El Ministerio de Hacienda publicó este mes un estudio sobre el gasto tributario (GT) del país para el 2020. Este se puede definir como “los ingresos que el Gobierno deja de percibir, al otorgar un tratamiento impositivo distinto al que se aplica de carácter general”, es decir, son las “exenciones, deducciones, diferimientos tributarios, créditos fiscales o tasas reducidas” que contienen diferentes leyes.
En esta ocasión, por primera vez, se incluyó un análisis del “gasto tributario con incidencia ambiental” (GTA) que se define como “los incentivos tributarios introducidos en impuestos para fomentar la conservación, protección y restauración del medio ambiente, especialmente en áreas relacionadas con la energía, transporte, contaminación y extracción de recursos naturales”.
Para ese análisis se utilizó una clasificación de incidencia ambiental positiva, neutra o negativa según estos aspectos: “mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas”.
Para el año en estudio se determinó que el GTA fue de ₵144.781,30 millones (0,40% del PIB), de los cuales el 60,66% corresponde a incidencia ambiental negativa, el 37,04% con incidencia neutra y el 2,30% con incidencia positiva. El 80,51% corresponde al IVA y 19,06% a otros tributos (siendo el impuesto a los combustibles el principal). Además, el 91,98% corresponde a exoneraciones y el 8,01% a tasas reducidas.
Incidencia ambiental negativa
Estas son “desgravaciones tributarias a actividades económicas que fueron creadas con otros objetivos de políticas públicas no ambientales que tienen un perjuicio significativo observable, presumible o potencialmente negativos sobre el medio ambiente; o que incita a comportamientos desfavorables”.
Se estima en ₵87.829,03 millones (0,24% del PIB) y esta sustentado en un 72,13% en exoneraciones a maquinaria, equipo e insumos agropecuarios establecidas en la Ley 7293. El otro 27,87% corresponde a exoneraciones al impuesto único sobre los combustibles. Por sectores los principales son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (₵63.349,95 millones) y transporte y almacenamiento (₵24.479,08 millones).
Incidencia ambiental neutra
Esta categoría incluye la legislación “sin efecto significativo en el medio ambiente o sin información disponible o suficiente para determinar su impacto ambiental”. Se estima en un 0,15% del PIB, es decir, unos ₵53.619,94 millones y “la mayor participación es de la Ley 9635 en lo que corresponde a la exoneración en IVA por el suministro de energía eléctrica residencial con un 44,01%, seguida del suministro de agua residencial con un 24,44%”.
Incidencia ambiental positiva
Está definida como las “desgravaciones tributarias a actividades económicas que tienen impactos observables o presumibles sobre la política ambiental”. Es la categoría que genera un GTA mas bajo con solo ₵3.332,33 millones (0,01% del PIB). “El mayor porcentaje de participación le corresponde a la Ley 7575 “Ley Forestal” con un 36,77% del total, seguida de la Ley 7447 “Ley del Uso Racional de la Energía” con un 17,43%. Luego la Ley 5889 “Ley Constitutiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia” con un 13,77%”. Los principales sectores son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
Hay que cambiar el modelo económico
El informe indica que “los gobiernos prefieren dar incentivos fiscales, porque son mucho más fáciles de negociar y aprobar, que ofrecer otras políticas públicas que corrijan las deficiencias o las fallas de mercado para un consumo/producción sostenible en términos ambientales”. Esto quiere decir que en lugar de atacar los problemas estructurales del sistema productivo para detener y revertir el calentamiento global los gobiernos simplemente proponen medidas paliativas e insuficientes.
Este tipo de mandatos son los que impulsa el gobierno costarricense y están supeditados a lo políticamente aceptable para la burguesía “consciente” que se escuda en el “capitalismo verde”. No se puede esperar menos, ya que, adentrarse en medidas que modifiquen sustancialmente el sistema económico y productivo implica cuestionar los intereses comerciales de las grandes empresas.
Es fundamental abordar delicadamente la información sobre el GTA. Se debe considerar que no todo gasto tributario es reprochable, ya que, este puede proteger a sectores desfavorecidos y, además, el informe no considera las disparidades de diferentes actores dentro del mismo sector. A manera de ejemplo se puede tomar el sector agrícola que, por su peso, es de especial relevancia. El gasto tributario debería esta circunscrito a los pequeños campesinos agrícolas, sin embargo, debido a la estructura tributaria regresiva del país se terminan beneficiando, en mayor medida, a grandes empresas de monocultivos. Por otro lado, no se puede comparar la incidencia ambiental de un campesino en su pequeña parcela con la de una piñera transnacional.
En este mismo sentido no hay que caer en el error de atacar las exoneraciones “en general”, sin vincularlo a la realidad y sin enmarcarlo dentro del Estado burgués. Circunscribir el tema únicamente por su impacto ambiental es una postura pequeñoburguesa. Evidentemente es necesario avanzar hacia nuevas tecnologías y procesos que sean sustentables, pero lo cierto es que mientras eso no suceda no se puede simplemente abandonar a ciertos sectores que, en medio de la voracidad capitalista, podrían desaparecer y con ellos cientos de empleos. El problema es que no existen políticas públicas que planteen alternativas, tanto para la naturaleza como para las personas trabajadoras.
