El gobierno presentó un nuevo proyecto para regular el transporte de personas a través de plataformas digitales como Uber o DiDi. Desde la administración de Carlos Alvarado se han presentado varias iniciativas en ese sentido pero ninguna ha superado el trámite legislativo.

En esta ocasión, como no podía ser de otra forma, el gobierno de Rodrigo Chaves se aseguró de cubrirle la espalda a estas multimillonarias corporaciones y avanzar en lo esencial de este asunto: negar la existencia de una relación de trabajo entre las personas conductoras y las plataformas.

Dentro de las definiciones se establece que el conductor afiliado a una plataforma es considerado como aquella “persona física inscrita y acreditada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio de la plataforma digital de interconexión actuando como gestora de dicha acreditación, responsable de operar un vehículo automotor ante una o varias Empresas de interconexión Mediante Plataforma para la prestación del servicio económico de interés general de transporte de personas, como persona trabajadora independiente, sin estar sujeto a precios fijos, itinerarios, rutas, horarios, frecuencias y zonas geográficas”.

Esto es lo más significativo del proyecto ya que con esta figura se respalda legalmente la posición de las plataformas de negar la relación laboral. Casualmente, esta versión se presentó tan solo una semana después de que un juzgado de trabajo dictara sentencia por primera vez en el país sobre ese tema.

El tribunal determinó que el demandante, un conductor de Uber, si mantenía una relación de trabajo con la empresa y le ordenó a ésta el pago de una indemnización, vacaciones, aguinaldo y los aportes a la seguridad social no realizados. 

Al respecto la jueza observó que “este servicio no lo realizó por cuenta propia o de forma autónoma (como lo alega la parte accionada), sino que de la prueba que obra en autos se desprende que lo hizo según las indicaciones que recibía por medio de la plataforma o aplicación Uber, instalada en su teléfono celular, la cual, como se indicó en la declaración rendida bajo la fe de juramento ante la suscrita juzgadora, le mostraba la ruta que debía seguir para recoger al pasajero, la ruta para llevarlo a su destino, además estimaba el valor del viaje, realizaba el cobro (a excepción de aquellos servicios pagados en efectivo) y estimaba la ganancia que correspondía al actor.

Al respecto, el Primer Congreso Internacional de Trabajadores por Aplicación realizado en Estados Unidos, en su declaración de principios señala que los trabajadores y las trabajadoras de este sector “somos trabajadores, no socios ni colaboradores de las empresas. Realizamos nuestras tareas en las condiciones impuestas por las empresas a cambio de un salario, y por lo tanto el primer reclamo que levanta este Congreso es el reconocimiento de tal relación laboral legal con plenos derechos”.

Es una barbaridad que en el siglo XXI las personas trabajadoras esten luchando contra condiciones de explotación tan salvajes y por algo tan elemental como el reconocimiento mismo de la existencia de una relación laboral. En esa línea de precarización está yendo el gobierno (al igual que lo hizo el PAC), son medidas de ajuste contra los sectores trabajadores (tal como las jornadas de 12 horas) y de completa sumisión a los empresarios.

Finalmente, cerramos con el último punto de la declaración de principios del Congreso que marca el camino a seguir: “realizamos este Congreso, que impulsa la más amplia solidaridad y coordinación internacionalista para conformar un gran movimiento mundial que conquiste todos nuestros derechos. Trabajaremos para fortalecer en todo el mundo la organización de los trabajadores por plataformas por nuestros derechos. Trabajadores por plataformas de todos los países, ¡unámonos!”.