• Carlos Alvarado anunció la decisión de congelar el pago del aumento salarial estipulado para las personas funcionarias del sector público.
• Es necesario un espacio de encuentro de luchas y sectores para enfrentar esta arremetida contra las y los de abajo y que sean los de arriba quienes paguen la crisis. 

Por Heidy Valencia Espinoza

Este martes 24 de marzo el gobierno de Carlos Alvarado anunció la decisión de congelar el pago del aumento salarial estipulado para las personas funcionarias del sector público. Esta medida se suma a la aprobación del proyecto de ley para “flexibilizar las jornadas de trabajo”, con lo cual se reducen hasta un 75%, al igual que los salarios del sector privado. Ambas medidas constituyen ataques brutales contra los salarios del conjunto de la clase trabajadora fraguados por el gobierno y la Asamblea Legislativa. 

Para este año, 2020, el gobierno implementaría un único incremento salarial anual para las personas servidoras del sector público. El aumento correspondía a un monto de ¢7.500 con un incremento adicional diferenciado para los grupos de menor salario, dependiendo de su salario base. Por ejemplo, aquellas personas con un salario base máximo de ¢300.000 iban a recibir un aumento adicional de ¢1.250, para un aumento total de ¢8.750. 

El año anterior el gobierno también decretó un aumento de 7500 colones (ya de por sí insuficiente) para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, sin embargo, el mismo se otorgó uno en cada semestre. Así, el congelamiento salarial actual alegando la atención de la emergencia de la pandemia COVID-19 dejaría al sector público sin el aumento salarial correspondiente a este año. 

Aprueban proyecto que reduciría salarios hasta en un 75%

A quienes sí darán el  aumento salarial es a los cuerpos policiales, lo que muestra una clara línea del gobierno por garantizar la represión social, en momentos de crisis donde ya se venían dando luchas desde los sectores sociales populares oprimidos, decisión emparentada con el aumento de las políticas represivas en el mundo para enfrentar la pandemia.

Repasemos en breve las administraciones del PAC en términos de aumentos salariales. En el caso de Luis Guillermo Solís los salarios estuvieron prácticamente congelados, dado que los aumentos fueron absurdos. En esa ocasión, el presidente alegó el incremento del déficit fiscal. Por ejemplo, durante el 2017 el aumento fue de un 0,75 % general para funcionarios y funcionarias profesionales más un adicional de 0,26 % para todas las categorías no profesionales. 

Actualmente, de nuevo en una administración del PAC, Carlos Alvarado ataca los salarios del sector público con la excusa de enfrentar la pandemia. Con este congelamiento, aunado a la reforma fiscal en función de los ricos y grandes empresarios, el gobierno demuestra una y otra vez que cuando se avecina una crisis quien paga es la clase trabajadora, mientras los grandes empresarios son protegidos con paraísos fiscales, exoneraciones y moratorias. 

COVID-19: la UCCAEP y el cínico impuesto “solidario”

Además, denunciamos los intentos por parte del diputado Rodolfo Peña Flores de la Unidad Social Cristiana, de ajustar a trabajadores y trabajadoras del sector público para aplicar una “tasa de contribución solidaria obligatoria” un ataque más a los bolsillos y que se suma a otros ataques como el que hizo el gobierno y la Asamblea Legislativa con la “ley antihuelgas”.

Desde el Nuevo Partido Socialista consideramos con carácter de urgencia posicionarnos y organizarnos contra estos ataques a los salarios. Frente a estas medidas capitalistas que nos condenan al desempleo y a la precarización de nuestras condiciones laborales, es necesario impulsar y defender desde abajo propuestas para la atención de la emergencia, tales como: exigir el NO pago de la deuda externa, la prohibición de despidos, el derecho al aislamiento social para la empresa privado y los salarios al 100% con el goce de los debidos aumentos salariales. 

Es menester que preparemos un espacio de encuentro de luchas y sectores, justo para después de controlada la emergencia, construído desde las organizaciones de izquierda, sindicales, feministas, ecologistas y populares, para enfrentar esta arremetida contra las y los de abajo y que sean los de arriba quienes paguen la crisis.