• Con esta ley se subordina la “identidad legal”, la ciudadanía y los derechos a la posibilidad o no de pagar un documento.

Johan Madriz

En el proceso de ajuste el gobierno busca por todas partes para golpear. Un proyecto aprobado hoy en la Asamblea Legislativa dispone que el TSE cobre por la emisión de las cédulas de identidad.

Según el proyecto “el Tribunal Supremo de Elecciones podrá cobrar las reposiciones de las solicitudes de cédula de identidad a partir de la segunda solicitud de reposición en un mismo año calendario” para los casos de deterioro, extravío, robo o hurto. Se autorizan como excepciones las personas con discapacidad, adultas mayores, indígenas, población carcelaria y para cualquier población que la solicite hasta dos meses antes de una elección nacional.

La justificación de la medida es que estas causas “pueden catalogarse como solicitudes que se originan principalmente por el descuido o inadecuado resguardo del documento de identidad” y representan un alto costo económico. Además, acusa a estos casos de “incrementar el riesgo de que dichos documentos sean utilizados para fines ilícitos distintos a su fin como lo pueden ser suplantaciones de identidad, falsificación de documentos”.

En el plano económico este proyecto simplemente va en la línea de seguir recortando el presupuesto público. El Estado comienza a cobrar por los tramites que brinda, que supuestamente son financiados con los impuestos, sin embargo, como la mayoría de los recursos se esfuman para pagar la deuda comienzan a monetizar los servicios. De esta forma, “se estima que el Estado costarricense podría estar percibiendo ahorros que en promedio anual rondarían los ¢ 1.734.221.069,64”.

Es la lógica capitalista de las ganancias sobre las necesidades. Ya este proceso está muy adelantado y muchos documentos están limitados a quienes los puedan pagar. Una licencia de conducir requiere pagar 10 mil colones en las pruebas (teórica y práctica), 5 mil colones en la adquisición del documento y 7 dólares[1] (₵4.620) adicionales. Un pasaporte implica 75 dólares (₵49.500) del documento, 8 dólares de comisión bancaria (₵5.280), mas ₵5.537 de envío. Una cédula para extranjeros residentes permanentes (Dimex) cuesta 123 dólares (₵81.180) más tres dólares por cada mes de vencimiento. En el caso de las cédulas el TSE estima que tienen un costo de 7,29 dólares (₵4.811,4) y ese sería un monto cercado al que cobrarían.

Pero este proyecto también tiene una implicación política. La legislación establece las cédulas como un documento fundamental para participar en la sociedad ya que demuestran la ciudadanía y todos los derechos ligados a ella. “Con el documento de identidad, la ciudadanía queda debidamente inscrita en el Padrón Nacional Electoral y facultada para el ejercicio del voto en los procesos electorales y consultivos convocados por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como para efectuar diversos actos civiles, jurídicos, administrativos, financieros, bancarios, migratorios, entre otros, en los cuales la presentación del documento es indispensable”.

Este documento es primordial para el ejercicio de los derechos políticos. De esta forma, se subordina la “identidad legal”, la ciudadanía y los derechos a la posibilidad o no de pagar un documento. El gobierno exige tener la cédula, pero no garantizaría su acceso gratuito y universal. Esa es la democracia burguesa que está en función de los ricos.

[1] Se utiliza un tipo de cambio de 660 colones por dólar