Días atrás inició la vigencia de la Ley de Empleo Público. Su anuncio y los detalles han causado revuelo en redes sociales y centros de trabajo, mientras la indignación se hace palpable.

Esta ley pretende centralizar la gestión del empleo público en el Mideplan, creando un mega ministerio que se encargará de crear evaluaciones, aplicarlas y decidir sobre sus resultados.

Cabe resaltar que esta ley también es un feroz ataque contra la clase trabajadora del sector público y contra las conquistas sociales del país. Por un lado, según se ha dado a conocer, va a implicar salarios por debajo del mínimo para todas las personas trabajadoras públicas (1). Lo cual podría anteceder una fuga de personal (y con un sector privado incapaz de absorberla), además, refleja el odio de sectores de la burguesía contra estos trabajadores.

A su vez, que se establezcan salarios por debajo del mínimo puede ayudar a tirar los salarios en el sector privado a la baja, precarizando más las condiciones laborales en un general y al deterioro de los servicios de las instituciones públicas.

En esta primera mitad del año, según el gobierno, se trataría de un salario global “transitorio” y el definitivo estaría listo a final de año. Este “transitorio” dejaría a profesionales graduados de bachillerato universitario con un salario de 578 mil colones (el mínimo en el sector privado es de 626 mil colones) y misceláneos con 325 mil colones (el mínimo es de 352 mil colones) (1). Mientras los salarios que estén por encima de este límite se “congelarán” hasta que se nivelen.

A nivel institucional se ha dado algún grado de resistencia. Muchas de las instituciones autónomas han declarado que la totalidad de su personal trabajador es “exclusivo y excluyente”, una vía que les permite sortear la intromisión rectora de Mideplan, en algún grado. A esta modalidad se han adherido muchas municipalidades, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la UCR (aún no se ha dado a conocer sobre las otras universidades) (2).

Sin embargo, el gobierno busca la forma de apelar esta maniobra por parte de las instituciones autónomas, lo cuál mantiene la disputa abierta -que podría verse como un nuevo escenario de pugna que se le abre al gobierno. Al mismo tiempo convocó a “mesas de diálogo” para buscar “reformar” la Ley, cuestión que, es de advertir, se trata de una mera distracción.

La Ley de Empleo Público fue parte del consenso burgués que existió en la administración Alvarado (con apoyo de Nogui Acosta, actual ministro de Hacienda y Rodrigo Chaves, cuando fue ministro del gobierno anterior) sobre cómo hacer que la clase trabajadora y los sectores populares pagaran la crisis fiscal y se articuló con otros como el “Combo Fiscal” o la Ley Antihuelgas. Todos estos golpes abrieron un periodo de crisis en el movimiento sindical que se mantiene hasta la fecha.

Frente a la concreción de este golpe, algunas organizaciones sindicales han expresado su malestar en medios. El bloque BUSSCO y la APSE realizaron un encuentro (también en el marco de los ataques específicos a la CCSS) y anunciaron movilizaciones. Las dirigencias sindicales se han limitado a informar a sus bases de las implicaciones de esta ley sin llamarlas a volver a organizarse para echarla abajo. Mientras tanto las bases sindicales son espectadores pasivos de la situación.

Un resultado de la aplicación de este fuerte ajuste a los salarios públicos es que habrá menos dinero circulante debido a que las y los trabajadores podrán gastar menos. Eso afectaría aún más la deteriorada economía nacional.

Si bien es imposible adivinar hacia dónde irá la situación actual, lo cierto es que se apunta a un periodo difícil y una profundización del ajuste contra las personas trabajadoras del sector público y del conjunto de la clase trabajadora.

Desde el Nuevo Partido Socialista sostenemos que es importante que el movimiento sindical retome las movilizaciones en las calles contra la Ley de Empleo Público, también la organización contra el ajuste del gobierno antiderechos y el FMI. Los ataques a la Caja, la precarización de los salarios, los tarifazos en los buses, las jornadas de 12 horas, son parte del mismo proyecto ajustador de Chaves.

Advertimos que ni las mesas de diálogo ni declarar los puestos de trabajo “exclusivos y excluyentes” constituyen una salida, menos frente a este gobierno autoritario y antiderechos que busca eliminar conquistas históricas de la clase trabajadora nacional.

También le hacemos la invitación a las personas trabajadoras para que se sumen a luchar  junto al NPS, ¡Ya Basta! y Las Rojas por una salida anticapitalista contra el ajuste y por una salida desde abajo que sirva a los intereses de los sectores explotados y oprimidos.

Notas

1 Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/nuevos-profesionales-del-sector-publico-tendran-salario-de-₡578-000-con-nueva-ley-de-empleo-publico/?swcfpc=1

2 Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/ministra-cuestionara-a-instituciones-con-autonomia-que-se-declararon-excluidas-de-rectoria-de-mideplan/?swcfpc=1