La pandemia como excusa para privatizar la salud

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  • Reducción de cargas sociales, eliminación de cargas parafiscales, perdón de deudas y desfinanciamiento: esta es la ruta del gobierno para desmantelar la CCSS.

Johan Madriz

Acercándose lo que pareciera ser el fin de la pandemia, una de las nociones básicas que dejan estos dos años es la importancia vital que tuvo (y tiene) el sistema de salud público para atender esta emergencia y llevar a cabo una campaña masiva de vacunación a escala nacional de forma ordenada.

Desde marzo de 2020 señalábamos el papel primordial que diversas instituciones públicas tuvieron para que las afectaciones de la enfermedad no fueran tan dramáticas como en otras zonas del planeta, aspecto que ni el más recalcitrante liberal se atrevió a refutar en medio de aquel caótico escenario de incertidumbre. Ahora, ya con la tasa de contagio y de muertes en continuo descenso, no faltan los ataques para desmantelar la seguridad social, al parecer ciertos sectores no tomaron nota de la experiencia. Por supuesto, no era que previamente no existieran esas embestidas (ya que este es un sector apetecido por el empresariado), solo que se mostraban con una intensidad menor.

Las afectaciones por la pandemia y las fluctuaciones de la economía derivadas de ello son, ahora, el (falso) argumento del que se ciñe la burguesía para recolocar el ojo en la CCSS a fin de continuar su debilitamiento sistemático. Para esto utilizan un elemento real y muy sentido por la gran mayoría: el empleo, pero distorsionando la discusión, trasladándola al terreno del “costo del empleo”, que es una nomenclatura eminentemente burguesa para justificar sus petitorias de desregulación y liberalización con el fin de aumentar la explotación de la mano de obra y con ello sus ganancias.

Al respecto, una de las principales exigencias es la reducción de las cargas sociales o su completa eliminación. El BCCR elaboró el año pasado un estudio de posibles escenarios de reducción de las cargas patronales. La alternativa más benévola cortaría en un 25% la contribución, pasando del 26,5% de cada salario al 19,90%; con esta opción se genera un hueco presupuestario de ₵240 mil millones. La posibilidad más extrema conlleva la eliminación total de las cargas creando un desbalance en las finanzas públicas por ₵1,5 billones.

Según el economista Ronulfo Jimenez: “el sistema tributario costarricense global, cuando tomamos en cuenta todas las contribuciones, descansa mucho sobre las contribuciones a la seguridad social; es decir, que descansa en forma desproporcionada en el impuesto al salario, porque al final es un impuesto al salario”. Lo que proponen es transformar las cargas sociales en impuestos generales con lo que se entierra el modelo de financiamiento tripartito y solidario, no por una opción más progresiva, por el contrario, por un sistema tributario más desigual que recarga el peso en “la ciudadanía”, sin importar si se es una obrera o un banquero.

En ese sentido, Jimenez añade: “reducir el impuesto al salario o a las remuneraciones del trabajo y convertirlo en impuestos más generales, si bien la carga tributaria puede ser que no cambie, esa composición es importante para mejorar la competitividad de las empresas y no penalizar el uso del factor trabajo”. Además, otra de las propuestas es transformar las cargas parafiscales de los bancos públicos en un solo tributo cuyo destino decidirá el gobierno, con lo cual se afecta el 15% de las utilidades de estas instituciones que se destinan específicamente al IVM. Estos planteamientos profundizan un modelo de impuestos indirectos para mantener las ganancias intactas, es decir, favorece aún más a quienes se apropian de la riqueza producida por otros.

Según la Cepal la carga tributaria del país es de 23,6% del PIB y el promedio latinoamericano es de 22,7% del PIB, sin embargo, esa concepción es errónea ya que se incluyen las contribuciones a la seguridad social (8,1% del PIB en Costa Rica y 3,9% del PIB en la región) que no son ingresos tributarios, sino contribuciones sociales específicas que, en el caso nacional, sostienen el sistema de salud y pensional público. De esta forma, en realidad la carga tributaria nacional es de 15,5% del PIB, del cual 4,9 p.p. corresponde a los impuestos de renta y utilidades, mientras que 8,2 p.p. son de impuestos al consumo. Parafraseando a Jimenez un sistema que descansa desproporcionadamente en el IVA.

Siguiendo la línea de “mejorar las condiciones de empleabilidad” (de forma artificial) también está el planteamiento de aprobar una amnistía sobre los intereses, multas y sanciones que adeuden las empresas y el sector de trabajo independiente, además de la flexibilización de los arreglos de pago sobre el principal de las deudas. En el caso de las empresas este es un aliciente para continuar evadiendo sus responsabilidades con al CCSS y es un premio adicional a la amnistía tributaria de 2018. El año pasado cerró con deudas por ₵354 mil millones de los trabajadores y trabajadoras independientes y ₵165 mil millones de las patronales.

Este proyecto vendría a agravar las ya delicadas finanzas de la CCSS que, según la última valuación actuarial del seguro de salud, con corte a setiembre de 2020, augura un déficit de ₵89.166 millones para el 2024 y de ₵4.057.342 millones para el 2034, generado principalmente por el alto desempleo y el crecimiento del gasto por la atención de las personas adultas mayores (en 2020 representaban el 23% del gasto y en 2034 será de 34%). Si bien este estudio se realizó durante la etapa más dura de la pandemia, cuando el desempleo alcanzó casi el 25%, y actualmente la economía y el empleo han mejorado, lo cierto es que, como señala el informe, “es importante acotar que en el mediano y largo plazo se continúa presentando una fuerte presión en el crecimiento de los gastos, la cual es mayor que el crecimiento de los ingresos, situación que se ha señalado en anteriores valuaciones actuariales”. Y su efecto se puede profundizar por el no cobro de miles de millones en deudas.

A pesar de esas advertencias todas las iniciativas gubernamentales sobre el tema salud tienen que ver con recortar el presupuesto de la Caja. Además, debido a la arbitraria regla fiscal el gobierno ni siquiera cumple con el acuerdo de girarle los recursos equivalentes al 10% de los prestamos externos de apoyo presupuestario aprobados este año (la Contraloría señaló que solo por el préstamo con la Agencia Francesa se le deben girar ₵11 mil millones). Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, “el tema es que no se podrían presupuestar porque no hay espacio fiscal para eso, en ese caso solo si se diera alguna eliminación de algún otro gasto se podría incorporar este gasto y, a partir de ahí se podría hacer el pago”.

Esta excusa se debe a que, siguiendo los parámetros de la regla fiscal, para el presupuesto de este año el monto máximo de crecimiento es de 1,96%, pero el presupuesto vigente ya completa un aumento de 1,95%. Es más que evidente que hay que derogar ese instrumento que solo funciona para ajustar arbitrariamente. Dichos prestamos no tienen ningún inconveniente legal para incorporarse al presupuesto (porque se manejan bajo la figura de sustitución de deuda) pero la parte que le corresponde a la CCSS no puede entregarse debido a que rompería el techo. Un completo sinsentido.

Lo anterior no implica un apoyo al programa de endeudamiento externo del gobierno, por el contrario, nuestro posicionamiento va en el sentido de reformar el sistema tributario para que sean las grandes empresas y fortunas las que paguen más impuestos, a la vez que se detiene el pago de la deuda externa. Es de esta forma que se debe honrar la gigantesca deuda estatal con la seguridad social que a octubre pasado se cifró en ₵2,4 billones (según Hacienda es por ₵346 mil millones).

Todo este conjunto de medidas coadyuba al quebranto de la CCSS y cuyas repercusiones se notan en la desmejora de su infraestructura, equipamiento y servicios. Hay que ser claro, esto no es responsabilidad (como pretende hacer creer la burguesía) de los trabajadores y las trabajadoras de la institución que se dejan el sudor con su labor, es responsabilidad del gobierno que no toma las medidas necesarias para fortalecer a esta institución central en la sociedad costarricense. Esto no se circunscribe únicamente al tema de financiamiento, sino que atañe a todo el sistema económico, por ejemplo, con la no política para generación de empleo o las cada vez mayores condiciones de precariedad que implican condiciones de vida más difíciles y su correspondiente deterioro de la salud.

Esto le abre el camino al sector privado, que se visualiza como la solución a las largas listas de espera o la saturación de servicios. A manera de ejemplo veamos el comportamiento de dos empresas del segmento de bajo costo. Asembis en los últimos cinco años pasó de ofrecer 35 especialidades a 42, con un crecimiento principalmente en medicina general, laboratorio, oftalmología, optometría, odontología y audiología. Por su parte, Clínicas sin Fronteras pasó de ofrecer 25 especialidades a 31, en tan solo tres años. Pero bajo la máxima de “privatizar ganancias y repartir pedidas” los hospitales de la CCSS reportan un aumento en el ingreso de pacientes en emergencias por complicaciones durante cirugías estéticas realizadas en clínicas privadas, los que requieren internamientos prolongados y múltiples operaciones, por ejemplo, el Hospital México mantuvo durante 2021 un promedio de dos o tres emergencias de este tipo al mes y solo en enero de este año ingresaron ocho. Esto sin que se establezca ninguna responsabilidad para los centros privados.

Estas y otras contrarreformas y ajustes impulsados por la burguesía apuntan a desmantelar la CCSS para que los enormes recursos que maneja pasen a manos privadas, no solo en cuanto al sistema de salud sino, también, de su jugoso sistema de pensiones que es el más grande del país. Esto hace parte de las pretensiones de la OCDE y el FMI (aunque no se establezca de forma directa) para reestructurar el Estado según las pautas neoliberales internacionales. La única vía para detener estos ataques es mediante la organización y la lucha en las calles contra el FMI, contra la regla fiscal, contra el pago de la deuda y el plan de ajuste del gobierno y en defensa de la Caja.

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