• No solo es un ataque económico a los salarios, sino, y principalmente, uno político, con la intención de asestar un gran golpe a la organización sindical y las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores.

Johan Madriz

La Sala Constitucional avaló la última versión del proyecto de Ley de Empleo Público remitida por la Asamblea Legislativa y que enmendaba los vicios de constitucionalidad advertidos previamente. Con esta decisión el plan queda a solo un paso de ser votado definitivamente y configurar uno de los mayores ataques al sector trabajador público en décadas.

En lo esencial el proyecto 21.366 no dista mucho de la versión anterior contenida en el expediente 21.336. El principal cambio tiene que ver con la rectoría del empleo público y las especificidades de las instituciones con autonomía constitucional, que, al fin y al cabo, quedan sujetas a lo esencial de la ley.

El proyecto establecería una serie de escalas salariales para estandarizar las remuneraciones a través de un salario global que aplicaría para todo el sector público, las únicas excepciones son los entes públicos no estatales, el Cuerpo de Bomberos y las empresas e instituciones públicas en competencia (excepto en lo que respecta a convenciones colectivas donde si se utilizará lo instituido en esta ley).

La rectoría estaría a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) que ejercería su autoridad directamente sobre el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la CCSS, las municipalidades y las universidades públicas están sujetas a la ley, pero establecerán sus propios lineamientos y salarios, excepto para los puestos no esenciales o comunes donde sí estarían bajo la potestad del Mideplan.

El salario global aplicará inmediatamente para todas las nuevas contrataciones y para las funcionarias y los funcionarios ya contratados que ganen menos de lo señalado en la nueva escala. A las funcionarias y los funcionarios actuales que reciban montos mayores al salario global se les congelará la remuneración hasta que se equiparen y en ese momento transitarán al nuevo modelo. El proyecto señala que el salario de la presidencia de la Republica deberá ser el más alto de administración pública, tope al que tendrán que ajustarse las universidades públicas.

Se establece una nueva causal de despido que aplicará de forma inmediata tras la obtención consecutiva de dos evaluaciones de desempeño inferiores a 70%. Además, se ataca la organización sindical al imponer restricciones a las negociaciones colectivas. Estas no podrán contener disposiciones que varíen los salarios, sus escales y las columnas. Tampoco tendrán la posibilidad de crear incentivos, compensaciones, pluses o plazas o negociar temas que implique erogaciones adicionales de recursos. También se fija en 20 días el tope máximo de vacaciones anuales.

Como una forma de “resarcimiento” por la eliminación de componentes salariales, el proyecto contempla el otorgamiento de beneficios no salariales. Dentro de estos están el permiso de paternidad por un mes y la extensión adicional por dos meses, según criterio médico, del permiso de maternidad en casos de nacimientos prematuros, discapacidad, enfermedades crónicas o partos múltiples. Además, se incorporará la posibilidad de un permiso remunerado durante año, por hasta un tercio de la jornada, para cuidar a familiares por consanguineidad o afinidad de hasta segundo grado con discapacidad, accidente o enfermedad terminal.

Con estas medidas el gobierno pretende un ahorro de ₵393 mil millones anuales, el equivalente al 1,04% del PIB, en promedio, durante 10 años. Esta expectativa cumple el compromiso asumido con el FMI de aprobar una reforma al empleo público con recortes de entre 0,5% y 0,8% del PIB. Sin embargo, parece que es bastante menor según lo afirma un estudio de la Escuela de Economía de la UNA para el Conare. Si bien el diagnóstico fue publicado en junio de 2021 en base al proyecto de ley anterior, la base de análisis y los supuestos son equiparables.

El informe se estructura en tres componentes: a) la sustitución de funcionarias y funcionarios pensionados por nuevos con salario global; b) la contratación de nuevas personas con salario único; y c) el congelamiento de los salarios a trabajadores y trabajadoras que ganen más que el salario global. Con estas suposiciones se determinó que el ahorro estimado sería de ₵51.494,8 millones en el primer año, el equivalente a 0,14% del PIB, bastante alejado de lo estimado por el Mideplan y aun mas de significar un aporte sustancial para resolver el tema del déficit fiscal y la deuda.

Esta información, además, aclara que los componentes a y b, es decir, los relacionados a la implementación inmediata del salario global solo aportan 0,01% del PIB cada uno. Por su parte, el punto c es el generador del 88% del ajuste (0,13% del PIB) y es que tiene que ver con el congelamiento de los salarios. En este sentido se puede afirmar que el proyecto de Ley de Empleo Público no solo es un ataque económico a los salarios, sino, y principalmente, uno político, con la intención de asestar un gran golpe a la organización sindical y las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores, haciéndoles responsable de pagar la crisis.

Es necesario organizarse y luchar contra este proyecto y toda la agenda de ajuste del gobierno, colocando al acuerdo con el FMI como punto central. Toda la burguesía esta matriculada con este ajuste y los principales partidos políticos están decididos a aprobarlo. La única forma de frenarlo es mediante la movilización masiva, superando el derrotismo e inacción de las burocracias sindicales.