El Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR registró en su Cronología de la Protesta Social 101 acciones durante el mes de mayo. Ese mes muestra un alza de casi el 100% con respecto a las 54 acciones registradas en abril. Este periodo coincide con el cambio de mandato presidencial (aunque hay un desface de una semana no se altera la tendencia).

El tipo de eventos mayoritarios son las declaraciones públicas que corresponden al 60,4% del total de acciones (64,8% el mes previo). Le siguen los bloqueos, de los que se registraron 18 (17,8%) y en abril habían sido 8. Las concentraciones y las reuniones con las autoridades sumaron el 6,93% cada una. Las marchas representaron el 4,95% (5) y las campañas informativas el 1,98%. De esta forma. Las acciones más confrontativas (bloqueos, concentraciones y marchas) aumentaron con respecto al mes previo, desplazando ligeramente a las acciones más pasivas como ciber–acciones o denuncias ante entidades nacionales o internaciones.

El actor social demandante también cambia su composición. En abril el 33,3 de las acciones fue realizada por sectores empresariales e igual porcentaje por trabajadores y trabajadoras. En mayo las acciones de estos últimos pasaron a ser del 30,7% y las de los primeros bajaron al 18,8%. La diferencia es explicada por las acciones de “grupos ciudadanos” que pasa de 0% a 12,9% entre un mes y otro.

El análisis de las demandas sugiere más reacciones a las decisiones tomadas por el nuevo gobierno. Mientras que en abril las acciones motivadas en leyes, reglamentos, planes o decretos fueron el 13%, en mayo aumento al 34,7%, colocándose en el primer lugar. Le siguen la fiscalización de la función pública (24,8%), defensa del trabajo y condiciones laborales (12,9%) y defensa de la educación (7,92%).

Finalmente, los actores demandados apuntan más directamente hacia el gobierno. Durante abril el 55,6% de las acciones apuntaban hacia los partidos políticos, el Poder Legislativo y jerarcas de instituciones públicas. En mayo esa composición cambia: 28,7% al gobierno en general, 18,8% a la presidencia y 15,8% a los ministerios.

El Informe Estado de la Nación (2021) señala que “la reactivación de la protesta social en el marco de una crisis fiscal y una pandemia que ha generado una importante destrucción de riqueza y empleos y empobrecido a amplios segmentos de la población, plantea, en el marco de una crisis de representación política, la posibilidad de que se desencadenen episodios de alta conflictividad en el país” (pág. 396).

A pesar de los altos niveles de pobreza, desempleo, precarización y desigualdad que se registran, los niveles de protesta son relativamente bajos, están circunscritos a elementos puntuales y, en su mayoría, a acciones no confrontativas como las declaraciones públicas. Esto se podría explicar por el debilitamiento de las organizaciones obreras y la disgregación y desorganización de la clase trabajadora. Durante los últimos gobiernos se han limitar al máximo las posibilidades de protesta y huelga. No es casual que este tipo de acciones, que generan un mayor impacto, estén criminalizadas (los bloqueos) o excesivamente normativizadas (las huelgas). A esto se le suma un ataque histórico hacia los sindicados y un discurso divisionista que ha contrapuesto al sector público del privado.

Asimismo, la clase trabajadora no tiene representación política que funcione como una palanca para la organización y la lucha. Por un lado, se encuentran las burocracias sindicales que son pasivas, derrotistas y circunscritas a las acciones legales y el lobby parlamentario. Por otra parte, el reformismo (Frente Amplio) se adaptó completamente al régimen democrático burgués tratando de ser una izquierda “propositiva” y directamente ha traicionado a los sectores populares.

A pesar de esto, si los datos de mayo se mantienen se podría advertir algún ciclo de reactivación de las luchas. El gobierno de Rodrigo Chaves es estas pocas semanas esta lanzando las primeras medidas de ajuste y contrarreformas neoliberales, lo que podría potenciar que se revierta en algún grado el efecto “luna de miel”. Avanzar hacia esa dirección es una tarea que desde la izquierda anticapitalista hay que apuntar.