Por Johan Madriz

El gobierno Carlos Alvarado continua la senda del control y reducción del déficit fiscal aplicado un fuerte ajuste sobre el bolsillo de la clase trabajadora para cumplir los mandatos de la burguesía. Todas las leyes, decretos y medidas que han aprobado las últimas dos administraciones del PAC en materia económica tienen un marcado carácter de clase, están en función de proteger las ganancias e inversiones de los empresarios, banqueros y exportadores. Por tanto, tienen como fin que el dinero necesario para pagar la crisis salga del bolsillo de la clase trabajadora.

Este lunes el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, enfrentó su primera comparecencia en la Asamblea Legislativa donde se le citó para que explicara los pésimos resultados fiscales del país a pesar de la implementación del Plan Fiscal, la regla fiscal y las medidas de contención de gasto aprobadas durante esta administración.

Aunque el ministro tiene menos de tres meses en el puesto y la mayoría de estas medidas de ajuste fueron implementadas por la ex ministra Rocío Aguilar, lo cierto es que Chaves es un fiel guardián del ajuste. En ocasión de la renuncia de Aguilar advertíamos que “no hay que bajar la guardia ya que figuras burguesas que asuman el puesto y le den continuidad [al ajuste] abundan”. Y esto ha resultado ser así.

El ministro anunció una serie de medidas para reducir la deuda supuestamente sin “despedir empleados públicos, aumentar impuestos o disminuir servicios”:

1. Desfinanciamiento de instituciones y venta de empresas estatales para pagos extraordinarios a la deuda por $1,500 millones en 2020 y 2021. Para lo cual se destinarían los superávits de 11 instituciones autónomas dentro de las que están el INA (educación), Inder (desarrollo rural), Fonatel (acceso a telecomunicaciones) y Recope (combustibles). Además de la venta o concesión de Banco Internacional de Costa Rica (BICSA, que es propiedad del BNCR y BCR) y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL, como preámbulo del cierre del CNP).
2. Ataque a las y los empleados públicos y sus salarios con la reducción del gasto en 1% del PIB por año ($630 millones) mediante una nueva ley de empleo público.
3. Festival de deuda con nuevos préstamos con organismos internaciones y la emisión de $4,500 millones de eurobonos.
4. Incierto aumento de ingresos por $900 millones anuales mediante la modificación de exenciones fiscales (que no se especifican), el uso de utilidades de empresas públicas para el pago de la deuda (como el BNCR, BCR o INS), el mejoramiento de los sistemas informáticos de Hacienda y el levantamiento del secreto bancario, que ya se mostró inviable ante la oposición de la burguesía toda.

Estas disposiciones responden al anuncio de que el déficit fiscal cerró el 2019 en un 6.96% del PIB, expresando un continuada evolución con respecto al dato del 2018 (5.9%) y la proyección que se estimaba en 6.3%. Estos datos se dan a pesar del aumento en la recaudación tributaria hasta llegar al 13.48% del PIB, empujado por la recaudación del IVA que golpea mayormente el bolsillo de quienes menos tienen. Solo en octubre anterior la recaudación de este tributo aumentaba 54.5% interanual.

Por el lado del gasto las remuneraciones tuvieron el menor crecimiento en cinco años (3.09%). El presupuesto del 2020 tuvo una disminución histórica en los gastos del gobierno central de 4.3% con respecto al anterior y globalmente solo creció 3.91%, aunque la regla fiscal permitía un aumento de 4.67%.

Resulta que el Plan Fiscal pasó y la economía no despega. La confianza de los mercados que se suponía generaría su aprobación nunca llegó. Las calificadoras de riesgo rebajaron las notas del país ya que “las medidas aprobadas no son suficientes” y la incertidumbre reina entre los empresarios que no se terminan de decidir en invertir y aumentar el consumo. Ahora las patronales dicen que necesitan la reforma al empleo público, más ajuste a los regímenes de pensiones, la flexibilización de las jornadas laborales, revisar el presupuesto para la educación, el FEES… y por supuesto garantías de que todo este paquete se aplique con la mayor calma social posible, de ahí la ley antihuelgas que pretende mantener callados y quietos a las y los de abajo.

Pero el meollo del asunto es la deuda pública: para este año se tienen presupuestados ¢4.01 billones para el pago de esta y solo los intereses representarían el 5.1% del PIB.

Así, el servicio de la deuda es el real causante de la asfixia financiera y la única salida es anticapitalista: exigirle al gobierno el no pago de la deuda y el establecimiento de impuestos a las exportaciones de al menos el 24% (la tasa vigente antes de la aprobación de los tratados de libre comercio). De esta forma se pueden garantizar las necesidades urgentes, como lo son la atención de la pobreza, el desempleo y el desarrollo de infraestructura. Están son las preocupaciones de las y los trabajadores en la calle y que el gobierno coloca en un segundo plano como lo indica expresamente la regla fiscal conduciendo a recortes automáticos de recursos en programas sociales, salarios y pensiones.

En resumen, las palabras de Heidy Valencia, referente del NPS y Las Rojas: “el gobierno PAC, responsable de la tasa de desempleo de 12.4% anunció recientemente medidas de más ajuste, recortes y endeudamiento frente al déficit fiscal. La clase trabajadora, las mujeres y la juventud no somos responsables, que la crisis la paguen los ricos. ¡No al pago de la deuda! ¡Impuestos a exportadores y zonas francas!”.