Mas recursos para la policía no soluciona la inseguridad, la agrava

El jaleo de si más leyes o más presupuesto para la policía es una posición eminentemente de la burguesía, ya que no pone en el tapete las causas reales de la inseguridad.

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Es indiscutible que el país atraviesa una ola de criminalidad que, junto a la violencia con que son cometidos, tiene que encender las alarmas para tomar medidas, pero no es con la política de mano dura y armar a la policía que esto se soluciona. Esa es la única opción que ve y busca el gobierno y la burguesía, pero esa es una posición reaccionaria que solo aumentará la violencia y añade elementos opresivos sobre los sectores pobres y trabajadores.

Al 3 de octubre el OIJ reportó 35.331 hechos criminales y 682 homicidios. Asimismo, estiman que al cerrar el año la cifra de muertes violentas ascenderá a unas 900. De esta forma, este año es el que mayor número de muertes agresivas registra, con lo cual se sigue la tendencia que se presenta en la última década. Al cierre del 2022 el país se ubicó en el primer lugar con la mayor tasa de crecimiento de homicidios del continente; mientras que en 2012 era de 8,6% el año pasado alcanzó el 12,6%, es decir un aumento de 60%.

Ante esto el gobierno de Chaves solo receta medidas represivas, siguiendo el modelo de mano dura que tantas veces ha demostrado no servir más que para agravar la situación. Así, en la primera parte del año se anunció la “Operación Segura” que consiste en una serie de proyectos de ley y acciones administrativas como la solicitud de un préstamo de 5 millones de dólares para construir el Centro de Mando y Control de la Región Centroamericana, la compra de patrullas, el reclutamiento de 700 policías adicionales este año y la modificación de las jornadas de las y los policías. Esta última medida generó protestas y bloqueos por parte de las fuerzas policiales al considerarlo un detrimento en sus condiciones, por lo que se midieron y le ganaron al gobierno, manteniendo así sus términos para reprimir.

Dentro de los proyectos del Ejecutivo esta limitar la posibilidad de acceder a arresto domiciliario con monitoreo electrónico solo para personas con penas menores a 4 años (actualmente es de 6 años). Modificar las medidas para la atención de crimen organizado que incluya a menores de edad. Agravar los delitos por tenencia ilegal de armas. Además, se modificarían las condiciones para permitir la intervención de comunicaciones incluyendo nuevos delitos y aumentando los plazos de las medidas de un máximo de 4 meses hasta por un año, asimismo habilitaría estas medidas para la policía política de Casa Presidencial (DIS). Finalmente, se plantea una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales en casos criminales en el extranjero.

La Asamblea Legislativa, en medio de la pugna interburguesa, se muestra reacia a algunas de estas propuestas y en su lugar propone eximir al OIJ del pago del IVA, ampliar el uso de vehículos oficiales sin rotulación, medidas para agilizar el levantamiento de cuerpos y penas de cárcel a la intervención y bloqueo ilegal de señales o datos. Por otro lado, la semana anterior se aprobó una moción para pedirle al Ejecutivo una declaratoria de emergencia nacional, una solicitud que la UCCAEP viene exigiendo desde inicios de año. Esta declaratoria, en el marco de un gobierno ajustador, autoritario y conservador no puede significar más que un ataque a los sectores más precarizados. Vergonzosamente, cuatro diputados y diputadas del Frente Amplio se sumaron a esa votación.

Hay que entender que esta discusión se da en momentos en que la popularidad del gobierno está a la baja, producto del desgaste de las promesas incumplidas y de las contrarreformas que se vienen aplicando. Además, en el contexto internacional los discursos autoritarios van en aumento y Chaves refleja esa tendencia en el país. Pero, además, como buen tecnócrata bancomundialista Chaves tiene en cuenta primero el elemento financiero en cualquier discusión. Debido a esto, mucha de la cuestión gira en torno al financiamiento de los cuerpos de seguridad y cómo esto se liga con los ataques globales a derechos y conquistas, por ejemplo con el hecho de que los aumentos presupuestarios para Seguridad sean a costa de disminuir las partidas del Ministerio de Educación. De ahí que Chaves se deja decir cosas como que “todos tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer sacrificios económicos, utilizar los recursos de la manera más eficiente” al abordar el tema de la seguridad.

En la misma tónica, la posición de mano dura es una excusa para la aplicación de medidas restrictivas hacia los sectores más desfavorecidos, para lo cual es evidente el caso de El Salvador que con sus estados de excepción cuasi permanentes y movilización masiva del Ejercito han logrado reducir la criminalidad a costo de prácticamente liquidar la oposición, restringir las libertades constitucionales y erigirse en un régimen con tintes dictatoriales. Utilizando la misma retórica, Chaves le achaca toda la responsabilidad de la situación al narcotráfico (que evidentemente tiene su cuota de responsabilidad), sin considerar que este se nutre de la descomposición social acelerada que sufre el país.

La situación actual de criminalidad es el resultado de la aplicación de las medidas de ajuste que vienen implementándose en las últimas décadas y con particular aceleramiento desde la administración de Carlos Alvarado. Al respecto Carlos Carranza, uno de los autores del más reciente informe del Programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA, señaló que “lo que estamos viendo es que se ha instalado en Costa Rica una violencia de carácter estructural donde no se prevén soluciones integrales a este fenómeno. La violencia estructural tiene un componente de distribución de la riqueza y el capital educativo, que en este país está en detrimento”.

El presidente y los partidos en la Asamblea Legislativa no se pueden rasgar las vestiduras ahora por el alza en la delincuencia, porque son ellos los generadores de las condiciones que la propician. “El capitalismo genera todas las condiciones para que florezca la inseguridad social y luego la delincuencia, […, así que] cualquier política que diga que quiere combatir la inseguridad pero que no pretenda terminar con la explotación de la población es una mentira y una estafa”. La inseguridad no se da por la falta de policías o leyes blandas para los criminales, es un síntoma de la sociedad capitalista, donde el objetivo de unos pocos es acaparar la mayor cantidad de ganancias sobre la base de explotar y precarizar al conjunto de la sociedad.

Ahora toda la burguesía quiere aprovechar el miedo y el hartazgo de la población para legitimar la imposición de medidas policiacas que terminarán en amedrentar a los sectores populares. La policía, como fuerza represora del Estado, tiene como fin asegurar la propiedad y los negocios del gran empresariado, mientras que por abajo utilizan su fuerza para atacar mujeres y personas en situación de calle, para reprimir manifestaciones y, en última instancia, mantener a raya a quienes se atreven a cuestionar el estado de las cosas, a quienes se organizan y luchan por sus derechos y por una sociedad diferente.

Así, el jaleo de si más leyes o más presupuesto para la policía es una posición eminentemente de la burguesía, ya que no pone en el tapete las causas reales de la inseguridad: una educación pública en crisis, detrimento de los servicios públicos, un aumento en la desigualdad, desempleo, precarización, salarios congelados, incremento del autoritarismo y, en general, falta de perspectivas. Para no seguir con la “mentira y la estafa” hay que organizarse desde abajo y luchar contra el gobierno, los partidos patronales y el gran empresariado que son los gestantes de las condiciones sociales quebrantadas que se viven hoy en el país.

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