La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) cuenta con 1.291 centros en todo el país donde se atienden a 68 mil niños y niñas. Su intención es brindar una opción de cuidados, educación y desarrollo para los menores de edad de las familias en condición de pobreza, sin embargo, desde el momento de su creación en 2014 la demanda superó por mucho lo que ofrecía el programa.

Este año la Red dispone de ₵75 mil millones y ha mantenido ese mismo presupuesto durante los últimos 8 años. Todos los gobiernos desde entonces se han comprometido con las medidas de austeridad fiscal y han dejado relegado este tema. En 2021 la Asamblea Legislativa aprobó la ley 9.941 como supuesta forma de “reactivación y reforzamiento” de la Red. Lo que manda es que se le giren nuevos recursos a costa de sacrificar otros programas.

La norma ordena que se le trasladen recursos de tres instituciones a Redcudi. Esos dineros provendrían del 4% de los ingresos anuales totales de Fodesaf, el 20% de los recursos que recibe el Pani provenientes del impuesto sobre la renta, la totalidad de los superávits del Pani y el 50% del superávit y de los recursos de convenios del Inamu. Se estima que esto equivale a unos ₵20 mil millones.

Estos recursos ni siquiera se pueden utilizar, ya que, la regla fiscal lo impide por su tope de crecimiento. Yariela Quirós Álvarez, directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Redcudi comentó al respecto que “lo que pasa es que esos recursos están sujetos a la regla fiscal, eso quiere decir que no los podemos distribuir en las instituciones”.

La Red de Cuido es un avance de políticas sociales en beneficio de los sectores mas empobrecidos, pero en las condiciones actuales es completamente insuficiente. El Informe Estado de la Nación 2019 incluyó la investigación “Alternativas para universalizar la Red de Cuido Infantil” que determinó que universalizar ese servicio requeriría fondos equivalentes al 2,7% del PIB.

El estudio clasifica la población meta en tres segmentos: “como población meta básica (0-6 años), población meta suplementaria (7-12 años) y población meta ampliada (0-12 años). Según proyecciones del INEC, la población meta básica se estimó para el 2019 en 518,548 niños y niñas mientras la población meta suplementaria se ubicó en 446,114 menores. En su totalidad, la población meta ampliada alcanzaría el presente año los 964,661 infantes”. En este caso, “al 2016, la Redcudi cubría un 10% de la población potencial menor de 7 años. Sin embargo, cuando se trata de población pobre la cobertura al 2016 ascendió al 28%, pero aun denota una cobertura alejada de la universalización.

El tema del cuido se ha colocado en la discusión nacional con el impulso del gobierno a la aprobación de las jornadas de 12 horas. Dentro de los múltiples elementos regresivos de ese proyecto esta el hecho de que no es compatible con las tareas sociales como el cuido. Si el sistema público actualmente cubre a una muy pequeña parte de la población que lo requiere, con la implementación de estas jornadas indudablemente se presionará aun más la necesidad de estos servicios y el sistema (en sus condiciones presentes) no lo puede cubrir, una muestra de esto es que solo el 18% de las guarderías ofrece horario nocturno (entre 6 pm y 10 pm).

A pesar de esto, la burguesía que impulsa el proyecto no le encuentra problemas. Margarita Umaña, directora de Planificación y Estrategia de Cinde dijo que estas jornadas no afectan a las personas cuidadoras (mujeres mayoritariamente), ya que, “nuestra experiencia en los hallazgos es que las personas no están acudiendo a la Red de Cuido a dejar a sus niños, porque les interesa más que los vecinos o familiares cercanos puedan encargarse de cuidarlos”. Los padres y las madres no llevan a sus hijos e hijas a la Red de Cuido porque no da abasto y está desfinanciada. No la utilizan, no porque no la necesiten, sino, por culpa del propio Estado que no asume estas tareas como sociales y, por tanto, no toma las acciones necesarias para universalizar el servicio.

Desde una perspectiva anticapitalista el cuido debe ser un sistema socializado y público en función de los sectores trabajadores. Los modelos de cuido deben ser garantizados por el Estado, que impliquen la contratación de personal especializado y/o la remuneración de las personas cuidadoras, junto a la asesoría de profesionales sobre el tema para asegurar las mejores condiciones de vida para las personas bajo cuido. En cualquiera de los casos la implementación de esta red requiere recursos, los cuales deben provenir de impuestos progresivos al capital. El IEN señala oportunamente (aunque de forma limitada) que “únicamente la no aplicación permanente y completa de la regla fiscal en este tema permitiría a la Política Nacional de Cuido avanzar al ritmo planeado”.