Por tercer año gobierno y oposición mantienen acuerdo para aprobar ajuste

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  • Bajo el pretexto de la reactivación económica y la atención de la emergencia sanitaria el gobierno avanzó con medidas que privilegian la conservación de las ganancias empresariales a costa del empleo y las condiciones de vida de los sectores populares.

Johan Madriz

Este forma parte de una serie de artículos donde examinamos los resultados del Informe Estado de la Nación (IEN) 2021 que fue publicado a mediados de noviembre.

El gobierno trazó una hoja de ruta para atender la crisis fiscal y la pandemia, este programa responde a los intereses del empresariado y como tal ha logrado el apoyo necesario en la Asamblea Legislativa para aprobarlo, esto a pesar de “el contexto del multipartidismo fragmentado e inestable, la ausencia de partidos con mayorías legislativas y la debilidad del Ejecutivo” (pág. 381). La característica común de este plan es que el peso de la crisis recae sobre los sectores trabajadores y populares.

El IEN a través del análisis de la legislación aprobada evidencia la complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo (lastimosamente no aborda el papel del Poder Judicial) para la aplicación de la legislación recortista y ajustadora. Este acuerdo, “conllevó la aprobación de una amplia cosecha de nuevas leyes, dio espacio al Ejecutivo para atender la emergencia sanitaria y ayudó a mantener la estabilidad política en circunstancias extraordinarias. No obstante, ha excluido hasta el momento la adopción de medidas de corte más estructural, orientadas a resolver problemas en la producción y la distribución de la riqueza, la sostenibilidad del Estado de bienestar y de la gestión ambiental” (pág. 57).

Durante la legislatura en análisis (2020-2021) hay una alta productividad legislativa, “la cantidad de leyes aprobadas fue menor que en la anterior (131 contra 159 en la 2019-2020), sigue siendo superior al promedio de los últimos 30 años. Además, se caracteriza por ser la segunda legislatura con mayor cantidad de leyes sustantivas promulgadas” (pág. 57). Sin embargo, esta producción, no está en función de mejorar las condiciones de vida de las mayorías. Entre 2018 y 2021 se aprobaron 398 leyes, de estas 209 son categorizadas como “sustantivas” y de estas 55 están enfocadas en tres temas: finanzas públicas, pandemia y la agenda de la OCDE. “Las medidas no atienden las debilidades no resueltas del estilo de desarrollo del país como la sostenibilidad del financiamiento del Estado de bienestar, el fortalecimiento de las políticas de gestión ambiental o la dualidad del aparato productivo y su desarticulación con la generación de empleo” (pág. 58).

Es importante destacar que la categorización de “ley sustantiva” no implica progresividad. “Se denominan leyes sustantivas a las que afectan los derechos de la ciudadanía y, en general, de los habitantes; también son aquellas que crean nuevas obligaciones del Estado respecto de ellos, pues impactan el desarrollo humano de un país. Como se ha mencionado en otras oportunidades, el término sustantivo no implica una definición normativa sobre la progresividad de las leyes; de hecho, podrían ser regresivas. Únicamente señala la expectativa de que, debido a sus disposiciones, tengan efectos sobre los derechos de las personas o sobre las condiciones requeridas para ejercerlos” (pág. 382).

Además de la sustantividad de la legislación el IEN utiliza el indicador de “promesa democrática”. “Este se construye a partir de la revisión de cada una de las leyes sustantivas aprobadas, con el fin de determinar si requieren recursos para su implementación o si definen los recursos necesarios para su cumplimiento. Cuando esto no ocurre, se produce lo que este Informe denomina ‘promesa democrática sin sustento económico’ y, por ende, aumentan las probabilidades de incumplimiento” (pág. 383). Para la legislatura anterior solo el 12% de las leyes no contaron con una fuente de recursos definida, sin embargo, “la gran mayoría de la legislación (68%) reasigna recursos por medio de normas que estipulan el traslado de fondos que ya utilizaba la Administración o señalan la necesidad de buscar el financiamiento sin especificar la fuente” (pág. 383). Es decir, en los hechos, se aplican recortes a las instituciones públicas al otorgárseles nuevas obligaciones, pero no nuevo presupuesto para cumplirlas.

Otro indicador que se analiza es el tiempo en que se tramita una ley. “Cabe recordar que en el período 1986-2021, las leyes tardaron en promedio 572 días naturales en ser aprobadas. En la legislatura 2020-2021, el periodo de aprobación fue menor a ese promedio en poco más de cien días: 469 días. La reducción es más significativa cuando se compara con la primera legislatura de la presente administración que reportó 618 días en tramitar una ley. En el largo plazo, la duración reportada es la más baja desde 2003-2004 y la sexta más baja en los 35 períodos legislativos analizados” (pág. 384).

De esta forma el IEN concluye que “en la práctica, se prolongó por tercer año consecutivo un acuerdo funcional entre el Ejecutivo y las principales fuerzas opositoras. Por acuerdo funcional se entiende que no existió un pacto explícito que definiera una plataforma programática común, sino que los buenos resultados obedecen a negociaciones, basadas en consideraciones puramente tácticas” (pág. 381).

Este acuerdo estuvo signado por legislación “apagafuegos” que bajo el pretexto de la reactivación económica y la atención de la emergencia sanitaria avanzó con medidas que privilegian la conservación de las ganancias empresariales a costa del empleo y las condiciones de vida de los sectores populares, además, no se abordaron elementos estructurales que mejoren la capacidad productiva del país. Es decir, la recuperación de la producción no se debe a elementos de fortalecimiento de los medios de producción, sino, a una mayor explotación de la mano de obra.

“Un objetivo clave del accionar gubernamental fue la preservación de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la base de medidas sugiere que, en un contexto de ajuste fiscal, la respuesta de política económica vino principalmente por el lado de la política monetaria y no por la implementación de acciones de fomento productivo por entidades como el MAG o el MEIC. En efecto, la mayor parte de medidas implementadas durante el primer año de la pandemia se concentró en el estímulo de la economía a través de préstamos o moratorias, ninguna de las cuales lograron efectivamente acelerar la demanda privada de crédito, un aspecto básico para la recuperación. Solo 15 de las 231 medidas económicas (4%) corresponden a las áreas de ‘crecimiento económico, competitividad y productividad’, ‘empleo y encadenamientos’ y ‘Pymes, emprendedurismo e innovación’” (pág. 61).

Persiste una evidente obtención de privilegios al sector exportador y en el régimen de zonas francas, que son los sectores que muestran un mayor dinamismo, sin embargo, emplean a una baja cantidad de personas y tienen una baja carga tributaria. “El sistema político se ha caracterizado, en el ámbito económico, por la coexistencia de una institucionalidad moderna que atienda a los sectores vinculados con el mercado externo, con entidades dispersas y rezagadas en el estímulo de la producción tradicional y, especialmente, con el mercado interno” (pág. 381).

Un análisis de las bancadas legislativas muestra que existe una “alta unidad partidaria” (pág. 385) y que “la dimensión económica es mucho más importante para explicar los patrones de votación que los temas sociales” (pág. 386). De esta forma el IEN estima que “el acuerdo funcional no se orientó principalmente a ampliar la promesa democrática de la ciudadanía, como fue característico en el sistema político costarricense al final e inicio del presente siglo, sino a atender prioridades inmediatas surgidas de las crisis fiscal y sanitaria, o de compromisos internacionales asumidos por Costa Rica”. Si bien no concordamos con la caracterización de la “promesa democrática” en décadas anteriores, lo cierto es que es evidente que en los gobiernos del PAC se aceleró el proceso de ajuste neoliberal.

Ante todo, este panorama resulta evidente que el gobierno ha legislado para los de arriba y cada vez de forma más descarada. El sistema tributario y el modelo de desarrollo son generadores de una gran desigualdad donde la riqueza es concentrada en unas pocas manos y la carga tributaria recae sobre el consumo. Además, el acuerdo con el FMI y la agenda de la OCDE vieron a acrecentar las condiciones de pobreza, desempleo y precarización de una mayoría de las personas. Es así como este “acuerdo funcional no modificó, en lo sustantivo, la crisis de representatividad política de la ciudadanía, crisis ligada con los bajos índices de aprobación del gobierno, las principales instituciones públicas y el mayor escepticismo ciudadano con la democracia en relación con décadas atrás” (pág. 393).

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