La nueva Asamblea Legislativa, un frente burgués y conservador para el ajuste

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El 1 de mayo mientras en avenida Segunda miles de personas marchaban en la Asamblea Legislativa se configuraba el nuevo Directorio, resultado de un acuerdo completamente regresivo entre la mayoría de las bancadas. De una forma ágil se constituyó el comando de guerra que durante el próximo año tendrá a su cargo impulsar y aprobar la agenda ajustadora de la burguesía contra los sectores populares.

Primero hay que recordar que la composición parlamentaria esta completamente corrida hacia la derecha con cinco de seis partidos como agentes directos del empresariado. La mayor bancada es la de Liberación Nacional (PLN) con 19 curules, le sigue el oficialismo (Partido Progreso Social Democrático PPSD) con 10 puestos, luego el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con 9, Nueva República (PNR) con 7, Liberal Progresista (PLP) con 6 y el Frente Amplio (FA) con 6.

Unos días previos todos los partidos de “oposición” –a excepción del FA– anunciaron un acuerdo para establecer un Directorio multipartidista bajo un pacto que no estableció acuerdos sobre proyectos concretos (al menos no públicamente) pero si al respecto de ciertos ejes temáticos: ética y transparencia, costo de la vida y producción, reactivación económica, educación, “optimización” del Estado y fortalecimiento de la democracia. Hay que tener presente que todos los comunicados de estos partidos tienen que leerse a través del prisma burgués bajo el que operan, por ejemplo, el discurso de reactivación económica es un eufemismo bajo el que se agrupan todas las propuestas tendientes a desregular las relaciones de trabajo en perjuicio de los sectores trabajadores.

Ya en el momento de la votación se materializó este frente burgués y conservador, en primer término, con la elección en la presidencia de Rodrigo Arias (PLN), con 50 de 57 votos posibles. Esta figura añeja es una ficha clave de la burguesía para avanzar con el “ajuste” del Estado. En su haber tiene, nada más y nada menos, el mérito de ser una de las figuras esenciales para la aprobación del TLC con Estados Unidos, lo cual marcó un paso enorme en la aplicación de la agenda neoliberal en el país.

En medio de esto, por abajo de la mesa, las negociaciones continuaron y finalmente el oficialismo se coló en el acuerdo, por intermediación de Eli Feinzaig (PLP), logrando una representación en el Directorio. Así, este bloque sumó un total de 51 diputados y diputadas que, en la práctica, si se mantiene cohesionado, tiene la potestad de aprobar cualquier tipo de ley (desde la legislación simple hasta reformas constitucionales).

Finalmente, el Directorio se conformó con representación de todos los partidos del bloque. En la vicepresidencia se eligió a Gloria Navas (PNR), la primera secretaría fue para el PUSC con Melina Ajoy, la segunda secretaría para Luz Mary Alpízar del oficialismo. El PLP se quedó con la primera prosecretaría (Gilberto Campos) y el PLN con la segunda prosecretaría para Rosaura Méndez.

Es un ejercicio valioso analizar las declaraciones de las jefaturas de fracción sobre su acuerdo de cooperación, ya que es evidente que a pesar de que, inevitablemente, surgirán diferencias puntuales en lo general acuerdan descargar el costo de la crisis económica sobre los hombros del pueblo trabajador y apuntan a reformar el Estado, es decir, avanzar en el cierre de instituciones estatales. Para eso nos basamos en entrevistas realizadas por el semanario Universidad.

Kattia Rivera, del PLN, dejó claro que, más allá de los puestos (que no deja de ser una parte significaba), el acuerdo se logró a partir de una agenda: “lo importante para nosotros, cuando hicimos el anuncio, fue precisamente la agenda” y a “la pregunta de si detrás de la elección del directorio se puede ver una coincidencia de proyecto país, la legisladora manifestó ‘sí, claro’”. Es decir, que, en lo esencial, en los objetivos estratégicos, los cinco partidos tienen la misma visión.

Esta idea la refuerza Pilar Cisneros (PPSD) al indicar que “el hecho de que haya habido coincidencia temática ayudó mucho a que la elección de directorio fuera fluida y todos estuviéramos de acuerdo”. Además, dejó claro que la visión de Arias es, en términos generales, la del bloque, ya que “se le inquirió también si coincide con Rodrigo Arias en su concepto de reforma del Estado, a lo que la nueva diputada replicó ‘no es Rodrigo Arias, es que todas las fracciones nos pusimos de acuerdo, no es Rodrigo Arias y Pilar Cisneros, es todos los jefes de fracción que estamos representando a 51 diputados’”.

Es bajo esta premisa de ajuste estructural que Daniela Rojas (PUSC) apuntó que “debemos hablar de optimización del Estado, […] no sé si tenemos que hablar de cierres, pero sin duda tenemos al menos que discutir sobre la fusión de algunas instituciones”. Por su parte, Eli Feinzaig, jefe de fracción de PLP, está claro en que como bloque no siempre estarán todos de acuerdo, pero el plan de ajuste que tienen entre manos es tan vasto que no tiene reparo en decir que, a pesar de las diferencias, “la Asamblea Legislativa tiene una agenda tan amplia, que, si solo nos dedicamos a trabajar aquello en lo que estamos de acuerdo, tenemos suficiente y nos sobra para los cuatro años”. Justamente esta figura es la que se ha mostrado más cercana al oficialismo y esto tiene que ver con la similitud de sus programas.

Finalmente, Fabricio Alvarado (PNR) dejó claro que su compromiso es alcanzar “un Estado facilitador, un Estado amigo que les permita trabajar y producir”, claro que esto está en clave empresarial y lo que quiere expresar es su ansia de desregulación y de avanzar en la “flexibilización del trabajo”, que no es más que retroceder en derechos laborales. Además, ve un panorama llano para el avance de estos proyectos debido a que “menos fraccionamiento legislativo redundará en mayor negociación, en mayor capacidad de consensos y hacia eso vamos” y, por supuesto, estará enfocado en las nuevas comisiones en las que “podemos llegar a grandes acuerdos”. La Asamblea Legislativa anterior, a pesar de su disgregación partidaria se colocó como la mas “eficiente”, tanto por cantidad de leyes aprobadas como por el contenido de estas. Basta solo recordar que fue la Asamblea del Plan Fiscal, de la Ley de Empleo Público, de la limitación a la organización sindical, del ingreso a la OCDE y del tratado con el FMI. Entonces, que se puede esperar de la actual que, por el momento, parece ser más cohesionada.

Rodrigo Arias tiene claro el camino ajustador que quiere seguir y el cual estará enfocado en completar las tareas pendientes que no logró como ministro de la Presidencia en las dos administraciones de su hermano. Por eso no le preocupa que bajo su mandato se aprueben pocas o muchas leyes: “lo importante [no será] la cantidad de leyes que se aprueben, sino que puedan transformar a Costa Rica y entrar de lleno a realizar los ajustes estructurales, generación de empleo, reactivación de la economía y reordenamiento del sector público”. En este sentido aseguró que sus prioridades serán impulsar un fideicomiso para construcción de vivienda (programa histórico del PLN que, sin demeritar su importancia y necesidad, es su carnada clientelar para avanzar en otras reformas), transformar la regulación de las alianzas público-privadas (para aumentar la participación de las empresas en las gestiones estatales y asegurarles millonarias concesiones) y la reforma del Estado.

Sobre este ultimo punto es pertinente recordar que en el pasado Arias propuso una Asamblea Constituyente con ese objetivo ya que, según él, “es prácticamente imposible gobernar con una parálisis jurídica como la que tenemos”. En ese momento estaba enfocado en atacar las competencias fiscalizadoras de la Sala Constitucional y la Contraloría. Ahora, para avanzar en los objetivos ajustadores de la burguesía, se incluyó en el pacto del bloque la creación de tres comisiones especiales que, por su puesto, estarán presididas por fichas que impulsen la agenda ajustadora.

La primera es una de educación que probablemente estará enfocada en la promesa presidencial de intervenir el Ministerio de Educación y relacionado al compromiso asumido por Rodrigo Chaves con los pastores evangélicos de eliminar la “ideología de género” de las escuelas y colegios. Esta es una nomenclatura creada por los sectores conservadores para justificar su oposición a la educación sexual o al avance de los derechos para las mujeres y las diversidades. Es muy probable que Nueva República tenga una fuerte intervención en ella.

Otra de las comisiones es la de energía que indudablemente intentará abrir el mercado eléctrico nacional, para completar la apertura de los principales monopolios estatales, tarea que quedó pendiente durante el proceso de tramitación del TLC con Estados Unidos durante el gobierno de Oscar Arias. Además, una de las promesas de Chaves es bajar el costo de la electricidad, sin decir de qué forma, pero probablemente será mediante el ataque al ICE y a los salarios de las personas trabajadoras de esa institución, siguiendo el sistemático debilitamiento al que la han sometido.

Finalmente, la última comisión especial será la de reforma del Estado que será crucial ante la multitud de planes en ciernes para atacar al sector público, de hecho, Arias expresó que pretende dirigirla. En esta se tramitarán todos los proyectos que eufemísticamente la burguesía etiqueta de “destrabar el Estado”, “eliminar duplicidades” o fusionar. Probablemente funcionará como las comisiones que en algún momento estuvieron especializadas en la agenda de implementación del TLC o del proceso de ingreso a la OCDE, es decir, como comités de mero trámite donde pasan fácilmente todos los proyectos fuertes de ajuste.

Es evidentemente que cada uno de los partidos de este bloque mantiene intereses y una agenda propia, sin embargo, los elementos aglutinadores centrales son los relacionados con la profundización del modelo neoliberal. Es bajo esta premisa que se configuró este bloque, bajo un acuerdo ideológico con el fin reestructurar el Estado para configurarlo según las necesidades del gran empresariado y a costa de precarizar las condiciones de vida de los sectores populares. Es por esto por lo que se puede afirmar que no hay posibilidad de frenar la ofensiva neoliberal desde el ámbito parlamentario, el lobby y la oposición meramente desde las curules no serán (y realmente nunca lo han sido) una barrera para la reestructuración que se viene.

Por todo lo anterior es que es urgente y necesario organizarse desde abajo para enfrentar en las calles a un gobierno y un parlamento que vienen a profundizar las recetas fondomonetaristas y que, desde la institucionalidad y la legalidad, tienen todas las cartas para hacerlo. A este respecto, es importante sumarse a la marcha del 8 de mayo durante el traspaso de poderes para repudiar desde el primer momento la agenda neoliberal y conservadora de Chaves y compañía. Asimismo, llamamos a las bases de las organizaciones sindicales para que exijan a sus dirigencias medidas de lucha en defensa de los salarios y contra los ataques del gobierno y la Asamblea Legislativa.

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