El gobierno impulsa un nuevo obsequio para los capitalistas, se trata de un proyecto de ley heredado de la administración anterior y que Chaves convocó en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Se pretende establecer una excepción en la Ley del Impuesto sobre la Renta para los inversionistas extranjeros. Como es usual, utilizan un vocabulario lleno de eufemismos como “reactivación económica” o “seguridad jurídica”, que en el fondo encubren ataques para las y los de abajo. Este texto establece como parte de su justificación “que generaría seguridad jurídica en materia tributaria”.

El proyecto propone que los inversionistas no residentes (extranjeros que compran deuda local) no tengan que pagar el 15% del impuesto de renta sobre las utilidades generadas localmente y que sean transferidas al extranjero, es decir, no pagarían la tasa correspondiente a las remesas enviadas al exterior. Solo tendrían que pagar el 15% de renta correspondiente al capital inmobiliario (ganancias). Esto implica una puerta abierta para la fuga de capitales, ya que, pasarían de pagar impuestos del 30% a tan solo la mitad.

La intención del gobierno es que una mayor cantidad de inversores extranjeros compren bonos en el mercado local, ya que, según información del Ministerio de Hacienda, este tipo de inversiones nunca ha superado el 6% de la cartera de deuda interna y en los últimos años se ha venido reduciendo. En junio de 2021 mantenían bonos por ₵461.128 millones (2% del total). Esta tendencia es un punto discordante con respecto a los estándares de la OCDE donde el peso ronda el 20%.

Este nuevo regalo a los capitalistas especulativos tiene su sustento en el acuerdo firmado por Carlos Alvarado con el FMI en el marco de la suscripción del Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Ese convenio señala como compromisos del gobierno: “Mejoraremos el funcionamiento del mercado primario y operación del mercado secundario” y “Fomentaremos aún más la participación de no residentes en nuestro mercado de deuda aliviando las barreras regulatorias y armonizando el régimen fiscal para los inversores no residentes, sujeto a consideraciones macroprudenciales”.

La normativa impositiva que se modificará está contenida en el Plan Fiscal aprobado en 2019. Ese fue el proyecto estrella de Carlos Alvarado para “sanear” las finanzas públicas y que, según la burguesía, mantenía un equilibrio entre las medidas adoptadas por el lado de los impuestos a la riqueza y al consumo. Lo cierto es que no era así, ya que, sus componentes más fuertes son los relacionados al establecimiento del IVA y el recorte de gastos. Ahora, tres años después, comienzan a retroceder en las limitadas medidas relacionadas a los capitales, profundizando la regresividad del sistema tributario del país. Esto se evidencia en que, por ejemplo, en el 2020 (último dato disponible) el gasto tributario, es decir, los impuestos no pagados por exoneraciones, correspondiente al impuesto de renta fue del 1,71% del PIB (₵617.664,44 millones).

No hay forma de argumentar que el plan de ajuste de Chaves es “parejo” o equilibrado. Es un plan regresivo que continua las medidas de los gobiernos anteriores y que afecta a los sectores populares para privilegiar a los grandes capitalistas. Chaves defiende a ultranza la aplicación de la regla fiscal como mecanismo justificante de recortes de enormes proporciones, que cada día afectan más la calidad de vida y los servicios públicos de las personas trabajadoras. Es un defensor de que al empresariado hay que “dejarlo hacer” para que toda la sociedad se “beneficie”. Pero, lo cierto es que esas ganancias son privadas, no se distribuyen, se evaden o se sacan del país. Mientras tanto, a las personas trabajadoras las condenan a la explotación y la precarización, como lo pretende el proyecto para implementar las jornadas de 12 horas. Hay que luchar contra este gobierno neoliberal, el ajuste del FMI, por que paguen las grandes empresas y fortunas y por el no pago de la deuda.