Gobierno de Chaves contra las personas trans y con VIH

El INS rompió un acuerdo con Transvida para cederles un edificio donde pudieran apoyar a personas trans y con VIH.

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El INS anunció que rompió unilateralmente un acuerdo con la organización Transvida para cederles un edificio desocupado en el centro de San José donde pudieran realizar sus actividades de apoyo psicológico, educación y ayuda a poblaciones vulnerables, mujeres trans y personas con VIH.

Esta organización, que trabaja desde 2009, tramitó el acuerdo de comodato durante el gobierno anterior. El acuerdo estableció que se les cedería el uso del espacio durante 24 años a cambio de que cubrieran los gastos de mantenimiento y servicios del edificio. Sin embargo, esta semana el INS les informó que rescindió el acuerdo debido a un “cambio de logística” sobre sus necesidades institucionales.

Para la organización este es un “ataque directo” contra las poblaciones que atienden y consideran que “es un discurso de odio muy solapado”, según comentó su directora Dayana Hernández. Esto hace parte de una política gubernamental de retrocesos. En marzo del año pasado la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, rompió un acuerdo de cooperación de lucha contra el VIH que se enfocaba en las personas en prostitución, mujeres trans y personas LGBTI. En ese momento argumentó que la situación presupuestaria no permitía seguir con el programa, pero, posteriormente, se conoció que la institución no destinaba recursos, solo gestionaba la coordinación, ya que, los fondos provenían del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA.

Esta población esta dentro de las mas discriminadas y atacadas en el país. Según el Informe regional 2021 sobre violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Latinoamérica y el Caribe el 78% de las personas trans en la región se prostituyen, 30% trabaja en la informalidad o está desempleada, 54% sufrió discriminación o amenazas y el 46% fue agredida, violada, secuestrada, detenida o asesinada. Concluye que la mayoría sobrevive en “contextos hostiles de persecución, hostigamiento y violencia institucional”.

Repudiamos el accionar del gobierno y la violencia a la que estas personas son sometidas. El Estado es responsable de perpetuar estas condiciones. Es necesario luchar por el cupo laboral y estudiantil trans para garantizarles educación y trabajo digno.

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