Empresas de buses dejan varados a miles ¿se asoma una crisis de transporte?

En lugares como Limón la situación es crítica ya que desde diciembre anterior unas 228 mil personas de los barrios periféricos de la ciudad no cuentan con el servicio.

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Miles de personas tienen que buscar alternativas para movilizarse ante la creciente ola de suspensiones en el servicio que brindan las empresas de buses. Según la Cámara Nacional de Transportes en las últimas semanas unas 50 empresas han renunciado a sus concesiones y otras más también lo están evaluando, entre ellas las que operan en la ruta Periférica de San José y la interlinea Escazú-La Uruca. Otras, como la interlinea Santa Ana-La Valencia anunció que dejaría de operar en horas valle (fuera de hora pico) y los fines de semana.

En lugares como Limón la situación es aún más critica ya que desde diciembre anterior unas 228 mil personas de los barrios periféricos de la ciudad no cuentan con el servicio. Hasta noviembre del 2020 la ruta 741 la operaba la empresa Tracasa y tras su retiro la asumió Cottabus, hasta que se declaró en quiebra a finales del 2021. Carlos López Solano, gerente de Tracasa confirmó que “prácticamente, en ningún pueblo en la periferia del centro de Limón está operando ningún servicio de bus; los barrios ubicados hasta cinco kilómetros alrededor del centro de Limón ya no tienen servicio”. Esta misma situación sufrirían las comunidades del sur de la ciudad ante la posible salida de la empresa Autotransportes Los Corales.

Los empresarios les achacan la situación a los aumentos en los precios de los combustibles que, por la metodología de ajuste tarifario semestral, no está siendo trasladado –por el momento– en las tarifas del transporte. Silvia Bolaños, vicepresidenta de la cámara, advirtió que las autobuseras estarían “prácticamente en un paro técnico y esto obligaría a las empresas a reducir sus esquemas de operación y frecuencia de servicios”, a menos que se aprueben incrementos de al menos 16% en las tarifas y se le suspenda temporalmente al sector el pago del impuesto a los combustibles.

Los autobuseros también alegan que deben soportar una competencia desleal con los transportistas ilegales, pero lo cierto es que estos surgen debido a la mala calidad del servicio, a las distantes frecuencias horarias, el hacinamiento dentro de las unidades, a vehículos en mal estado, etc., por ejemplo, contra Cottabus existen múltiples quejas por su servicio, como que las personas debían esperar hasta dos horas para que pasara un bus.

Mientras tanto el gobierno no ha tomado medidas para paliar la rampante inflación y la contante suba de los precios o para asegurar la continuidad de los servicios de transporte público. A modo de referencia, el 10 de enero el CTP le envió un documento a Cottabus aceptando la renuncia a la concesión, pero advirtiéndole que “mientras se realizan dichas audiencias y se designa nuevo operador, deberá seguir prestando el servicio en aras de mantener la continuidad del servicio, tal y como lo establece el contrato de concesión y la Ley No 7969”, sin embargo, la empresa paralizó su funcionamiento sin ninguna consecuencia.

Es indudable que la Arecep procederá con la autorización de los incrementos en las tarifas, trasladándole todo el costo a las personas usuarias. Este sería otro duro golpe a las finanzas del 56% de las personas que utilizan los autobuses. Los sectores trabajadores ven como sus ingresos cada día se esfuman más rápidamente, al ritmo de una inflación que no hace sino aumentar y unos salarios que están por debajo de los de hace 10 años. Una usuaria limonense con dos hijos en edad escolar señaló que debido a la falta de servicio debía utilizar transportes alternativos que le consumen ₵9 mil colones diarios: “casi que estoy trabajando solo para pagar el transporte diario”.

Lo cierto es que sea mediante un aumento en las tarifas o con la interrupción del servicio, siempre son los sectores populares lo que siempre terminan pagando las consecuencias de las crisis y los desastres económicos que no generan. Esta es una perfecta oportunidad para discutir la necesidad de la eliminación del modelo de transporte público concesionado y que pase a ser gestionado desde los sectores trabajadores con el respaldo estatal.

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