Unos 80 extrabajadores y extrabajadoras de la empresa de plásticos Yanber tienen cuatro años esperando a que les paguen su ultimo salario y las prestaciones laborales por su despido. Este un caso mas en que son las personas que trabajan las que terminan sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de los empresarios.

Los problemas de esta empresa salieron a la luz en 2015 cuando el propietario, Samuel Yankelewitz, solicitó un acuerdo preventivo para evitar la quiebra y entregó sus acciones como forma de pago a los bancos. Posteriormente dos empresarios (Francis Durman y Allan Rodriguez) asumieron la dirección de la compañía y descubrieron que existía un maquillaje contable. Finalmente decidieron declarar la quiebra en 2018.

Al momento del cierre las deudas ascendían a $70 millones: $56 millones reclamados por diversas entidades financieras locales y extranjeras y $14 millones de proveedores, Hacienda y la CCSS. En total unos 96 actores económicos reclaman sus pagos. Contra esos gigantes deben pelear las y los trabajadores para que se les paguen los ₵600 millones que se les deben. Esta es una estimación, ya que, no existe aun certeza del monto final correspondiente al último salario, cesantía o vacaciones.

Uno de los trabajadores señala: “Vamos para cuatro años. Uno no entiende cómo funcionan las leyes en este país”. Lo que sucede es que la legislación concursal exige que cada uno de los empleados se sume al proceso judicial como parte afectada y “legalice” su reclamo. Estos procesos son largos, engorrosos y costosos. Además, en el caso de que logren que el tribunal reconozca y ordene que se realice su pago este dependerá de que aun quede dinero disponible, por lo que incluso podrían no recibir nada o hacerlo de forma parcial.

Otro de los trabajadores es completamente claro al respecto: “ver la cantidad de acreedores, como bancos y proveedores, todos tienen un ejército de abogados luchando por lo que se les debe. Pero nuestra pregunta es, a los exempleados quién nos representa”. Es absurdo que el tratamiento legal hacia las personas despedidas sea equivalente al de un acreedor de la empresa. Son figuras legal y socialmente distintas. Las personas trabajadoras no están reclamando el pago de una deuda, sino, de un derecho.

En el país las patronales gozan de una completa libertad de despido y la legislación laboral no establece ningún plazo o condiciones para el pago de las prestaciones tras la finalización de un contrato de trabajo. La jurisprudencia al respecto solo se limita a indicar que debe ser en un plazo prudencial, lo que en realidad no quiere decir nada. Además, en casos como este se limita un derecho, que en el papel es “irrenunciable”, a procesos legales eternos y en desventaja con respecto a otros demandantes que son bancos y grandes empresas.

Por esto es una tarea urgente e histórica la recomposición del sindicalismo en el país, particularmente en el sector privado, y la renovación antiburocrática de los sindicatos que en los últimos años han dejado de lado la lucha callejera por sentarse a negociar con el gobierno y las patronales en procesos que siempre terminan con ataques a los salarios o las condiciones laborales. Hay que pelear contra toda la legislación antiobrera y antisindical que los sectores empresariales vienen impulsando y que hace parte del plan de ajuste y “reestructuración” regresiva del Estado.