Gobierno presenta proyecto para emitir $6.000 millones de deuda externa

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  • El gobierno de Carlos Alvarado presentó un plan de endeudamiento externo de cuatro años y por hasta $6.000 millones.

Johan Madriz

Durante los próximos cuatro años (2022-2026) se vencen títulos emitidos por el gobierno por ₵10 billones, sin incluir los intereses. Para tener una idea de la magnitud, este monto es ligeramente menor al gasto del gobierno central de un año, por ejemplo, el presupuesto de este periodo es de ₵11,5 billones.

Para este año se estima que la deuda total alcanzará los ₵29,85 billones, el equivalente al 74% del PIB, y se destinará el 43,2% del presupuesto en el servicio de la deuda (de los cuales ₵2,4 billones corresponden al principal). Solo en el primer cuatrimestre se han pagado ₵778 mil millones. En el 2023 y el 2024 se vencen ₵2,8 billones por año y se incluye una emisión de eurobonos por $1.000 realizada por el gobierno de Laura Chinchilla. Posteriormente, en el 2025 y el 2026 los vencimientos ascenderán a ₵2,6 billones cada año.

Los diferentes gobiernos de los últimos 25 años han endeudado al país para mantener los privilegios de los sectores empresariales. Entre 2008 y 2018 el endeudamiento público pasó de 24% del PIB al 54%, colocando al país como el segundo en América Latina con el mayor porcentaje de pago de deuda.

El gobierno de Carlos Alvarado presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de autorización de colocación de bonos en el exterior. La propuesta consiste en la colocación de hasta $6.000 millones en cuatro años, el monto máximo por emisión será de $1.500 millones e iniciaría en marzo del 2023.

Desde 1998 se han emitido $7.450 millones en deuda externa, de los cuales se han pagado $1.950, mientras que los otros $5.500 millones están vigentes. En el 2012 se autorizó la emisión de $4 mil millones, que se colocaron en tractos entre ese año y el 2015. La última vez que hubo colocaciones fue en 2019 cuando se emitieron $1.500 millones en eurobonos, de los cuales $1.200 millones vencen en el 2031 y $300 millones en 2045.

Esto hace parte del plan de endeudamiento del gobierno para poder financiarse en momentos de déficit fiscal, producto de un sistema impositivo regresivo que le otorga a las grandes empresas, fortunas y zonas francas un trato impositivo privilegiado. Para cubrir esas deudas el gobierno avanza en una dirección, la del ajuste sobre los ingresos y las condiciones de vida de los sectores populares. Así, por ejemplo, se implantó el IVA que es un impuesto que grava el consumo, afectando más a quienes menos tienen. También, se impuso la regla fiscal que es un mecanismo técnico arbitrario que pasa la guillotina sobre el presupuesto del gobierno llevándose por delante la inversión social.

Estas medidas hacen parte del acuerdo con el FMI que es una soga al cuello para la clase trabajadora y que el próximo gobierno de Rodrigo Chaves ya anunció que va a negociar hacia arriba, es decir, con más recortes en el presupuesto y ajustes en los salarios y las pensiones. La burguesía despotrica con la idea de que solo hay un camino, el del ajuste, pero eso no es cierto. Hay otra opción, una anticapitalista donde se suspenda inmediatamente el pago de la deuda externa y la que se encuentra en manos privadas. Es una vía en favor de los sectores populares para pararle la mano a los gobiernos ajustadores que atacan la salud, la educación, la vivienda, entre muchas otras áreas.

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