Esta mañana un grupo de vecinos y vecinas de El Coyol en Alajuela realizaron un bloqueo desde las 5 am hasta las 9 am en la rotonda que conecta la autopista Bernardo Soto con la ruta 27. Esta es una vía de alto tránsito, ya que, además de esas dos importantes carreteras enlaza con la autopista General Cañas, comunicando al área de Occidente con las zonas metropolitanas.

Según las declaraciones de los manifestantes, decidieron tomar esta medida debido a la inacción en la ampliación de algunas de las vías de la comunidad que se encuentran colapsadas ante el aumento exponencial de la carga de tránsito que hay en la zona. Esto genera grandes presas de hasta 2 kilómetros en las horas pico, afectando severamente a las personas que viven en esta comunidad.

Representantes de la Municipalidad de Alajuela se hicieron presentes en el bloqueo prometiendo tomar acciones en el asunto. Tras la firma de una carta de intenciones los manifestantes levantaron el bloqueo y realizaron acciones de tortuguismo hasta el parque de El Coyol. Advirtieron que de no concretarse las soluciones volverán a tomar acciones.

La situación del tránsito en esta zona es sumamente crítica debido a la gran cantidad de zonas francas y empresas que se han instalado, principalmente, a los lados de la autopista. El ritmo de inversión en la infraestructura de los parques industriales es muy superior al desarrollo de las obras públicas como las calles y, además, las empresas no destinan ni un colón en atender el desastroso embotellamiento que generan. 

Este sector es uno de los más dinámicos del país y de los mayores generadores de riqueza, pero, sus ganancias no se quedan en el país, sino, que salen hacia el extranjero. El Ministerio de Hacienda calcula que las empresas de zona franca no pagaron 344 mil millones de colones en impuestos en el 2020, debido a las exoneraciones privilegiadas de las que gozan.

En 2019 el gobierno suscribió un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por 50 millones de dólares para atender la infraestructura vial de la zona, no por las demandas de la comunidad, sino, debido a las exigencias de los empresarios. En ese mismo año se calculaba que existían unas 35 empresas en la zona que aglutinan el 45% de las exportaciones nacionales y producen el 50% de todos los dispositivos médicos que se fabrican en el país.

De esta forma, estas empresas se instalan, colapsan la infraestructura, no invierten en soluciones, no pagan impuestos y se llevan las ganancias del país. Mientras tanto, el gobierno se continúa endeudando para cumplir con sus exigencias y luego aplica medidas de ajuste contra los sectores trabajadores para pagar esos préstamos. Hay que exigir impuestos a las zonas francas, para que sean las grandes empresas y los capitales los que financien la infraestructura del país y luchar contra los planes de ajuste que caen sobre los sectores trabajadoras para mantener los privilegios de los grandes empresarios.