• La cámara de empresarios (UCCAEP) presenta medidas centradas exclusivamente en su beneficio a costa de los trabajadores públicos.
  • Es necesario plantear medidas radicales que permitan la solvencia económica para asegurar una adecuada atención a la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.

Por Rodrigo Rojas

El pasado 26 de marzo, la UCCAEP (Unión de Cámaras Empresariales) se reunió con el presidente Alvarado (como publicamos recientemente en IzqWeb) (1), con el fin de proponer  acciones para afrontar la crisis económica. Entre las medidas se encuentran:

  • Suspensión temporal, parcial, total de las jornadas del sector público.
  • La derogación del salario escolar.
  • Disminución del pago de cargas sociales según el trabajo efectivamente laborado.
  • Aprobación de la ley de flexibilidad laboral.

Estas medidas aunque parecen heterogéneas, tienen en común su marcado componente de clase, ya que su fin consiste en salvaguardar las ganancias de la clase capitalista, sin importar el impacto que tenga en la clase trabajadora ya sea en el sector privado (el cual ha sido brutalmente golpeado con las medidas que ya se han tomado con la complicidad del Estado mediante el Ministerio de Trabajo) o el sector público que se encuentra en la mira de la burguesía nacional.

¿Qué hay detrás de las medidas?

Estas medidas no son para nada nuevas, responden a las políticas neoliberales seguidas en las últimas cuatro décadas, que se han acentuado en el actual gobierno, y consisten en restringir el “gasto” del Estado, ejemplificado en la aprobación de la «Reforma fiscal» en 2018, la cual contaba con 4 ejes entre ellos la aplicación de la regla fiscal y (recorte al) empleo público.

Así la UCCAEP mantiene su discurso de que «el sector público gasta mucho dinero por lo cual el déficit fiscal es culpa del Estado», evidencia de que los intereses privados de los capitalistas siguen intactos durante la emergencia, es decir el desmantelamiento de la institucionalidad pública bajo el argumento del déficit fiscal.

El déficit fiscal para este año se proyecta en un 8,1% (2), que se explicaría debido a las consecuencias directas de la crisis económica actual como el desempleo masivo, el cierre de negocios pequeños, así como el aumento de la precariedad y el desempleo informal, pero también debido a los grandes privilegios de los que gozan los millonarios y corruptos, como la evasión y elusión fiscal, garantizadas con la complicidad estatal.

Llama la atención que la UCCAEP plantee como solución quitarle el salario al sector trabajador público de este país, pero a su vez no se refiere ante el aumento de los salarios de las fuerzas policiales, ya que estos son la fuerza represiva que en última instancia, se encargan de salvaguardar sus ganancias, riquezas y propiedades, demostrando con ello aún más el carácter parcializado de las medidas propuestas, sin importar el impacto que conlleve en términos económicos, sociales y políticos.

Es bastante repudiable tachar el acceso a un salario justo (y todo lo que ello permite, el acceso a alimentación, techo, servicios básicos…) como “medidas populistas”, como afirma la UCCAEP, ya que es una clara señal del carácter bárbaro del capitalismo y su lógica en tiempos de crisis, es decir recargarle la crisis a la clase trabajadora y los sectores más vulnerables, que admite inclusive un recorte total de los salarios con tal de no tocar sus inmensas fortunas amasadas a costa del trabajo de las personas a las que hoy quieren y están dejando en la calle.

Lo grave de esto es que existen posibilidades reales de que el gobierno de Carlos Alvarado aplique estas medidas, como ya lo ha hecho en la mayoría de las decisiones económicas en las que interviene la UCCAEP, lo que sin lugar a dudas terminaría de hundir a la economía y con ella la pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, los sectores empobrecidos y populares.

La incertidumbre económica

Lo que sí está claro según este panorama es que la crisis económica en curso está proyectada para ser una de las más graves (sino la más grave) recesiones económicas de la historia del capitalismo, y que en el caso de Costa Rica según lo establecido en las directrices propuestas señalan a la clase trabajadora y demás sectores explotados y oprimidos, como a quienes se les recargará en sus espaldas la responsabilidad total de este panorama tan hostil.

La crisis económica internacional del 2008, se sintetizó en una suerte de «socialización de pérdidas y privatización de ganancias», en la cual los Estados en el afán de sostener a las grandes empresas capitalistas «too big to fail» no dudó en trasladarle la crisis a vastos contingentes de la población y con ello arrastrarlos a la miseria y la pobreza que inevitablemente le son intrínsecas.

Se proyecta un aumento importante del déficit fiscal, a partir del cual los gobernantes burgueses plantearán más medidas agresivas de recortes en el sector estatal (como las impulsadas por la UCCAEP), medidas como la venta de instituciones públicas como la Fábrica Nacional de Licores (como propuso el representante del FMI Rodrigo Cháves, Ministro de Hacienda), lo que evidencia a la «socialización de pérdidas y privatización de ganancias» como consigna mantenida por los grandes capitalistas y sus gobiernos.

La necesidad de una alternativa socialista en Costa Rica

Es por ello que ante tal panorama, necesitamos un proyecto político de transformación social que surja desde abajo, desde las y los trabajadores, mujeres y la juventud, que ante la barbarie y decadencia del sistema capitalista, que plantee nuevos portillos de discusión y debate ante la actual coyuntura la cual apunta a ser más opresiva y con ello de mayor polarización entre clases sociales.

De esta manera es necesario impulsar medidas que aseguren condiciones de vida óptimas y que en medio de la atención de la emergencia permita al Estado asegurar el acceso a un servicio de sanidad y alimentación adecuada a todos los sectores explotados y oprimidos del país.

Es por ello que sostenemos que es necesario afrontar esta crisis con una serie de medidas anticapitalistas básicas a saber:

  1. Suspensión inmediata y permanente del pago de la deuda. Un 38,2% del presupuesto nacional se destina para el pago de la deuda (intereses y amortización), pero solamente un 3,2% se destina para la salud pública. ¡Cada 24 horas se derrochan cinco mil millones de colones en el pago de intereses de la deuda en beneficio de los grandes capitalistas! Proponemos re-direccionar estos recursos para fortalecer la CCSS, INS, FANAL, ICE, entre otras, para atender la emergencia sanitaria y de desempleo.
  2. Reinstaurar el impuesto del 24% a las exportaciones (vigente en 1983), generando ingresos equivalentes a un 3.2% del PIB (2016). Esto permitiría la obtención de una gran cantidad de ingresos necesarios para garantizar y financiar la atención de la emergencia nacional, y condiciones de vida para la clase trabajadora y sectores populares.
  3. Creación de un seguro por desempleo. Toda persona que sea despedida o se quede sin empleo por la crisis actual, debe tener derecho a recibir un subsidio estatal de seguro por desempleo. Este tipo de seguro ya existe en varios países, lo que garantiza ingresos mínimos para quienes se quedaron sin trabajo por razones externas a su responsabilidad. El Instituto Nacional de Seguros debería ser la institución encargada de brindar este seguro con los recursos re-direccionados para este fin por el no pago de la deuda.

Referencias:

  1. http://izquierdaweb.cr/nacional/las-camaras-patronales-van-por-todo-pan-para-las-empresas-hambre-para-el-resto/
  2. https://www.elfinancierocr.com/finanzas/deficit-fiscal-de-costa-rica-sera-del-81-y/UDS67J4ER5B2HHSDVAO5JBDR34/story/?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow&utm_source=socialflow

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