• Por cada 100 trabajadores hay 46 en condición de informalidad.
• Se debe suspender el pago de la deuda y redireccionar este recurso para generar un subsidio familiar para la población en condición de informalidad laboral.

Por Graciela Mora Padilla

El coronavirus no solo representa una amenaza para la salud pública, también genera una serie de complicaciones económicas y sociales que ponen en peligro el bienestar de las personas, en especial a la clase trabajadora y sectores populares.

En los últimos meses, Costa Rica se enfrenta al aumento de la informalidad laboral, según el Instituto de Estadística y Censos (INEC) por cada 100 trabajadores hay 46 en condición de informalidad. Actualmente, este sector tiene fuertes repercusiones por la actual pandemia COVID-19.

Las y los trabajadores informales no se pueden detener ante la emergencia, se enfrentan a un doble riesgo: su salud corre peligro o ver sus ingresos perjudicados. Aun cuando las autoridades insisten en hacernos a todos y todas responsables para quedarnos en casa, dentro de la realidad de muchas y muchos de este sector detener sus actividades no es una opción, al contrario, deben buscar la forma de que sus actividades no se vean afectadas por la pandemia.

Dado que el comercio de bienes o servicios, al presentarse restricciones en movilidad o aglomeración de personas, se ven afectadas directamente, este tipo de trabajadores informales dejarían de percibir inmediatamente sus ingresos y, por ende, su sustento.

También, es importante señalar que dentro de la población trabajadora informal existe un porcentaje correspondiente a personas adultas mayores, población que ante la emergencia del COVID-19 se encuentran en un punto alto de vulnerabilidad. Según las estadísticas, en la población adulta mayor ocupada hay 184 971 personas en condición de informalidad laboral. Un número importante a considerar para no sólo tomar medidas de prevención y atención de su salud, sino también atender su situación económica.

El gobierno de Alvarado se ha encargado de atender esta emergencia, pero a su vez implementa medidas para, una vez más, cobrarle esta crisis al sector trabajador, y aun cuando el trabajador informal representa un porcentaje importante dentro de los indicadores sobre la actividad económica de este país, se invisibiliza en las medidas.

Desde el NPS, planteamos la necesidad de derogar la regla fiscal para que el gobierno asuma un plan de obra pública que genere empleos y atienda tanto el desempleo como la informalidad, el cual es producto de este.

Consideramos que se debe suspender el pago de la deuda, así en la atención de esta emergencia redireccionar este recurso para generar un subsidio familiar para la población en condición de informalidad laboral.