Es urgente retomar las calles (con las medidas sanitarias correspondientes) para defender nuestros derechos laborales y derrotar el ajuste contra la clase trabajadora.