Nuevo régimen de privilegio con cargas sociales reducidas para zonas francas fuera del GAM

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  • El régimen de zonas francas tradicional goza de una amplia cantidad de beneficios fiscales y esta ley viene a ampliar los privilegios de los que podrán disponer.

Johan Madriz

La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que crea un régimen de zonas francas, aun mas privilegiado, para empresas que se instalen fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). El supuesto objetivo es atraer empresas e inversiones a zonas periféricas donde usualmente existen altos niveles de desempleo y pobreza. La forma de hacerlo será mediante la prácticamente eliminación de cualquier regulación o cargas sociales.

En primera instancia se bajan los montos de las inversiones para poder acceder a este régimen. En cuanto a la inversión inicial para operar dentro de los parques industriales se baja el monto de $150 mil a $100 mil. Asimismo, para instalarse fuera de los parques se requieren $250 mil, en lugar de los actuales $500 mil. No podrán acogerse a esta ley los proyectos que ya tienen inversiones fuera del régimen de zonas francas o dentro de este, pero en el GAM; las subsidiarias de empresas dentro del régimen; las derivadas de operaciones de reestructuración societal; o las adquisiciones o absorciones de empresas que si estaban sujetas al pago del impuesto de renta.

Como parte de estas inversiones se incorpora la posibilidad de tomar en consideración lo que gasten en “infraestructura pública”, es decir, los accesos viales, alcantarillado, líneas de transmisión de datos o energía, etc. También la “inversión en capital humano” que realicen hasta por cinco años y que se define como la que está dirigida al “cierre de brechas” (sin especificarse qué significa eso), investigación y desarrollo o “formación de proveedores”. Este tipo de inversión podrá representar hasta el 50% de la inversión total prometida por la empresa.

El proyecto abre la posibilidad a que las empresas locales que provean insumos a las establecidas en zonas francas también ingresen a ese régimen si, al menos, un 40% de sus ventas van dirigidas a ese sector, sin tener que cumplir con el requisito de pertenecer a “un sector estratégico para el desarrollo del país”.

Con esta ley se coloca todo el aparato estatal en función de asegurarles las mejores condiciones. El Estado “creará planes de acción tendentes a generar los servicios, la infraestructura y las condiciones de operación necesarias”. El INA tendrá que ajustar su oferta académica para que “respondan a las necesidades técnico-profesionales de las empresas”. Decenas de instituciones tendrán que incluir más de 28 tramites en una Ventanilla Única de Inversión para gestionar los requisitos de operación y, además, se establecen los principios de silencio positivo y verificación a posteriori de obligaciones mediante el uso de declaraciones juradas.

Incluso, “en aquellos trámites en los que se requiere la firma del presidente de la República, tales como concesiones, acuerdos, resoluciones, procedimientos administrativos, procedimientos sancionatorios, entre otros, se autoriza a que dicha firma sea delegada en forma temporal o permanente en el ministro del ramo, mediante decreto ejecutivo. Lo anterior, con el objeto de reducir los tiempos de tramitación de los trámites”.

También se les permitirá la generación y uso de su propia energía eléctrica, obviando los requerimientos de este tipo de sistemas establecidos por la legislación y controlados por el ICE.

Finalmente, se configura un régimen de exoneraciones adicionales al resto de zonas francas para las empresas que se instalen fuera del GAM exceptuando a los cantones de Grecia, San Ramón, Palmares, Sarchí y Naranjo:

  1. Asignaciones familiares: exención del 5% sobre la planilla que se paga a Fodesaf durante cinco años, entre el año 6 y el 7 pagarán un 1%, al octavo pagarán 2% y al noveno el pago general.
  2. Banco Popular: durante 10 años el aporte que tendrán que cancelar para fondear este banco será de 0,25% sobre la planilla en lugar del 0,50%.
  3. IMAS: exoneración durante 5 años del pago del 0,50% sobre la planilla, del año 6 al 10 pagarán 0,25% y al undécimo la tasa general.
  4. INA: durante 10 años pagarán 1% en lugar del 1,5% de la planilla como aporte a la educación técnica.

Estos privilegios se suman a las exoneraciones sobre las utilidades, por importaciones, exportaciones o reexportaciones, a las remesas al extranjero, al impuesto de ventas y consumo, los impuestos y patentes municipales, los impuestos al capital, impuestos territoriales o sobre traspaso de bienes inmuebles.

El Ministerio de Hacienda calcula el gasto tributario, es decir, los ingresos que se dejan de recibir por exenciones u otros beneficios impositivos, en ₵1,5 billones para el 2020, lo que equivale al 4,15% del PIB de ese año. El equivalente al 1,71% del PIB corresponde al impuesto sobre la renta y principalmente se debe a las exoneraciones de las zonas francas que dejan de pagar ₵344 mil millones de colones al año.

El régimen de zonas francas tradicional goza de una amplia cantidad de beneficios fiscales y esta ley viene a ampliar los privilegios de los que dispondrán simplemente por su ubicación territorial. A esto se le suma que representará un golpe para una serie de instituciones y programas que se financian a través de los aportes patronales sobre las planillas. Por otro lado, puede significar un ensayo que respalde las cada vez mas fuertes exigencias patronales de bajar, modificar o eliminar las cargas sociales y trasladarlas a impuestos generales.

Es una normativa completamente regresiva y grotesca formulada únicamente para beneficiar a los sectores con mayor riqueza. En medio, a los sectores trabajadores se nos pide ajustarnos la faja mientras avanza un plan de ajuste sobre nuestros salarios y condiciones de vida. Tan nefasto es, que incluso el recontra reaccionario ministro de Hacienda, Elian Villegas, se opuso a él en un primer momento. En un documento remitido a la Asamblea Legislativa señalaba que el proyecto “abre portillos a la elusión y evasión fiscal al crear incentivos para trasladar actividades a esquemas de privilegio”.

Sin embargo, no se cuestiona nunca el régimen de zonas francas en si mismo. Esto es tarea de los sectores anticapitalistas que planteamos que hay que terminar con ese régimen, eliminando todas sus exoneraciones y privilegios. Además, son las grandes empresas y fortunas las que deben pagar mas impuestos para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

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