La reforma de “equilibrio financiero” impone la regla fiscal constitucional

El proyecto elimina la obligación del Estado de asegurar la continuidad de los servicios que brinda, dando pie a que se puedan suspender o eliminar si la regla fiscal impide su financiamiento.

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La reforma constitucional que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves, conocida como de “equilibrio financiero”, impone de facto una regla fiscal a nivel constitucional y, de la mano, desobliga al Estado a garantizar los servicios que presta.

Se trata de un proyecto presentado durante el gobierno anterior por el PLN y que pretende una modificación al artículo 176 de la Constitución. Propone que se incluya que “El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”.

Con esa modificación se atacan a las instituciones que gozan de respaldo constitucional para manejar sus presupuestos y administración: universidades públicas, municipalidades, CCSS o Poder Judicial. El proyecto textualmente dice que “Las Municipalidades y las instituciones descentralizadas observarán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos”.

Además, sujeta el accionar del aparato estatal a las condiciones fiscales y a los criterios de un órgano técnico como lo es la Contraloría: “Se prohíbe la creación de nuevas instituciones y programas sin la autorización previa de la Contraloría General de la República, que certificará que el financiamiento no sea con recargo al presupuesto nacional”.

De esta forma, el fin ultimo de la reforma es blindar la regla fiscal al máximo nivel jurídico y garantizar su aplicación en la totalidad de las instituciones. A pesar de que no se trata per se de una regla fiscal constitucional su contenido y eventual aplicación en la práctica son equiparables.

El proyecto elimina la obligación del Estado de asegurar la continuidad de los servicios que brinda, ya que, borra el párrafo que dice: “La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta”. Esto da pie a que se puedan suspender o eliminar si la regla fiscal impide su financiamiento.

En definitiva, representa una reforma estructural regresiva para la aplicación draconiana de la regla fiscal como sustento legal para desfinanciar instituciones, recortar programas y atacar las condiciones de empleo del sector público. Esta completamente en sintonía con la visión tecnocrática y neoliberal de Chaves que es un defensor acérrimo de este mecanismo y, por supuesto, es parte de la continuidad y profundización de las medidas de ajuste. Como tal, es necesaria la organización desde abajo para enfrentar las arremetidas del gobierno, para lo cual es indispensable salir a las calles a luchar.

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