• Los efectos económicos de la pandemia vienen a agravar el escenario de marginación que caracteriza a las zonas costeras desde hace ya mucho tiempo.

Por Geannina Araya

En el Paseo de los Turistas no quedan puestos de vigoroneras; tampoco hay coperos trabajando en la calle o personas vendiendo artesanías. Los pocos restaurantes abiertos, lucen vacíos y sin duda, con menos personal laborando.

¿Qué representa para el cantón más pobre del país, enfrentar los embates económicos que arrastra consigo la propagación del COVID-19?

El coronavirus llegó a Puntarenas una semana después de la declaratoria de emergencia nacional. Pero antes que los contagios, las dificultades económicas llenaron de preocupación a muchas familias porteñas, que, sin estar preparadas, tuvieron que adaptarse directa o indirectamente a las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno y a sus consecuencias económicas, para luego, tener que afrontar también los impactos de disposiciones como la “flexibilización laboral”.

Puntarenas presenta, según datos de INEC, un índice de pobreza del 29,9%, determinado fundamentalmente por el desempleo, subempleo y empleo informal. Con una crisis agudizada en el sector pesquero, la actividad informal con bajos ingresos representa una de las principales fuentes de trabajo para muchas personas que habitan los dieciséis distritos del Cantón.  Y en tiempos del coronavirus, justamente el sector informal es uno de los más golpeados, no solo por la disminución en el flujo de turistas, sino también, por reducción general del tránsito de personas a partir de la medida de distanciamiento social dispuesta desde el 16 de marzo.

Aún no hay datos concretos que permitan dimensionar el impacto social que representa esta crisis sanitaria para Puntarenas. Pero lo cierto es que los efectos económicos de la pandemia vienen a agravar el escenario de marginación que caracteriza a las zonas costeras desde hace ya mucho tiempo. Con un panorama de desarrollo totalmente adverso y una gestión institucional inconsecuente con sus necesidades, la realidad del Puerto se recrudece con la paralización del turismo, parte de los pequeños comercios, el trabajo informal; pero también, por las suspensiones de contratos laborales temporales, reducción de salarios y despidos.

Mientras las patronales en el sector privado se han revestido de privilegios concedidos por el gobierno y los partidos políticos aliados del empresariado, la clase trabajadora se encuentra desprovista de garantías suficientes para conservar sus trabajos y/o salarios, y con ello hacer frente a la crisis.

La ley de flexibilización laboral recientemente aprobada en la Asamblea Legislativa, no solo es -en sí misma- violenta para las personas trabajadoras del sector privado, sino que además no cuenta con herramientas de fiscalización efectivas que permitan su aplicación, por lo cual las violaciones a los derechos laborales se vuelven cada vez más cotidianos con toda impunidad que la institucionalidad permite.  Este es el caso de los despidos injustificados en Puerto Caldera, que, si bien no es novedad desde su concesión en 2006, en la actual realidad de crisis sanitaria y económica, también se despiden trabajadores sin ningún tipo de sanción para la administración de la Sociedad Portuaria.

Bajo este escenario, urge la implementación de medidas que realmente resguarden los intereses de las personas trabajadoras y no las ganancias de los sectores privilegiados. Además, es fundamental la protección de espacios históricamente olvidados, que, para variar, siguen sin ser una prioridad para actual gobierno de Carlos Alvarado, enemigo de la clase trabajadora y enemigo de las zonas costeras.

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