• Esto representa el compromiso de aplicar un ajuste brutal para lograr en cuatro años lo que ningún gobierno ha podido alcanzar desde 1980.

Por Johan Madriz

Como parte del plan del gobierno para enfrentar la crisis (financiera, económica y sanitaria) se negoció un préstamo con el FMI, bajo la modalidad de Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, por sus siglas en ingles), por $506 millones (unos ¢286 mil millones).

El FMI es una institución financiera internacional nacida de los acuerdos suscritos tras la Segunda Guerra Mundial para expandir la dominación estadounidense por el mundo, en esta ocasión bajo la fachada de un organismo que “ayudaría al desarrollo” de los países a través del financiamiento.

“El FMI, como cualquier otra entidad financiera digna de tal nombre, jamás ha dado ningún préstamo ni ayuda sin tales “garantías” políticas y económicas. Nadie presta nada sin estar seguro de que va a ser devuelto, menos lo hará gente tan inteligente como la que dirige el Fondo Monetario Internacional.

“En general, las garantías que exige siempre son, como hemos dicho, de dos tipos: la económica, que garantiza que el dinero será devuelto; las políticas, que dan seguridad del cómo se obtendrán para ser devueltos. Lamentamos decepcionar a los ensoñadores que crean sinceramente en la cooperación económica internacional, pero el oro tiene un frío corazón metálico”[i].

Y por supuesto esta ocasión no sería la excepción. Hasta el momento el Ejecutivo ha dado a conocer algunos de esos compromisos adquiridos con el FMI, siendo el principal alcanzar un superávit primario (sin contar intereses de la deuda) de 2.2% del PIB en 2024.

¿Qué significa eso?, pues el compromiso de aplicar un ajuste brutal para lograr en cuatro años lo que no se ha podido alcanzar desde 1980. En los últimos 40 años el país solo ha tenido superávits en 2006 y 2008. Para alcanzar este objetivo la propuestas del gobierno son venta de activos estatales, cierre de instituciones, reducciones salariales y de plazas, reducción del gasto público y otras medidas procíclicas, es decir, medidas que van en el mismo sentido del ciclo económico (recesivo) lo que la historia ha demostrado que solo acrecienta la profundización de la crisis.

Esta es justamente la receta que siguió el país durante la crisis de los 80 y que produjo “una generación perdida” con la contracción del aparato estatal, una reforma tributaria regresiva, privatizaciones, contracción del empleo y perdida del poder adquisitivo por una inflación rampante. Este ajuste dio pie a un ciclo de ajuste neoliberal a través de los Planes de Ajuste Estructural (PAEs) que se iniciaron a aplicar durante la administración de Luis Alberto Monge.

Como ejemplo más reciente, justo unas semanas antes de la aprobación del crédito a Costa Rica el organismo dio luz verde al mismo mecanismo en El Salvador. En ese caso las “recomendaciones” a ese país fueron aumento a los impuestos a los combustibles, subir el IVA, disminuir el gasto público y congelar la contratación en el sector público. En nuestro caso fue necesario que estas medidas fueran recomendadas por el FMI ya que el gobierno de por si las viene aplicando como parte de su pan de ajuste.

Si tomáramos los datos al 2019 el ajuste prometido al FMI seria por cerca de ¢1.8 billones, desglosado así: ¢782 mil millones del +2.2% de superávit y ¢1 billón del -2.78% del déficit actual. Solo para tener elementos comparativos el presupuesto nacional para 2020 es de ¢10.5 billones (el ajuste seria casi una quinta parte) y el pago de intereses por la deuda es de ¢2 billones. Entonces a cambio de un crédito de ¢286 mil millones se promete un ajuste por al menos ¢1.8 billones, ¿algo desproporcionado no?

Otras de las promesas fueron reducir la deuda publica un 50% al 2034, el año pasado esta cerró en 58.5% del PIB y se estima que este año llegaría al 67%. Además de asegurar seguir el camino de la consolidación fiscal (léase ajuste), no tomar medidas que deterioren la deuda pública (mas ajuste y pago puntual), no aplicar restricciones cambiarias o comerciales (resguardar el libre comercio capitalista), la implementación de reformas estructurales de la mano de la adhesión a la OCDE, racionalizar las regulaciones comerciales y laborales (mas explotación y precarización) y mejorar el clima de competencia (privilegios para el empresariado).

El préstamo del FMI y sus “solicitudes” son parte del plan de ajuste que ya las últimas administraciones han venido aplicando y que en esta coyuntura se están agudizando con ataques cada vez más sistemáticos y profundos a los sectores populares. Es de conocimiento público que el gobierno responde a los dictados empresariales y la burguesía exige recortes en el gasto público, por lo que, además de lo anterior, la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, ha expresado que “hay una agenda adicional que acompaña al consejo económico, donde tenemos otras medidas de índole estructural que estaremos impulsando, como son la reforma al Estado, la modernización del mismo, el empleo público, la economía de cuidado, otras oportunidades vinculadas de inversión extranjera directa”.

La salida para la amplia mayoría, la clase trabajadora y los sectores explotados, no es la propuesta por el FMI/gobierno/empresarios, tiene que ser una de “medidas extraordinarias” con impuestos “solidarios” al gran capital, a la banca y a las zonas francas; con la prohibición de despidos, suspensiones y reducciones; con el desarrollo de un plan de obra pública estatal pero no para que las empresas hagan negocios; con el no pago de la deuda y la derogatoria de la regla fiscal hambreadora. Que se destinen los recursos a la atención sanitaria y a solucionar las condiciones de vida de los sectores populares.

[i] Extraído de http://izquierdaweb.com/que-es-el-fmi-el-gendarme-mundial-de-las-finanzas/