• En 2020 se reportaron 317 acciones colectivas, con un fuerte repunte en el mes de octubre con 121 protestas, producto de los múltiples bloqueos en contra de los acuerdos entre el FMI y el gobierno.

Johan Madriz

Este forma parte de una serie de artículos donde examinamos los resultados del Informe Estado de la Nación (IEN) 2021 que fue publicado a mediados de noviembre.

Durante la última década la cantidad de protestas en el país ha ido en aumento de la mano de una oleada de políticas de ajuste que han implementado los distintos gobiernos. El año pandémico de 2020 no fue la excepción, “luego de una tregua social en los primeros meses después del inicio de la pandemia, durante el segundo semestre del 2020 se experimentó un crecimiento en el número de protestas. Esta reactivación de las acciones colectivas estuvo asociada a repertorios confrontativos de acción colectiva” (pág. 71).

A pesar de las restricciones sanitarias “las movilizaciones nunca cesaron por completo. La pandemia generó inicialmente una ‘tregua social’ que se fue desvaneciendo conforme avanzó el año. El 2020 cerró con 317 acciones colectivas, con un fuerte repunte en el mes de octubre con 121 protestas, producto de los múltiples bloqueos en contra de los acuerdos entre el FMI y el Gobierno en diferentes partes del país. Si bien es cierto, dicha cifra está por debajo del promedio de todo el período, supera la cantidad de acciones colectivas del 2019” (pág. 395).

La mayoría de las protestas tienen que ver con el rechazo a las políticas de ajuste que el gobierno a impulsado. “La mayoría de acciones colectivas giró en torno a la oposición de la creación de nuevos impuestos y al proyecto de Ley de Empleo Público. La mayor cantidad de demandas sociales tuvo como origen principalmente la oposición a cambios en la normativa y la legislación, seguida de temas laborales, educación, derechos humanos, seguridad social y servicios públicos” (pág. 395).

Justamente durante 2020 se dio una combinación de factores, por un lado, la aplicación de medidas regresivas en el plano fiscal desmejoró en general las condiciones de vida de los sectores mas empobrecidos y, por el otro, con la irrupción de la pandemia y el estancamiento de la economía el gobierno aprobó una serie de legislación para sostener a las empresas, pero no el empleo. Es así como “la reactivación de la protesta social en el marco de una crisis fiscal y una pandemia que ha generado una importante destrucción de riqueza y empleos y empobrecido a amplios segmentos de la población, plantea, en el marco de una crisis de representación política, la posibilidad de que se desencadenen episodios de alta conflictividad en el país” (pág. 396).

Es claro que el gobierno representa los intereses empresariales, por lo que existe una disociación entre su agenda y las reivindicaciones de los sectores populares. “La agenda aprobada en el Congreso, promovida por el Ejecutivo y el Legislativo priorizó la atención de la crisis fiscal, a medidas de emergencia ante el covid-19 y a consolidar la inserción del país ante la OCDE mientras que las principales preocupaciones de la ciudadanía apuntan en una dirección divergente, al menos en el corto plazo. […] La agenda tramitada y aprobada entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo durante los primeros tres años de la Administración Alvarado Quesada se centró en imperativos de corto plazo. Las principales preocupaciones ciudadanas, en cambio, giran alrededor de las condiciones de vida y trabajo” (pág. 398).

Con respecto a las protestas el IEN analiza el tipo de acciones mediante las que se realizan. “De los últimos seis años analizados, cinco de ellos reportan una cantidad de protesta por debajo de los niveles promedio de toda la serie histórica (1992-2020). Esto quiere decir que, en términos generales, si bien las acciones colectivas han tendido a disminuir en las últimas dos administraciones de gobierno, su modalidad cambió” (pág. 395).

Este cambio de modalidad es hacia uno que utiliza más los métodos activos y confrontativos. “En una perspectiva de más alcance, cabe señalar que con la excepción del año 2014, los bloqueos constituyeron el modo de protesta más recurrente, seguido de los mítines y las marchas, lo que este Informe clasifica como modalidades confrontativas de acción colectiva. Los repertorios menos utilizados fueron aquellos cuyas formas de expresión son menos beligerantes, como las declaraciones públicas y la reunión con autoridades de gobierno” (pág. 71).

“Los repertorios menos utilizados fueron aquellos cuyas formas de expresión son menos beligerantes, tal es el caso de las declaraciones públicas y la reunión con autoridades de gobierno. […] La disminución de las declaraciones públicas -y otras formas de contención moderadas, como las reuniones con jerarquías o las asambleas-, confirma, pues, una variación en las formas predilectas de protestar en los últimos seis años. Es cada vez más común identificar movilizaciones que usan mecanismos no institucionales como bloqueos, mítines, cierres de edificios, entre otros. […] En el caso de los bloqueos, se trata de mecanismos que han sido adoptados de manera histórica por el sector sindical, principalmente en episodios de alta conflictividad. Sin embargo, en la actualidad se han vuelto parte de los repertorios de confrontación habituales protagonizados por grupos de la ciudadanía, estudiantes, así como madres y padres de familia, que buscan el máximo impacto con mínima organización” (pág. 395).

En respuesta a la creciente confrontación social y la recuperación de métodos históricos de lucha el gobierno lanzó una ofensiva en dos sentidos. El primer aspecto es el represivo. En los últimos años se ilegalizaron los bloqueos, se han limitado y burocratizado al máximo las posibilidades de realizar huelgas, incluso prohibiéndose las de carácter político, y se ha perseguido y criminalizado a las personas que luchan con el fin de amedrentar y aleccionar. El segundo elemento es el “democrático-institucional” que tiene que ver con trasladar los conflictos de las calles a las mesas de dialogo.

Sobre el ultimo, “Costa Rica cerró el 2020 con la convocatoria a tres mesas de diálogo de alcance nacional. Una de ellas convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, y las otras dos desde la figura del presidente de la República, con el apoyo del Presidente de la Asamblea Legislativa. […] El llamado al diálogo permitió, por un lado, des-escalar la curva ascendente de acciones colectivas a lo largo del territorio nacional, y por el otro, reorientar las acciones del nivel confrontativo hacia el plano institucional. Gracias a ello, la Administración recuperó capital para gobernar y, probablemente, mantuvo la viabilidad del acuerdo funcional” (pág. 398).

Esta es una herramienta clásica del gobierno para finiquitar o pausar las protestas, estabilizar el país y posteriormente ignorar las reivindicaciones de los sectores en lucha. “Los diálogos sociales analizados cumplieron con el cometido de des-escalar los conflictos, pero pospusieron la satisfacción de intereses ciudadanos” (pág. 73). “En ese sentido, el diálogo se utiliza como estrategia de contención de conflictos de interés público, más que como repertorio para resolver problemas” (pág. 402). Para dimensionar aún más el asunto, el IEN realizó un análisis de los procesos de dialogo durante los últimos 20 años y concluyó que “no fue posible encontrar una experiencia de diálogo social que pudiera resolver un problema y atender los intereses de las partes” (pág. 400).

De esta forma, se evidencia, por un lado, el operativo desmovilizador del gobierno que en conjunto con el empresariado y la Asamblea Legislativa maniobran para desarticular los procesos de lucha y, por el otro, la gran potencialidad de los sectores populares, capacidad que es contenida por un aparato jurídico institucional que limita al máximo el derecho a la protesta, un ataque histórico a la organización obrera a través del debilitamiento del sindicalismo y la restricción a la huelga, una dictadura patronal que mantiene a la gran mayoría de la clase trabajadora dispersa y desorganizada, unas burocracias sindicales que son derrotistas, leguleyas y se circunscriben a realizar lobby parlamentario y una carencia de representación política por izquierda para las trabajadoras y los trabajadores.