Por Johan Madriz

El problema es la deuda

A inicios de febrero se publicaron los resultados fiscales del año anterior. El déficit cerró en un 6.96% del PIB, expresando una continua evolución con respecto al dato del 2018 (5.9%) y la proyección, que se estimaba en 6.3%. Según los pronósticos al cierre de este año se estaría llegando al umbral del 7%.

Como respuesta el Ministerio de Hacienda salió rápidamente con un paquete de medidas para paliar el principal y exponencial componente del desbalance fiscal: la deuda. Según el ministro Chaves, el plan pretende reducir la deuda sin “despedir empleados públicos, aumentar impuestos o disminuir servicios”. Sin embargo, sus principales componentes son el desfinanciamiento de instituciones públicas, la venta de empresas estatales, el ataque a las condiciones salariales de las y los empleados públicos y la emisión de nueva deuda externa por $4,500 millones.

De esta forma, se pone nuevamente la deuda pública en la palestra del debate como un elemento esencial para las finanzas del país. Obsérvese la magnitud del problema. El presupuesto de este año tiene destinados ¢4.01 billones para el pago de deuda y sólo los intereses representarían el 5.1% del PIB (cada día se pagan ¢5 mil millones). El acumulado de deuda ya es por el orden de $37 mil millones. Este es el verdadero problema, no los salarios o las pensiones como lo pinta el gobierno.

Es necesario acotar que el no pago de la deuda se refiere a la que es tenida por los bancos, fondos de inversión, empresarios, especuladores y la deuda externa. Existe una parte que es necesario y urgente saldar, la que tiene el gobierno con instituciones públicas de carácter social. Es la correspondiente, por ejemplo, a los ¢4.02 billones que tienen los fondos de pensiones en títulos o los ¢1.67 billones que se deben a la CCSS. Estos enormes pasivos estatales son resultado de una política sistemática de los diferentes gobiernos de apropiarse de fondos que son patrimonio de la clase trabajadora (pensiones) o que deberían ser invertidos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares (seguridad social).

Por lo demás, consideramos que la única salida es el no pago de la deuda. Es que resulta que la deuda pública, en los términos del mercado capitalista, es una estafa, es un mecanismo de control del imperialismo y los empresarios para mantener sometido y bajo control a los gobiernos. Su esencia es prestar dinero o vender bonos a cambio de recibir altas retribuciones en intereses, dinámica que se transforma en un círculo vicioso que estrangula financieramente a los países deudores. Estos recursos son manejados por los gobiernos de los empresarios en beneficio de sus intereses y no del conjunto de la clase trabajadora. Es uno de los canales de dominio político sobre los países semicoloniales como el nuestro.

Un ejemplo paradigmático de esto es Haití. Una nación de esclavos que se atrevió a rebelarse y se convirtió en el primer país en independizarse en América Latina en 1803. Resultado de esto Francia, su antiguo colonizador, impuso una ordenanza para que la nueva nación pagara reparaciones. El tamaño de la deuda (150 millones de francos de la época, unos $21 mil millones actuales) y las condiciones fueron tales que la nación caribeña tuvo que endeudarse constantemente para hacer frente a los pagos. Así recién en 1947 terminó de pagar el costo que el imperialismo le impuso a su independencia. Le tomo 122 años y actualmente es el país más pobre del continente, constantemente expoliado por el imperialismo yanqui.

¿Qué pasa si se paga la deuda?

Evidentemente, desde la visión burguesa, no pagar la deuda no es una opción, plantean objeciones y pronostican las siete plagas, crisis, default, etc. Pero justamente cumplir con los pagos ya provoca una situación insostenible. Así que realmente la pregunta a hacer es qué pasa si se paga.

Hay que recordar que de la mano del gobierno de Carlos Alvarado se impuso a golpe de tambor un Plan Fiscal y una serie de medidas de ajuste que pretendían ser los elementos cardinales para la solución a los problemas fiscales del país. Estos pronósticos no fueron tales y los números continúan deteriorándose. Sin embargo, el ataque de grandes proporciones sobre la clase trabajadora y los sectores explotados sigue su curso a costa de no tocar las ganancias empresarias.

Así, pagar la deuda significa desmantelar el Estado social. Son proyectos para cerrar instituciones como Fonabe, vender empresas estatales como Fanal o el desmantelamiento de Japdeva. Significa reducir el presupuesto a la educación y hacer más “eficiente” el gasto en asistencia social, lo cual es un eufemismo para reducirlo. Denota un saqueo al bolsillo trabajador con aumentos de las cuotas obreras al IVM y más explotación con teletrabajo, educación dual y flexibilización de la jornada laboral.

Pagar la deuda encarna un ajuste sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables. Durante enero la variación interanual del pago de intereses aumentó un 10.2%, pero las transferencias (que incluyen los programas sociales) bajaron un 18.9%. Según Hacienda se recortaron ¢35,062 millones de gasto corriente, los salarios mostraron el menor crecimiento en 13 años y las transferencias corrientes al sector publico cayeron un 26.22%. A esto se le suma que, según el INEC, para agosto de 2019, los salarios del sector privado habían bajado en los últimos dos años un 0.8% y alrededor de 500 mil personas ganan menos del salario mínimo.

No hay que pagar

Por eso cuestionar el pago a los acreedores es un golpe a la burguesía y una medida anti imperialista; de ahí que sea una consigna fundamental para la izquierda anticapitalista apuntar en esa dirección: la izquierda debe decir abiertamente que no hay que pagar.

A nivel nacional, sectores como ANEP, plantean correctamente el problema que significa el endeudamiento del país, pero la propuesta que trazan es la necesidad de una auditoría. En el plano internacional el PTS argentino y su corriente proclaman que hay que investigarla.

Estas ideas tienen el problema que parten de entrada del criterio de que una parte de la deuda es buena y otra no, validan la expoliación y no ponen en cuestión el modelo económico que eventualmente generaría los mismos desbalances. Ese acomodo provocó en la mayoría de casos donde se realizaron estas auditorías (como en varios de los países del “socialismo del siglo XXI”), que siempre se terminara pagando gran parte de la deuda.

En Costa Rica en los 80’s durante el gobierno de Carazo (un gobierno burgués) se tomó una medida soberana legitima que fue aplazar el pago de la deuda y expulsar al FMI del país. Esta suspensión temporal en lugar de una ruptura a profundidad dio paso a que durante el siguiente gobierno, de Monge, se instituyera un ajuste brutal que marcó en lo sucesivo el avance del neoliberalismo en el país.

Por eso es necesario plantear el no pago de la deuda, porque significa defender los intereses de las mayorías trabajadoras, porque hay que tener claro que pagar es imponer un ajuste fiscal sobre las y los de abajo. Esos recursos podrían garantizar las necesidades urgentes como lo son la atención de la pobreza, el desempleo y el desarrollo de infraestructura. Estas son las preocupaciones de las y los trabajadores en la calle y que el gobierno coloca en un segundo plano como lo indica expresamente la regla fiscal que conduce a recortes automáticos de recursos en programas sociales, pensiones y salarios (podría dejar congelados indefinidamente los salarios de 260 mil empleadas y empleados públicos).

El no pago de la deuda debe ir acompañado del ataque a la evasión y fraude fiscal que representan el 8% del PIB y el establecimiento de una nueva estructura fiscal donde sean los sectores capitalistas los que más paguen en lugar de gravarse el consumo: impuestos a las exportaciones y las zonas francas (quienes mayores beneficios obtienen y menos tributan). Revisar las exoneraciones fiscales (6% del PIB) y derogar las que benefician al capital. Con estos recursos se debe iniciar un plan de construcción de obra pública que genere empleos y dinamice la economía.