• El plan del gobierno de Carlos Alvarado es utilizar la deuda externa para sostener las finanzas estatales y utilizar la incorporación a la OCDE como justificación para cualquier medida de ajuste.

Por Johan Madriz

“Será imperativo volver al camino de la consolidación fiscal, anclado por la reforma fiscal de 2018, y volver a aplicar la regla fiscal en 2021 una vez que la crisis de salud se disipe. Acompañar la regla fiscal con medidas adicionales en ingresos y gastos durante 2021-2024, junto con la venta de activos, sería importante para colocar la deuda en una trayectoria sostenida a la baja…La implementación de una amplia gama de reformas estructurales respaldadas por la adhesión a la OCDE impulsaría la competitividad y la resistencia de Costa Rica ante futuras crisis”.

Mitsuhiro Furusawa, subdirector gerente del FMI

OCDE, FMI, deuda… esas son las palabras que no faltan en cada alocución del presidente y su equipo económico. El plan del gobierno de Carlos Alvarado es utilizar la deuda externa para sostener las finanzas estatales y utilizar la incorporación a la OCDE como justificación para cualquier medida de ajuste. Su tarea prioritaria es cumplir la agenda que le dicta la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y cumplir, colón tras colón, con los ¢4.01 billones de pago de deuda que están presupuestados este año.

El barranco de la crisis económica y financiera amenaza, y el gobierno solo tiene ojos para asegurar ese objetivo a como dé lugar, aunque esto signifique sacrificar a las clases desposeídas. En los últimos meses se aprobaron (o están a punto de) $380 millones del BID, $500 millones del CAF y $508 millones del FMI bajo la figura de Instrumento Financiero Rápido (RFI).

Con este préstamo del FMI se adquirió el compromiso de alcanzar un superávit primario de 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2024. Si tomáramos los datos al 2019, el ajuste prometido sería cercano a los ¢1.8 billones (¢782 mil millones del +2.2% de superávit y ¢1 billón del -2.78% del déficit registrado). Sin embargo, las previsiones del Ministerio de Hacienda son que el déficit podría llegar al 10% del PIB (el 2019 cerró en 6.96%), así que el ajuste promete ser aún más brutal.

Otra de las promesas fue reducir la deuda pública un 50% al 2034; el año pasado cerró en 58.5% del PIB y se estima que este año sería entre 67-70%.

Ahora, el gobierno plantea acceder a más recursos del FMI mediante un crédito tipo Stand-by Arrangement (SBA) que implica más que “compromisos”. Con este tipo de créditos la institución exige “ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir financiamiento en primer lugar”. Es el mecanismo de los ajustes estructurales que toda la historia reciente demuestra tienen un solo objetivo: salvar las ganancias empresarias a costa de mayores niveles de explotación para los sectores de abajo.

Ingenua o cínicamente, el presidente dice que “vamos a acordar metas, pero no vamos a acordar condiciones”. Declaraciones que no reflejan el espíritu “desinteresado” de los salvamentos del FMI. Solo como ejemplo, recientemente en un préstamo RFI (supuestamente con condiciones más relajadas) se le pidió a El Salvador aumento de impuestos a los combustibles, subir el IVA, disminuir el gasto público y congelar la contratación en el sector público.

El ministro de Hacienda, Elián Villegas, dice que la posible aprobación del préstamo “viene a validar la política fiscal que llevamos adelante” y luego el presidente confirma que “desde el día uno, hemos tenido ese compromiso [con la responsabilidad fiscal], yo lo he tenido, con un costo altísimo, pero es porque es lo bueno para este país. Y el día de hoy reafirmo ese compromiso, incólume, porque es lo que necesita este país, por dolorosas que a veces sean las decisiones”. Las palabras sobran, el plan de ajuste sobre la clase trabajadora no es resultado de la pandemia, viene desde lejos golpeando una vez sí y otra también.

Pero, además del endeudamiento, el gobierno viene con toda una serie de ajustes que están centrados en un elemento central: la regla fiscal. El nivel de deuda es el elemento disparador para la aplicación de la restrictiva regla fiscal que rige el presupuesto. Este es un punto clave porque, a pesar de la necesidad de recursos, se empeñan en ajustarse a ella y no utilizar la cláusula de escape que permitiría esquivar el tope de crecimiento. Esta es justamente la excusa para decretar el congelamiento salarial en el sector público por tiempo indefinido.

Por eso es necesario plantear el no pago de la deuda y rechazar la injerencia del FMI, porque esto significa defender los intereses de las mayorías trabajadoras, porque hay que tener claro que pagar es imponer un ajuste fiscal sobre las y los de abajo.

El no pago debe ir acompañado del ataque a la evasión y fraude fiscal que representan el 8% del PIB y el establecimiento de una nueva estructura fiscal donde sean los sectores capitalistas los que más paguen en lugar de gravarse el consumo: impuestos a las exportaciones y las zonas francas (quienes mayores beneficios obtienen y menos tributan). Revisar las exoneraciones fiscales (6% del PIB) y derogar las que benefician al capital. Con estos recursos se debe iniciar un plan de construcción de obra pública que genere empleos y dinamice la economía.