En días recientes, el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, declararon ante, la crisis financiera de la CCSS, el país no puede quebrar para salvar la institución. La excusa de siempre es que no hay plata, mientras las grandes empresas multimillonarias acumulan enormes ganancias, incluso en tiempos de la pandemia: por ejemplo las cadenas de supermercados, los call centers, las empresas en zonas francas, los bancos usureros, las fincas de monocultivos como piña y banano, entre otras.

Según las gerencias de pensiones y financiera de la CCSS, el déficit de la institución podría alcanzar los ¢720 mil millones. Además, para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) el faltante de recursos sería de ¢417 mil millones, mientras que el golpe al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) se estimó entre ¢190 mil millones y ¢303 mil millones debido a las inversiones para atender la pandemia.

A pesar de los aumentos de gastos para atender la pandemia, el gobierno y la junta directiva de la CCSS aprobaron medidas para suavizarle la situación al empresariado millonario: redujeron la base contributiva al IVM y al SEM en un 75% y se suspendieron los cobros a patronos morosos.

A esto se suma la enorme deuda del gobierno con la CCSS que asciende a los ¢1.67 billones, es decir, más del doble del hueco que la pandemia le podría provocar.

En medio de esta pandemia quedó clara la importancia de la CCSS, como un servicio público universal y solidario. Las políticas del gobierno, la asamblea legislativa y el empresariado apuntan a su debilitamiento, recorte y paulatina privatización. Al mismo tiempo, el presupuesto nacional extraordinario para la emergencia destina ¢281 mil millones al pago de la deuda (a los banqueros y empresarios nacionales y transnacionales), que en un momento de crisis no debería ser prioridad.

Hay que luchar por la defensa de la seguridad social, para que la crisis la paguen las empresas multimillonarias, las grandes cadenas de supermercados, las empresas en zonas francas y las grandes fincas de monocultivos. Los impuestos solidarios para salvar la institución deben ir dirigidos al gran empresariado, a los corruptos, evasores y altos mandos del Estado y sus jugosas pensiones y salarios de lujo.

¡El gobierno tiene que pagar la deuda con la institución!

¡Que la crisis la paguen los ricos, no el pueblo trabajador!